La derrota de Donald Trump en las elecciones de noviembre de 2020 todavía es objeto de debate por una parte importante del electorado. El discurso de fraude aún encuentra eco en cerca de 70 millones de personas, que consideran que la actual gestión logró el triunfo a través de votos inválidos. Más allá de que las distintas instancias judiciales derribaron los pedidos de nulidad del Partido Republicano, la retórica trumpista es repetida hasta el cansancio, ahora por otras figuras del partido y con el objetivo de ganar popularidad de cara a los comicios de mitad de mandato.
“Es importante empezar a pensar y dilucidar lo que es la democracia para los norteamericanos, por qué hablan de fraude con respecto a algunos votos y con otros no”, explica Valeria Carbone, profesora de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e investigadora del instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina (INDEAL).
Carbone explica que el discurso de Trump, y de otros referentes del Partido Republicano, parece estar logrando desgastar la democracia dentro del país, en relación a la promulgación de 30 leyes en 18 estados con el objetivo de entorpecer el acceso al voto de las y los estadounidenses: “Hay una oleada de supresión de derechos electorales que, si sucediera en otro país, sería cuestionada no solo a nivel doméstico y hasta objeto de denuncia de organismos internacionales”.
Estas leyes, impulsadas por asambleas legislativas de mayoría republicana, dificultan el voto por correo y el voto anticipado, imponen requisitos de identificación más severos y hacen más probable la purga de votantes considerados irregulares. En lo que va de 2021, se presentaron más de 400 proyectos de ley con disposiciones que restringen el acceso al voto en 49 estados.
Esta oleada de restricciones —considerada por algunos analistas como la más agresiva en más de una década de seguimiento de las leyes electorales estatales— está motivada en gran parte por acusaciones de fraude y a menudo también por señalamientos racistas. Carbone apunta que estas ofensivas ocurren “porque hay todo un proceso para que el voto no sea un derecho sino un privilegio para ciertas personas”.
“Hay un tema de construcción de la ciudadanía que tiene que ver con quién tiene derecho a votar y quién no. En las últimas elecciones hubo distritos que eliminaron el 60% de los centros de votación en barrios donde la mayoría es población afrodescendiente o latina. Y por ahí en barrios de mayoría blanca había tres centros de votaciones”.
Si bien es posible identificar momentos de gran radicalización a lo largo de la historia de Estados Unidos, en los últimos años han surgido movimientos que remiten a las expresiones del racismo y movimientos de supremacía blanca más violentos de la historia del país. Ese resurgimiento se da principalmente a partir de la llegada de Barak Obama a la presidencia, cuyo peso simbólico posibilitó la aceleración de esos procesos.
A esa oleada de supresión de votos se le suma el impulso en 17 estados a leyes que prohíben la enseñanza de la Teoría Crítica de la Raza, un abordaje que profundiza la idea de que la raza es una construcción social y que el racismo no es simplemente el producto de la predisposición o el prejuicio individual, sino también algo incrustado en la estructura de la sociedad. Quienes se oponen sostienen que esta es una teoría que inculca el racismo y “socava los valores estadounidenses”.
Carbone analiza que esas medidas y eventos como la toma del Capitolio del 6 de enero “responden también a la radicalización de los políticos del establishment. Esto está siendo empujado por sectores del Partido Republicano asociados al Tea Party”. En esa línea, plantea que “hay que pensar en la elección de Trump en esta clave, en función de la importancia simbólica del primer presidente negro en la historia norteamericana”.
La pandemia y los objetivos
Tras una campaña pautada por la pandemia de COVID-19 y con la promesa de impulsar la vacunación a nivel nacional, la gestión de Joe Biden dispuso la compra de 600 millones de dosis a los laboratorios de Pfizer y Moderna. Teniendo en cuenta que la segunda es de dosis única, la expectativa era vacunar al menos al 70% de la población para el 4 de julio.
Según explica Carbone, “eso no pasó porque en EEUU el movimiento antivacunas es muy fuerte y eso hace que sea difícil lograr la inmunidad de rebaño, lo cual produce que con la variante Delta los casos estén aumentando”. La curva de contagios comenzó a subir tras meses de descenso y el número de nuevos casos por día se ha duplicado en las últimas tres semanas, tras el feriado del 4 de julio, el más importante del país.
A pesar de los esfuerzos para impulsar e incentivar la vacunación, 14 de los 50 estados del país presentan un porcentaje de personas inmunizadas inferior al 50%. Actualmente, los no vacunados representan el 99% de las internaciones y muertes por Covid-19 en estas regiones, al tiempo que comienzan las alertas por la falta de camas de UTI y por el alto índice de contagio entre niños, mientras la variante Delta sigue extendiéndose por los Estados Unidos.
