La quema de los humedales tiene consecuencias ecológicas, económicas y sociales en un sentido amplio que va desde nuestro vínculo con la naturaleza hasta la salud pública.
Por Diego Rach / Foto Matias Audisio
El sábado 12 de septiembre, Greenpeace organizó la marcha virtual “Fuego Cero” como parte de una campaña para la aprobación de la Ley de Humedales. Según la organización ambientalista, en el Delta del Paraná se han registrado más de 24 mil focos de incendio en lo que va del año. En la ciudad de Rosario, el humo y las cenizas son frecuentes desde hace meses y el deseo de lluvia es persistente bajo la esperanza de que sofoque el ecocidio en marcha. En su gran mayoría, los habitantes de Rosario han sido apenas espectadores de un espectáculo que invade la ciudad.
La pandemia y los incendios son dos caras de la misma experiencia social en estos territorios. Desde el inicio de la cuarentena, en nuestro país hemos tenido pocas discusiones políticas profundas. El debate público se retrajo sobre el temor de la pérdida de la salud y del patrimonio, o se opacó en la terquedad de las conspiraciones y la omnipotencia de un demiurgo imposible, comandado por Soros y el Windows 95. A pesar de ello, la controversia sobre ambiente y desarrollo han sido de los pocos que hablan de cara al futuro próximo.
Se prende fuego
La quema de los humedales tiene consecuencias ecológicas, económicas y sociales en un sentido amplio que va desde nuestro vínculo con la naturaleza hasta la salud pública. Desde el mes de junio es difícil ventilar los hogares en Rosario, tal como indican los protocolos de prevención del covid-19 del Ministerio de Salud. El olor a humo es penetrante y el cielo de la ciudad es bajo y gris, incluso la temperatura ha sufrido una variación producto de la masa de humo.
El fuego produce efectos sobre el medio biológico, con un fuerte impacto en la fauna debido a la devastación y fragmentación del hábitat, la alteración de los nichos ecológicos, la pérdida de biomasa, la transferencia de calor al suelo y la destrucción de semillas y microorganismos involucrados en la sustentabilidad del suelo y las plantas. El fuego favorece la degradación del suelo y facilita su mineralización, erosión y escurrimiento, impidiendo a los humedales cumplir con funciones vitales para el ecosistema.
Estos incendios no se redujeron a la Provincia de Entre Ríos. El Fire Information for Resource Management System es un sistema de la NASA que permite seguir en tiempo real los incendios que se registran en el mundo. A través de este instrumento se hicieron virales una serie de imágenes que mostraban la propagación de focos de fuego a lo largo del Litoral y de todo el territorio nacional. Según el primer informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, hacia fines del mes de agosto, se registraron diez provincias afectadas por el fuego (Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe-Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero y Misiones). Al 11 de septiembre, el Reporte indica que se redujeron a cuatro.
Las causas del fuego no están esclarecidas, y aunque existen factores climáticos, el 95% de los incendios forestales son producidos por intervención humana, según el Ministerio de Ambiente. Una de las razones es que la región del delta del Paraná viene sufriendo hace tiempo un proceso de “pampeanización”. Producto de la generalización de las actividades productivas de la región, como las plantaciones de soja, la actividad ganadera y los proyectos inmobiliarios. La quema de pastizales en el otoño e invierno responde a la necesidad de renovar pasturas, ampliar la frontera productiva o cercar terrenos para emprendimientos inmobiliarios como los barrios cerrados. Es por ello que las organizaciones ambientalistas apuntan a estos sectores como los responsables de la falta de legislación que proteja los humedales. Lo que sería imposible sin la inacción del Estado.
La respuesta del Estado
En el mes de junio de 2020, el Estado Nacional declaró la emergencia ambiental y designó a la región como zona crítica de protección ambiental. El 11 de agosto, la Corte Suprema dio resolución favorable a la medida cautelar solicitada en el caso “Equística Defensa del Medio Ambiente Asociación Civil”, que promovió un amparo contra la Municipalidad de Victoria y de Rosario, la Provincia de Santa Fe y de Entre Ríos y el Estado Nacional. La corte instó a constituir un Comité de Emergencia Ambiental dentro de la estructura federal concertada del PIECAS-DP.
El Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP) se creó luego de que en 2008 se produjera una situación similar, en la que se incendiaron más de 200 mil hectáreas en la zona del delta. En este marco, el Ministerio de Ambiente propuso la creación de “faros de conservación”, una red de áreas protegidas en diferentes puntos del delta para favorecer la presencia institucional y operativa en el territorio. Lo cierto es que según las organizaciones ambientalistas esto no basta, lo cual vienen manifestando en diversas acciones colectivas en el espacio público: la caravana en bicicleta al puente Rosario-Victoria, la creación de la Multisectorial por los Humedales o la marcha náutica en kayak del 16 de agosto.
Estos acontecimientos crearon un marco favorable para impulsar el debate sobre una Ley de Humedales. En los últimos años, más de una docena de proyectos fueron presentados en el Parlamento. Las mayores oportunidades se dieron en el año 2013 y 2016, en los que se alcanzó la media sanción del Senado. En ambas ocasiones, la ley fue frenada en la Cámara Baja hasta perder estado parlamentario. Este año se presentaron 11 proyectos, entre los cuales, avanza la propuesta del diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos). El detalle sobre los proyectos se puede revisar en el sitio creado por las organizaciones que conforman Humedales sin Fronteras ( https://www.leydehumedalesya.org/ ).
