En la causa por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner hay solo tres detenidos: Fernando Sabag Montiel, el que apretó el gatillo dos veces y por fortuna la bala no salió; Brenda Uliarte, la coautora del hecho y una persona que abre vínculos entre “la banda de los copitos” y otros grupos violentos como “Revolución Federal” (que más tarde se conoció había recibido al menos 13 millones de pesos de la empresa Caputo Hermanos).
Y por último, Gabriel Carrizo, una de las personas que se mostraba como organizador del grupo que atentó contra la vicepresidenta y quien posiblemente haya provisto el arma con el que se intentó matar a la expresidenta.
Sin embargo, desde hace semanas la causa apunta hacia otro lugar: existen pruebas contundentes sobre un posible financiamiento del atentado y también de apoyo logístico y político. Precisamente en esta última arista se encuentra la novedad que dio a conocer una de las ex asesoras del diputado nacional del PRO, Gerardo Milman.
Ivana Bohdziewicz decidió declarar por su cuenta luego de haber sido echada por el diputado: dijo que días después al atentado a la vicepresidenta, ella, la otra asesora de Milman –Carolina Gómez Mónaco– y el propio diputado, fueron citados a oficinas de Patricia Bullrich en Avenida de Mayo 953 (sede del IEES, la fundación que dirige la exministra, denunciada por desviar dinero para la campaña). Allí un perito informático trabajó varias horas para borrar la información de sus teléfonos.
Ahora, la jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti, se negó a pedir el secuestro del teléfono del diputado.
La extraña operación coincide con los días en el que Milman y las dos mujeres quedaron en la mira, luego de que un testigo (Jorge Abello -asesor del diputado Marcos Cleri-) asegurara que días previos al atentado hacia la vicepresidenta los haya encontrado en un bar céntrico de la ciudad de Buenos Aires y le escuchara decir al diputado del PRO: “Cuando la maten, voy a estar camino a la costa”.
Algo que efectivamente Milman terminó haciendo el día en que intentaron asesinar a la vicepresidenta.
Para peor, luego de esa denuncia respecto a lo que se había visto y oído, las asesoras de Milman fueron citadas a declarar y negaron todo. Pero cuando les mostraron imágenes de las cámaras de seguridad que las ubican a ellas y al propio diputado ingresar al bar que había sido indicado, recuperaron la memoria.
Para completar el cuadro de sospechas, ahora se conoce que durante esos días Milman, Gómez Mónaco y Bohdziewicz borraron la información de sus teléfonos y compraron nuevos. Y no en cualquier lugar, si no en las oficinas de Patricia Bullrich.
Pese a la declaración de la exasesora de Milman, la justicia no avanzó sobre esta pista. El diputado ni siquiera ha sido citado a declarar, mucho menos hay orden para secuestrar su teléfono.
La querella ya recusó dos veces a la jueza Capuchetti, a quien además se le critica que haya partido la causa en dos: una investiga el ataque a manos de los únicos detenidos en la causa y otra, el proceder de los integrantes de Revolución Federal.
Sin embargo, los abogados de la vicepresidenta insisten en que una cosa tiene que ver con la otra y que la causa debe unificarse, para comprender las conexiones políticas que existen entre algunos actores y otros.
Por ahora, la justicia ni siquiera toma nota de uno de los hechos más trascendentales de la investigación.