A los esfuerzos sanitarios para contener los contagios e incentivar la inmunización se le suma el plan de salvataje, a través del cual se pretende inyectar 1,9 billones de dólares en la población. “Este pago está pensado en términos de universalidad y los mayores beneficiados son sectores medios que hicieron pagos de impuesto el año fiscal anterior, con lo cual quienes actúan en la informalidad tienen más dificultades para acceder a los cheques de ayuda”, remarca Carbone. Medidas como la prórroga de las moratorias para evitar los desalojos en las zonas del país con altos índices de propagación del Covid-19 también buscan brindar más tranquilidad. Estos esfuerzos apuntan a influenciar el voto de estos sectores más perjudicados por la pandemia de cara a las elecciones legislativas de 2022.
Según analiza Carbone, “el Partido Demócrata está más preocupado en este momento en sancionar leyes que en hacer campaña, porque cree que en dos años va a perder la mayoría que tiene en la Cámara de Representantes”. Existirían dos enfoques distintos en la estrategia de los partidos: “Unos están apostando a ver cómo estas leyes que se están aprobando impactan en la población, y en relación con eso cómo la gente va a votar. Mientras del otro lado, los republicanos están haciendo campaña y sancionando leyes en los estados para restringir el acceso al voto”.
En ese sentido, las chances de que la actual gestión quede en desventaja en la Cámara de Representantes y en el Senado se vuelven más concretas. Si bien los demócratas apuestan a que las reformas impulsadas puedan favorecerlos, la cuestión económica no necesariamente podría jugar a favor del gobierno. “Si fuera solo una cuestión económica, entonces en 2016 tendría que haber ganado Hillary Clinton. Obama había logrado recuperar a EEUU de la crisis del 2008 y de hecho Trump se subió a la ola del crecimiento económico de Obama”.
“No digo que la cuestión económica no sea importante, pero hay una cuestión mayor que tiene que ver con que hay una brecha salarial enorme entre los sectores más altos y los más bajos”, evalúa Carbone. “Dicha situación, que podría comenzar a revertirse limitando la reforma impositiva impulsada por Trump, no está en la agenda”.
Si bien Carbone destaca el hecho de que la retórica haya disminuído de forma considerable en relación a lo que fueron los años de Trump, advierte que desde el discurso demócrata se pretende ilustrar una situación mejorada a la que en verdad se vive: “Se habla de la recuperación de los índices de desempleo y de que se crearon nuevos puestos de trabajo y eso no es verdad, en todo caso hubo gente que volvió a trabajar. En algunos casos hubo gente que volvió a sus antiguos puestos de trabajo pero no es que se crearon nuevos puestos sino que la economía se re-dinamizó. Pero la recuperación está siendo lenta, no hay un crecimiento económico.”
Según los números presentados por la administración, el PBI del país creció un 6,5% en relación con el mismo mes del 2020. En declaraciones a la prensa el 30 de julio, la secretaria de prensa adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, destacó que “la economía de Estados Unidos ha recuperado las pérdidas de los últimos 18 meses y ha superado el pico del PIB pre pandémico”.
La radicalización hacia afuera
La figura y el discurso de Donald Trump exceden las fronteras de Estados Unidos e inspiran a figuras de la extrema derecha en todo el mundo. Recientemente, el diario O’Globo de Brasil confirmó que el presidente Jair Bolsonaro había sostenido la tesis de fraude en una reunión bilateral con funcionarios norteamericanos Así como Trump, Bolsonaro también podría adoptar el discurso de fraude para justificar su eventual derrota en las presidenciales de 2022.
Keiko Fujimori en Perú utilizó la estrategia trumpista en la disputa que la enfrentó a Pedro Castillo. Ya antes de los comicios, la entonces candidata alertaba sobre un posible fraude y reconoció su derrota mucho tiempo después. En algunos países europeos, como Francia y España, ha ganado fuerza el discurso contra inmigrantes y hasta se ha acusado a movimientos más progresistas de ser comunistas. Mientras estas situaciones se profundizan, se acumulan las dudas acerca del porvenir de las democracias occidentales.
“Hay una deslegitimación de la victoria de la oposición de los sectores de la derecha porque hay una normalización de las políticas de la derecha”, señala Carbone. “Para ellos las políticas de la izquierda son fraudulentas e ilegítimas de donde vengan, si la izquierda gana no lo hizo de forma legítima, es eso lo que se instaló. Y no estamos hablando de la izquierda socialista, sino del progresismo en Estados Unidos que no es como el progresismo latinoamericano”.
Para la especialista, es importante advertir que “este movimiento está gestado desde arriba. Hubo muchos representantes republicanos que avalaron el discurso de fraude y que la situación se siga radicalizando va a depender de si se mantienen esos discursos que se están replicando en América Latina”.
Si bien por el momento existe la garantía del apoyo de las instituciones para resguardar los resultados electorales, la supresión de derechos de acceso al voto en varios estados amenaza con plantear un panorama bien diferente en el futuro: “La realidad es que si las instituciones ponen en duda los resultados es porque están avalando el discurso de fraude, o el hecho de que hubo fraude. ¿Qué pasa cuando se deslegitima la votación popular, que es justamente lo que se supone que le da sustento al sistema democratico? Si eso se empieza a dar vamos a ver es un proceso de deslegitimación de la democracia como sistema de reivindicación de gobiernos a través del voto”.
