Una de las primeras confirmaciones que dio Javier Milei como presidente electo es cortar la obra pública: “No hay plata”, afirmó en una entrevista televisiva. En ese sentido, aseguró que las iniciativas que ya están en marcha deberán terminarlas los intendentes de la mano del sector privado y que para ello deberán buscar sus propias fuentes de financiamiento.
Tras las declaraciones del presidente electo, diferentes sectores de la construcción se mostraron en alerta y las consecuencias comenzaron a notarse rápidamente. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, aseguró que ya se están enviando los primeros telegramas de despidos en las empresas constructoras debido al plan de Milei de paralizar toda obra pública con financiamiento del Estado nacional.
Desde la UOCRA expresaron su “profunda preocupación sobre el futuro de la obra pública”. Además, se pronunciaron en defensa de los 220.000 puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución: “Arriesgan la continuidad laboral de esos trabajadores” expresaron en un comunicado.
“Calculamos que de acá a fin de años vamos a tener una baja de 220 mil puestos de trabajo de manera directa porque indirectamente afectaría a 800 mil más. Estamos hablando que directa e indirectamente 1 millón de personas pueden perder sus puestos de trabajo”, afirmó Sebastián Di Fiore, interventor de la Uocra La Rioja.
Otro sector que anunció su preocupación y estado de alerta es la Mesa Nacional de Barrios Populares. La misma logró la aprobación de la Ley 27.453 en 2018, que permitió avanzar en diferentes obras en barrios populares.
A través de la Secretaria de Integración Socio urbana se comenzaron a realizar políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de casi 5 millones de personas que viven en barrios populares de todo el país.
Ante la posibilidad de la paralización de las obras públicas, la Mesa Nacional de Barrios Populares se declaró en estado de alerta. “Proponen eliminar la integración socio urbana de los barrios populares como política de Estado y poner fin a la obra pública en todo el país, sometiendola bajo la lógica del mercado” sostuvieron en un comunicado.
Al tiempo agregaron que “durante los últimos años, desde las organizaciones sociales logramos construir una política de Estado que permitió frenar desalojos y llegar a miles de familias con conexiones a servicios básicos, mejorar viviendas y escuelas, construir plazas, espacios deportivos y comunitarios a través del trabajo de las cooperativas conformadas por sus propios vecinos”.
Ante los dichos de Javier Milei, concluyeron que “estos anuncios son graves, desacertados y negligentes. Ya sabemos qué poner el foco en el mercado como solución para los barrios no funciona, la existencia de un fideicomiso vacío sin financiamiento estatal, la intervención de empresas privadas y dejar en manos de las posibilidades económicas de los propios vecinos/as está condenado al fracaso”.
