Andrés Manuel López Obrador convocó a un referéndum en abril para que las y los mexicanos decidan si quieren expulsarlo del cargo dos años antes del vencimiento de su mandato. Para que avance el proceso, es necesario que al menos el 3% de los votantes firmen una petición de apoyo al referéndum, es decir, 2,7 millones de firmas de al menos 17 entidades federativas.
Al día de hoy, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha validado y aprobado 12 entidades federativas que representan el 60,18% de firmas necesarias para la realización de la consulta. Sin embargo, el INE es uno de los espacios que rechaza la propuesta argumentando falta de presupuesto.
“El Instituto tuvo un recorte de presupuesto de 4.913 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2022. La oposición también rechaza esta convocatoria por parte del presidente bajo el argumento de que no hay necesidad de un ejercicio de ese tipo y del gasto que conlleva”, explica Circe Camacho, diputada de la Ciudad de México por el Partido de los Trabajadores.
Para AMLO es crucial que la votación se realice el 10 de abril, como estaba estipulado. Pese a las negativas del INE, el gobierno mexicano recibió una buena noticia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que exhortó a continuar con el proceso de la revocación de mandato.
Este 3 de enero se instalaron los 32 Consejos Locales del INE. Estos órganos son los encargados de la implementación de los procedimientos para el desarrollo de la revocación, es decir, determinarán el número y ubicación de las casillas básicas, contiguas y extraordinarias que serán instaladas.
“El pueblo pone y el pueblo quita”
La posibilidad de una revocatoria de mandato se abrió con la reforma constitucional de 2019, impulsada por el propio AMLO. El presidente mexicano aseguró que es una herramienta que empodera al pueblo y que debe utilizarse para que no se transforme en letra muerta.
La idea de promover una revocación fue planteada por AMLO desde su primera campaña presidencial en 2006. “La revocación de mandato reafirma la democracia participativa y el derecho del pueblo a cambiar la forma de su gobierno”, sostiene Circe Camacho. Pese al riesgo que implica, la estrategia del presidente mexicano es diferenciarse de sus antecesores y fortalecerse tras el apruebo del pueblo a su gestión.
Ya en agosto del 2021 México vivió su primera consulta popular en la historia. La ciudadanía debía votar a favor o en contra de indagar hechos del pasado en las administraciones de gobierno. La participación fue baja, apenas el 7,11% de los electores habilitados, y puede explicarse por varios motivos: el INE habilitó un tercio de los espacios disponibles, y existía además poco ejericio alrededor de este mecanismo.
“Para tener un ejercicio democrático más aceitado hacen falta diversos elementos. El primero es mayor información sobre los ejercicios de consulta, pues la gente sabe que debe votar una vez cada tres años, pero cuando agregas elecciones en la mayoría de los casos la gente no está acostumbrada y no lo tiene en el radar”, evalua Circe.
Y agrega: “El segundo elemento fundamental es que la institución encargada de hacer las consultas debe hacer el máximo esfuerzo para facilitar la participación de la gente. En la consulta pasada no hubo garantía de instalación de las mesas receptoras de votación. Desde el primer planteamiento del INE las mesas receptoras eran insuficientes”.
Las consultas que impulsa AMLO apuntan a que el ejercicio de la democracia sea más robusto, profesional e incluyente. “El pueblo pone y el pueblo quita. Esa es la democracia participativa”, reafirma López Obrador cada vez que puede.
