La Inspección General de Justicia (IGJ) intervino el pasado miércoles la fundación que lidera la actual precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. La iniciativa fue cuestionada por la propia dirigente y los principales integrantes de su espacio, que denunciaron una supuesta persecución por parte del oficialismo, en el marco de las elecciones que se avecinan.
A través de la Resolución 742/2023, el organismo gubernamental decidió tomar posesión por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), que se dedica a estudiar modelos de gestión en temas de seguridad a nivel nacional e internacional. La fundación fue el canal de retirada que la exministra de Seguridad creo luego del fin de su gestión en 2019.
La fundación ya había entrado en el radar de la Justicia luego de que Ivana Bohdziewicz, asesora del diputado Gerardo Milman, revelase que un perito informático borró contenido de su teléfono celular en una oficina que pertenecería a la fundación de Bullrich.
Bohdziewicz fue una de las asesoras que estaba junto a Milman en un bar cuando este habría dicho: “Cuando la maten voy a estar camino a la costa”, en supuesta referencia al intento de asesinato de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Campaña clandestina
En 2019, aun durante el macrismo, la fundación había facturado solo 791 pesos, registrándose solo 200 pesos de egresos. En 2020 los ingresos habían ascendido a 400 mil pesos, sin registrarse gastos. En 2021, año electoral, la fundación recauda 8 millones de pesos. En 2022, los ingresos de la fundación aumentaron a 90 millones de pesos, registrándose gastos hasta 60 millones. Un crecimiento exponencial en tan poco tiempo para una organización sin fines de lucros.
¿Cuál fue el servicio que brindó la fundación? Charlas (no registradas) de la exministra con empresarios. Ante esto el ministerio de Justicia presume que se encubrió de esta manera meros aportes de campaña. Las acciones se realizaron para empresas y corporaciones que no quisieron quedar registrados como aportantes.
También se encontraron facturas realizadas a analistas y consultoras (equipos de campaña disfrazados) que brindaros servicios a la fundación. Aportantes sin registrar, equipos de campaña en negro, triangulación de dinero.
La intervención por 180 días hábiles se concretó luego que la resolución recaída en la Causa “Inspección General de Justicia c/Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/Medidas Precautorias” (CIV 24775/2023), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28.
La IGJ determinó que la utilización estructural y financiera del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad para la campaña política nacional de la Presidenta de la Institución no solo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles, sino también podría implicar una violación de la ley 26.215 la cual regula la financiación de partidos políticos.
Reacción de la oposición
Una de las primeras en salir a cuestionar esta decisión fue la propia Bullrich, quien acusó al ministro de Economía y rival por parte del oficialismo en estas elecciones, Sergio Massa, de atacarla, “esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía”.
Su compañero de fórmula, Luis Petri, también apuntó contra el gobierno: “No resuelven los problemas del país, no toman medidas para bajar la inflación, no combaten a los narcos en Rosario, eligen el camino de la amenaza, extorsión, el apriete y ahora la persecución”.
Por su parte, el exmandatario nacional Mauricio Macri también opinó del tema y, en la misma red social, consideró que se trata de “un atropello más de la IGJ y el Ministerio de Justicia, esta vez contra Patricia Bullrich y su fundación en plena campaña”, aunque celebró que ya falte “poco para que dejen de usar la AFIP, la IGJ y las agencias del Estado con el fin de atacar y perseguir a los opositores”.
El competidor de Bullrich en la interna de JpC, Horacio Rodriguez Larreta comentó en sus redes sociales: “Las campañas sucias no tienen lugar en nuestra democracia. Utilizar el estado para perseguir opositores es ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE. Todo mi apoyo a Patricia Bullrich. El 10 de diciembre esto se termina”.
El ministro de Justicia, Martín Soria, defendió el accionar del organismo estatal y le pidió a la dirigente opositora que deje la campaña de lado y “empiece a explicar el sistema ilegal de recaudación que supuestamente montó para su partido político, mucho antes de que sea candidata”.
En esta misma línea, el administrador federal de la AFIP, Carlos Castagneto, le respondió directamente a Macri y le pidió que “no mienta más”, al sostener que los funcionarios de su organismo que están “investigados en sede administrativa y judicial por persecución política y hostigamiento fiscal, fueron designados” durante la administración macrista.
