La ONU reconoció en el 2018 al campesinado como un sujeto de derechos, pero Colombia recién adhirió al mismo en el 2022 con la llegada del gobierno de Gustavo Petro. Dicho marco internacional hoy sirve para avanzar en la Reforma Agraria que se está llevando adelante en el país.
Desde 2022, Colombia está encabezando un proceso de restitución de derechos territoriales, culturales, sociales, económicos y simbólicos de familias indígenas y afrodescendientes de numerosos departamentos de la Colombia profunda, que históricamente han sido afectados por el abandono Estatal, el extractivismo y el conflicto armado.
Años después, el país abrió la ventana a la posibilidad de que haya una Reforma Agraria, y tan solo en octubre pasado ya se entregaron 50.000 hectáreas a lo largo del territorio.
“La tierra no es simplemente para tenerla, como pensaban los señores feudales, no es un símbolo de poder, sino que es un instrumento común para construir, sobre los surcos y con el sudor humano, la reproducción de la misma vida”, dijo el presidente Gustavo Petro durante un evento en San Sebastían, Magdalena.
La entrega de tierras a las comunidades campesinas e indígenas se plantea en forma de devolución a dichos territorios que son “inalienables e imprescriptibles” según la Reforma Constitucional de 1991, que además las reconoce como entidades territoriales.
Significa que la ley le otorga el carácter de entidad territorial a las comunidades constituídas, con autonomía y derecho a gobernarse por autoridades propias, y con participación en las rentas nacionales. O sea, que el Estado nacional está obligado a enviar partidas presupuestarias a dichas entidades al igual que a los municipios o provincias.
Colombia está fuertemente atravesado por su proceso “de paz” que desde la sociedad se plantea como un horizonte frente a tanto conflicto político y armado. “El nuevo gobierno piensa que es el momento para devolver la tierra al pueblo. Están tratando de construir el contexto colombiano y el contexto global”, dice para ARG Anuka Da Silva, referenta de La Vía Campesina en Sri Lanka.
La Vía Campesina (LVC) tiene un predio de 16 hectáreas en Cundinamarca a tres horas de Bogotá, con 16 unidades productivas entre ganadería y agricultura con cultivos de café, caña, frutales, yuca, papa, y racacha. La tierra entregada prontamente por el presidente Petro, la recibirán jóvenes que actualmente se están formando en la Universidad Campesina.
“Nos parece que hace falta más”, dice Nury Martinez referenta de LVC en Colombia. “Creemos que debe haber cambios estructurales para una reforma agraria de verdad, como el fortalecimiento de los entramados productivos, de comercialización y de valor agregado”, sostiene.
La Política Agraria se define a nivel global
“Cuando hablamos de Reforma Agraria también de desarrollo rural, porque estamos del otro lado del modelo de tenencia de tierras para la acumulación del capital, sino del trabajo de la misma”, agrega Da Silva quien asegura que desde África y Asia también están buscando nuevas reformas de tierras.
“En Asia también tenemos problemas con la tierra porque compañías, terratenientes y herederos poseen sus tierras, pero como pueblo y agricultores no tenemos acceso a la tierra en las leyes”, explica la agricultura.
Los ejemplos de reformas agrarias en el mundo son varios. En Sri Lanka comenzaron en los años 60 con la salida del imperio británico. Pero en muchos sectores del país quedaron inconclusas. En Indonesia y Brasil también hubo grandes movimientos. En Cuba y Zimbabue, durante la década del 80 también se iniciaron reformas agrarias.
“Tenemos experiencia como movimiento campesino internacional y creemos que esta reforma es necesaria para construir soberanía alimentaria”, dice Anuka.
La Reforma Agraria que llevará adelante Petro está limitada a herramientas jurídicas internacionales que están por encima de las Constituciones, como por ejemplo los Acuerdos de Libre Comercio– que están por encima de la ley 160, y del Acuerdo de Paz- y permiten la importación de alimentos, lo que anula al campesinado de competir con productos importados como la papa de Irlanda o las bananas de Ecuador.
O el Acuerdo de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que no considera a los alimentos como un derecho humano, sino como una mercancía.
Desde 1995 la totalidad de la política agrícola común se encuentra sometida a la disciplina de la OMC. “Una base jurídica a nivel global que imposibilita el avance de la soberanía alimentaria y del reconocimiento de los alimentos como derecho humano”, agrega Nury Martinez, y admite que, “La Reforma se hará con lo que la ley permita”.
