Luego de la derrota en las elecciones del 22 de octubre, los voceros de Javier Milei comenzaron a instalar un “supuesto fraude” que despertó movilizaciones aisladas y poco representativas. Sin embargo, fue el propio candidato libertario que por primera vez puso en dudas los resultados de la elección nacional del 22 de octubre.
“No fueron limpias”, comentó en una entrevista reciente y dijo que no aceptaba el resultado. Al tiempo que agregó: “hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado”. Pese a las declaraciones, no hubo ninguna denuncia oficial en la Justicia Electoral por parte de La Libertad Avanza.
Pero, pongamos lupa en el tema. El sistema electoral argentino es seguro y transparente. En los hechos se disipan todas las dudas. Desde 1983 Argentina celebró elecciones periódicamente con la participación que ha sido alta y con resultados, aceptados por ganadores y perdedores, aun los que se definieron por márgenes muy pequeños. También hemos tenido alternancia en el gobierno nacional y en 18 de las 24 provincias.
Una de las mayores fortalezas del sistema de votación en Argentina es que no existe presión y coerción sobre la ciudadanía a la hora de votar. La Ley Sáenz Peña consagró el voto universal, secreto y obligatorio. A lo largo de los 40 años de democracia se han registrado pocos o nulos procesos de compra de votos durante las elecciones.
Asimismo, otra de las grandes fortalezas del proceso electoral es que involucra a diferentes actores y actoras de la sociedad: desde el sorteo de quienes serán autoridades de mesa hasta la participación activa de los partidos políticos, el Poder Judicial, Justicia Nacional Electoral, el Correo, las Fuerzas de seguridad, el Poder Ejecutivo.
El carácter público de los datos electorales permite que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas argentinas realice por sí mismo el control. Cualquier ciudadano puede consultar en este link el resultado de su mesa en el escrutinio definitivo realizado por la Justicia Electoral.
¿Microfraude?
Los telegramas con inconsistencias existen desde 1983, representan menos del 1% del total y no implican que exista fraude porque los telegramas no tienen valor legal. En las actas de escrutinio, firmadas por las autoridades de mesa y por los fiscales partidarios, está la información correcta y esta sí tiene validez legal.
El control cruzado es clave para garantizar la transparencia y seguridad de todo el proceso electoral. En los 17.432 establecimientos de votación de donde se realiza la transmisión de telegramas de escrutinio existen fiscales electrónicos de los diferentes partidos políticos que controlan el proceso.
Posterior a las elecciones del 22 de octubre circularon videos que muestran los resultados provisorios de algunas mesas, en las que el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, no obtuvo votos. En algunos casos, se compara esta información con los certificados de escrutinio aportados por los fiscales, en los que se aprecia que el postulante sí fue votado.
Sin embargo, en 7.061 mesas hubo al menos una fuerza política que registró 0 votos. De ese total, en 1.568 ninguno de los 5 candidatos registró votos: se trata de aquellas mesas que no fueron computadas en escrutinio provisorio.
Por otra parte, el escrutinio provisorio es el primer conteo de votos que se hace apenas termina la elección y está a cargo del Poder Ejecutivo. Su objetivo es informar a la ciudadanía los resultados preliminares, pero no tiene ninguna validez legal. Es decir, no sirve para proclamar una fórmula ganadora o definir el reparto de bancas en el Congreso.
Esos resultados nunca cubren el total de las mesas porque siempre hay una pequeña proporción de telegramas que no llegan a ser enviados, tienen errores de confección o quedan sin completar, según explica la Dirección Nacional Electoral (DINE).
En tanto, el escrutinio definitivo comienza 48 horas después de la elección y se realiza en base al acta de escrutinio. Durante el procedimiento, las autoridades a cargo del recuento leen el acta de escrutinio de cada mesa, mientras que los delegados partidarios deben ratificar la información o informar si hay inconsistencias con los certificados de escrutinio que les entregaron los fiscales.
Es decir, que si bien pueden existir diferencias entre las actas de escrutinio y los telegramas (debido a errores u omisiones en la carga de estos últimos) el único documento que tiene validez legal (y cuyo resultado se verá reflejado en el recuento final) es el acta de escrutinio.
Paso a paso del proceso electoral
El Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICaD) publicó un informe explicando el proceso que se atraviesa en cada elección luego que suena el timbre de finalización a las 18 horas.
A la apertura de urna, realizada por el presidente de mesa bajo la observación de los fiscales de cada fuerza política, prosigue el conteo de los sobres constatando que coincidan con el número de votantes que participaron según el registro habilitados en el padrón. A partir de allí, se cuentan los votos de cada candidato.
Finalizado este recuento, se elaboran tres documentos:
- Acta de escrutinio. Es el documento con el que se realiza el escrutinio definitivo. Los otros dos documentos son una copia de este. En el acta consta la cantidad de votantes, el resultado de la urna y cualquier observación.
- Certificado de escrutinio. Es el documento que se entrega a los fiscales para que llevan a los partidos. Luego, los partidos pueden realizar reclamos sobre la mesa a partir de este documento. Una copia adicional del certificado se deposita dentro de la urna antes de sellar.
- El telegrama. Es confeccionado por el presidente de mesa: contiene todos los detalles de los votos contados en la mesa. Lleva la firma de los y las fiscales de las fuerzas políticas y de la autoridad de mesa. Cada telegrama se entrega al personal del Correo, que lo transmite a la Justicia Electoral y a la Dirección Nacional Electoral, para la difusión de los resultados provisorios de las elecciones.
Transcurridas las 48 horas de la elección, inicia el escrutinio definitivo con la información provista en el acta de escrutinio. Lo realiza la Justicia Nacional Electoral de forma descentralizada, ya que está constituida por jueces federales -en las PASO- y las juntas electorales -en las generales y el balotaje-.
Este número puede diferir del provisorio en caso de observaciones, impugnaciones o errores en la confección de documentación electoral necesaria para el provisorio, pero principalmente porque existen poblaciones que no son incluidas en el recuento provisorio: residentes en el extranjero, personas privadas de la libertad y fuerzas de seguridad afectas al comando electoral.
A medida que se revisan las actas se cargan los resultados en un sistema informático del Poder Judicial. Un fiscal partidario puede cuestionar la validez de un Acta de Escrutinio (con su Certificado de Escrutinio) y pedir la apertura de la urna y el recuento voto por voto.
La clave de la seguridad y eficacia del sistema de votación en Argentina reside en que los partidos palitos no solo compiten en elecciones, sino que al mismo tiempo, participan en la co-organización de los comicios, teniendo un rol central en reforzar el reconocimiento legítimo de las elecciones como un mecanismo para garantizar el normal funcionamiento de una democracia.