Organizaciones ambientalistas, asociaciones civiles y académicas del país reclaman por la aprobación de una ley que contenga al menos tres puntos clave: la realización de un inventario de humedales para conocer su número y características (se estima que ocupan un 21% del territorio), la moratoria del avance sobre los mismos hasta la realización del inventario y la creación de instrumentos penales específicos para sancionar a quienes ejecuten prácticas que atenten contra el ecosistema de los humedales (recordemos que el nuevo Código Penal introdujo un título de Delitos contra el Ambiente). Por otro lado, exigen una rápida reglamentación de la Ley que evite que el tiempo burocrático se aproveche para expoliar el territorio, siguiendo la experiencia de la Ley de Bosques.
Según una nota publicada en Página12 por Melisa Molina y Agustín Álvarez Rey, en estos meses hubo un intenso lobby de parte de asociaciones empresarias que nuclean a las arroceras (principalmente de la provincia de Corrientes a través de la Coordinadora de Entidades Productivas), la Sociedad Rural, la Federación Agraria, grandes productores agropecuarios, empresas agroexportadoras y mineras y los empresarios inmobiliarios. Estos intereses están representados por legisladores y cargos ejecutivos que frenan la implementación de sanciones y la creación de legislación. Su principal argumento es que la ley atenta contra la producción y la creación de puestos de trabajo.
El debate que supimos conseguir
En nuestro país, la agenda ambiental ocupa un lugar marginal en comparación a otras problemáticas más acuciantes. El rango ministerial de ambiente es algo reciente, e incluso no formaba parte de los planes del gobierno de Alberto Fernández. Según algunas crónicas periodísticas, el punto de inflexión fue el encuentro entre el presidente electo y Patti Smith en noviembre del año pasado. Lo cierto es que la problemática del cambio climático forma parte de una agenda global, golpeada luego de la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, pero imposible de ser disociada del contexto socioeconómico del mundo.
En el marco de un empobrecido debate público, tuvo lugar una discusión importante sobre el modelo de desarrollo nacional. El detonante fue el anuncio de la Cancillería de un acuerdo para la comercialización de carne porcina con China, el 6 de julio pasado. La quema de los humedales cosechó un repudio generalizado, pero este anuncio generó un debate que se puede simplificar entre ambientalistas y desarrollistas.
China vio reducida su producción de cerdos debido a una epidemia de gripe porcina y tuvo que recurrir a otros mercados. Por ejemplo, España exportó por un total de 132 millones de euros en enero de 2020. Argentina exporta grano de soja o maíz para alimentar a los cerdos, de modo que la exportación de carne supone un diferencial entre los 200 dólares por tonelada de maíz a 2000 dólares por tonelada de carne. Cada madre produce entre diez y doce lechones, al menos dos veces al año y se comercializa en un ciclo mucho menor al de la carne vacuna. El acuerdo implicaría exportaciones por 2500 millones de dólares y la creación de puestos de trabajo que van desde la cría a los frigoríficos.
El debate se reprodujo en todas las plataformas, desde twitter hasta las emisoras de radio. Uno de sus protagonistas fue el sociólogo y director del Centro de Estudios para la Producción (CEP), Daniel Schteingart, quien publicó una nota en el medio Cenital titulada “Desarrollo y ambiente: cuando el dilema, a veces, es falso”. En él resume una serie de ideas en las que defiende el acuerdo con China: “Si queremos menor pobreza, menor desigualdad, menor desempleo y menor precarización laboral, necesitamos producir y exportar más, y los recursos naturales son importantes”. Propone un uso inteligente de los recursos que implique un agregado de valor científico y tecnológico, y permita generar un piso para dar un salto productivo hacia un modelo de desarrollo sustentable comparado al de países como Noruega, Finlandia y Dinamarca.
La postura ambientalista se manifestó en un documento titulado “No queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China, ni en una fábrica de nuevas pandemias”. En él vinculan a la pandemia del covid-19 con cuestiones socioambientales y productivas. A su vez denuncian el intento por parte de China de externalizar los riesgos de posibles brotes de enfermedades y advierten sobre las consecuencias que trajo el modelo de sojización implementado desde el año 1996, tras la aprobación del uso de soja transgénica. Afirman que “resulta fundamental avanzar en un pacto ecosocial y económico, a través del aprovechamiento del enorme territorio nacional, realizando una mejor y más justa redistribución de la tierra, de la riqueza, de los medios de producción y la comercialización, de la mano de un modelo sano, agroecológico, solidario y soberano”.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) también intervino en el debate, enmarcando la discusión en el modelo productivo y su concentración. Propuso la distribución territorial de la producción y del trabajo bajo un modelo de clusters de granjas, amigables con el ambiente, con capacidad de 100 a 500 madres, mediante estructuras asociativas y cooperativas. “Si queremos soberanía alimentaria es necesario apostar por la agricultura familiar y poner en discusión la escala de la producción agropecuaria en nuestro país”.
En la ciudad de Rosario hubieron dos tipos de movilizaciones desde el inicio de la cuarentena. Una en rechazo a las medidas del gobierno, como la intervención del Grupo Vicentín o la Reforma Judicial, otra en reclamo por los incendios en los humedales. Frente a la llanura del debate mediático y el desierto de lo real de las conspiraciones, bienvenido sea un debate que procure saldar cuentas pendientes sobre el desarrollo posible. Y sobre todo, que lime las aristas de un juego equívoco de plantas vs zombies.