“La política agraria se define desde lo global. Son debates internacionales”, explica Martinez. Es por eso que en la COP16 de Biodiversidad, la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino anunció algo histórico para Colombia; el país será sede de la La II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural +20, la instancia de diálogo más importante que tiene el movimiento campesino a nivel mundial
La primera y última conferencia de la Reforma Agraria fue en 2006 en Brasil; el debate era acabar con el hambre, promover la agricultura sostenible, tener buena gobernanza de la tierra, y democracia para acceder a la misma. “El campesinado internacional no se ha juntado por 20 años. ¿Qué ha pasado durante estas últimas dos décadas?”, pregunta Martinez.
Para la Conferencia del 2026 que será en Colombia, el campesinado internacional cuenta con nuevas herramientas, como la declaración de los derechos de los campesinos. Además de incluir nuevos tópicos que se volvieron centrales en la producción de alimentos los últimos años, como la agroecología, el derecho a la tierra y la participación de las mujeres y jóvenes.
No hay Reforma sin agroecología
Mientras se lleva adelante la Reforma Agraria en Colombia, el campesinado avanza en las estrategias de sostenibilidad de sus economías locales. “Para cuando se hagan las entregas de tierra en Colombia, el campesinado debe estar ofreciendo una gran diversidad en su producción”, cuenta Martínez. “Eso solo lo logramos con agroecología”.
Pero además con circuitos de comercialización eficientes para las pequeñas economías agricultoras. Desde La Vía Campesina se está trabajando en los mercados de cercanía y la comercialización sin intermediarios, además del valor agregado y una fuerte revalorización de la producción local.
La agroecología en Colombia es una cultura ancestral con la que muchos productores crecieron, pero a partir de la famosa revolución verde de los años 90, las técnicas originarias fueron reemplazadas por agrotóxicos, paquetes tecnológicos, y semillas transgénicas. “A las quintas donde ibas, aunque fuera una pequeña, había monocultivo”, asegura Nury Martínez.
El papá de Martínez les enseñó a ella y a sus hermanos a producir sin químicos. “Cuando íbamos a arrancar una yuca, teníamos que plantar dos”, recuerda Nury. “Desde que haya tierra no puede nadie aguantar hambre, decía mi padre”.
“La agroecología es mucho más que producir sin químicos. Es un diálogo con la tierra, su gente y el territorio”, afirma la agricultora.“Hay ecosistemas donde no puede producirse de otra forma que no sea agroecológica”, asegura. Como por ejemplo el páramo, un ecosistema que produce el 70% de agua en el país que también llega a Venezuela, Bolivia y Ecuador. Colombia tiene el páramo más grande del mundo y sus árboles-frailejones- tienen altas propiedades medicinales.
Los páramos estuvieron en peligro con el batallón de alta montaña durante la época de Uribe, un plan de persecución a los campesinos radicados en esa zona con el objetivo de deforestar, y de acabar con los grupos guerrilleros de alta montaña. “Las empresas quieren esos territorios y nosotros no lo hemos permitido. Por eso los campesinos somos guardianes de los territorios”, asegura Martínez
Alianza entre productores y ambientalistas
El campesinado colombiano constituye el 30% de la población total del país, y aunque es un movimiento fuerte el investigador colombiano Oscar Forero, considera que “la verdadera puja está en la articulación del movimiento campesino-indígena con los ambientalistas”, una de las alianzas más importantes en los últimos años y que permitió en el caso de esta COP16 la creación del órgano subsidiario del 8J, un cuerpo autónomo de revisión y cumplimiento del artículo de recursos genéticos digitales del Convenio de Diversidad Biológica.
Hoy en día muchos de los alimentos que se venden en los supermercados están fabricados 100% en laboratorios. Es parte de la llamada “agricultura 4.0”, que consiste en la digitalización de variedades y especies, y la creación de alimentos en laboratorios. “Muchas de las cosas que hoy se están planteando en la COP nosotros ya las habíamos alertado, como por ejemplo la fabricación de alimentos en los laboratorios y el intento de terminar con quienes los producen”, advierte Nury Martínez.
El crecimiento del consumo consciente en las sociedades y el mayor interés por conocer de dónde vienen los alimentos, han sido una de las consignas que han juntado a movimientos campesinos, indígenas y de productores con consumidores o ambientalistas.
Los ejemplos de ambas coaliciones son varios. Asociaciones de consumidores en alianza con productores han constituido los Sistemas de Garantía Participativos (SPG) con el que se certifica la calidad de la producción de alimentos agroecológicos de organizaciones de productores que hoy no están reconocidos por los Estados con sellos de calidad.
“Uno de los más avanzados en dicho sistema es Brasil, donde las asociaciones de consumidores han participado de la programación de siembras, a cambio de generar acuerdos con productores como la sustitución de alimentos de estación, porque hay alimentos que no van a estar todo el año”, explica Forero.
