Este lunes, a través de la decisión administrativa 836/24, el jefe de Gabinete Guillermo Francos finalmente confirmó el cronograma de aplicación del “silencio positivo” incluido en la Ley Bases: un mecanismo que considera la no respuesta del Estado a un trámite como su automática autorización, que entrará en vigencia el 1 de noviembre.
¿Qué es el silencio positivo administrativo? Una figura incluida en el artículo 31 de la Ley Bases que modifica la ley 19.549 (Ley de Procedimiento Administrativo).
¿En qué consiste? Ante un reclamo sobre bienes públicos el Estado tiene 60 días para pronunciarse. Si no lo hace en ese plazo, la respuesta se interpretará como positiva.
Antes, la ley 19.549 en su artículo 10 remarcaba que cuando habría pretensiones por un bien público del Estado “que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa”. Y que “sólo mediando disposición expresa podrá conferirse al silencio sentido positivo”. Otorgaba un plazo de respuesta: 60 días.
Ahora es todo lo contrario: si el Estado no se pronuncia, la respuesta se interpretará como positiva. De esta forma, a partir del 1 de noviembre próximo, un empresario o cualquier particular que reclame la propiedad de un bien del Estado podrá quedarse con él en caso de que el Gobierno no le responda en un plazo determinado.
La oposición denuncia que esta maniobra posibilita “negocios inmobiliarios” a los que la administración de La Libertad Avanza y el PRO procuraron abrirles la puerta.
El problema no es el objetivo final (un mecanismo "anti-coimas") sino que no tienen idea de cómo funciona el Estado. "x" antes pedía coimas para destrabar un expte? Ahora te la puede pedir para hacerse el que no vio nada, sin responsabilidad. VLCC (viva la corrupción carajo) https://t.co/NjdVr6R9zM
— Cecilia Garibotti (@cegaribotti) August 5, 2024
