“Nicolás Carranza no era un hombre feliz, esa noche del 9 de junio de 1956”, escribió hace 65 años Rodolfo Walsh cuando publicó la investigación de lo que luego se conoció como Operación Masacre. Carranza fue asesinado la madrugada del 10 de junio junto a otros cuatro compañeros, mientras que otros siete sobrevivieron. Esos hechos fueron reconstruidos por el periodista en el icónico libro, pero nunca hubo justicia ni reparación histórica para con los sobrevivientes y sus familiares. Hasta ahora, al menos.
Esta semana la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de General San Martín presentó ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 una ampliación a la causa por los crímenes perpetrados por el gobierno militar autodenominado “Revolución libertadora”, el 9 de junio de 1955. Piden también que se incorpore en la currícula escolar de la localidad. Este pedido es el resultado de tantos años de espera y lucha de los familiares y “víctimas secundarias” del hecho, como Berta Josefa Carranza, una de las seis hijas e hijos de Nicolás Carranza, asesinado en la Operación Masacre.
Berta sigue viviendo en la misma casa a la que llegó su padre esa fatídica noche en el Barrio Ferroviario de Boulogne. La casa es suya desde los 90 a partir del programa Arraigo. Antes era de ferroviarios, pero hoy es de los Carranza y la habita ella junto a sus hijos e hijas.
Cuenta Walsh que cuando sucedió todo, ella tenía sólo dos años: “Y ahora estaba sentado en el sillón del comedor, hamacando en las rodillas a Berta Josefa, de dos años, y a Carlos Alberto, de tres, y acaso a Juan Nicolás, de cuatro –toda una escalera de pibes tenía, don Carranza–, hamacándolos e imitando el fragor y el silbato de los trenes que manejaban hombres como él, gente de esa barriada ferroviaria“, dijo el escritor y periodista, a quien Berta nunca pudo conocer.
Hoy, 2022, Berta Josefa sincera para ARG MEDIOS que no tiene recuerdos claros de su padre, más que algunas ráfagas y anécdotas que quizás entre su imaginación y lo que le contaron se creó. De los hermanos, hoy viven Carlos, Berta, Julia y María Eva. La mayor, Elena (la fundadora de la Comisión Memoria Verdad y Justicia de San Martin) falleció al igual que Juan Nicolas, ambos en 2013.
En su niñez, por seguridad, ella no podía andar contando por ahí qué había muerto su padre. Así lo habían combinado con su familia para cuidarse. Quizás por rebeldía adolescente ella lo decía igual. “Durante 18 años tuvimos la boca cosida por nuestra historia, pero en la adolescencia uno se rebela“, cuenta.
De más adulta logró la conexión con Norberto Gavino, uno de los sobrevivientes de esa noche, que posteriormente llegó a ser intendente de San Isidro. El la acercó a la militancia en el sindicato de trabajadores de ese municipio, hasta que la Triple A se los ganó. Durante la última dictadura cívico militar se refugió en la casa de un familiar en Don Torcuato. Escaparon a una isla en el Tigre poco antes de que allanaran la casa, salvándose por apenas unas horas.
Berta atravesó su adolescencia y juventud en los años 60, es decir, los duros años de la proscripción del peronismo, cuando los vientos de revolución sobrevolaban el continente y un sistema distinto al capitalismo era realmente posible. Incluso llegó a estar muy cerca de la agrupación Montoneros. Después de tantas vivencias y tantos años de lucha, Berta siente siente culpa por no haber podido cumplir con ese mundo anhelado.
Este año por iniciativa del diputado nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso, por primera vez fueron recibidos en la Cámara de Diputados de la Nación, los familiares de las víctimas de la masacre. Muchos de ellos y ellas han fallecido: en mayo de este año, por ejemplo, falleció Guillermo Cogorno, hijo del teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, fusilado el 11 de julio de 1956, tras el levantamiento liderado por el General Juan José Valle contra la autodenominada “Revolución Libertadora”.
Declararlos delitos de lesa humanidad
Pese a que pasaron 66 años, la posibilidad de que se declaren los mismos como crímenes contra la humanidad es posible. El antecedente para esto es el juicio por la Verdad de los crímenes de Napalpí, el cual concluyó el 19 de mayo de este año y cuyo veredicto reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre indígena de 1924 y ordenó una serie de medidas de reparación para las comunidades Qom y Moqoit.
Además de la reparación histórica que significaría un proceso de juicio por la Verdad, uno de los principales objetivos de la Comisión es que se incorpore los sucesos de José León Suarez a las currículas escolares de esa localidad, para aportar así al ejercicio de la memoria histórica. “Los que todavía andamos y podemos ir, vamos a ir a testificar para que se haga justicia“, dice Berta respecto a la posibilidad de que se declaren delitos de lesa humanidad los fusilamientos de esa noche.
También se busca esta causa marque un antecedente para que en un futuro se pueda denominar también como delitos de lesa humanidad los bombardeos a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, perpetrado por un sector de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de Juan Domingo Perón. Aquellos bombardeos dejaron como saldo 308 muertos y más de 700 heridos.
“Los bombardeos a la plaza y los fusilados del 56 se esconden, se tapan. A nosotros nos cuesta mucho esto. Mi mamá llegó a cobrar la reparación económica luego de los desaparecidos. Las víctimas de las anteriores dictaduras no fueron tenidas en cuenta en las reparaciones históricas del Estado“, explica Berta Carranza.
“Los bombardeos a la plaza y los fusilados del 56 se esconden, se tapan. A nosotros nos cuesta mucho esto. Mi mamá llegó a cobrar la reparación económica luego de los desaparecidos. Las víctimas de las anteriores dictaduras no fueron tenidas en cuenta en las reparaciones históricas del Estado“, explica Berta Carranza.
“Nosotros empezamos a conectarnos con familiares de esas víctimas y presentamos un proyecto para que recibiéramos algo del Estado”, contó Berta sobre la ley que se sancionó en 2006 con el gobierno de Néstor Kirchner.
El propio Rodolfo Walsh escribió en una de sus últimas ediciones de Operación Masacre que “las clases dominantes no suelen castigarse a sí mismos”, por la impunidad que la justicia de esos años les garantizó a los militares perpetradores de la “Libertadora” y de los fusilamientos.
Hasta hoy eso sigue vigente… por ahora.
