El lunes 10 de agosto el suelo tembló en el occidente de Colombia. El terremoto fue de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, a 96 kilómetros de profundidad y se sintió con fuerza en Panamá, Venezuela, Ecuador y Costa Rica.
El gobierno colombiano declaró la situación de desastre nacional y el estado de emergencia para agilizar la llegada de recursos a las zonas afectadas. Los datos oficiales reportan 200 muertos y más de dos mil heridos. Las tareas de rescate continúan en los departamentos más afectados: Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Quindío. La situación es grave, con cientos de personas afectadas y operaciones de búsqueda aún en curso.
Durante la tragedia, apareció un dato que merece tener atención y es que el gobierno colombiano no activó el despliegue de equipos internacionales de rescate a pesar de que varios países ofrecieron ayuda especializada, entre ellos, México, El Salvador y Chile. Otros países ofrecieron asistencia humanitaria y la explicación oficial es que la prioridad era la de recibir insumos y ayuda humanitaria y que el país considera que cuenta con personal suficiente para las labores de emergencia.
En Venezuela, después de los terremotos del 24 de junio, una parte importante de la cobertura internacional se concentró en acusar al gobierno de demorar la respuesta, particularmente durante las primeras 72 horas. Hubo informes que calificaron la respuesta del gobierno de Delcy Rodriguez de tardía, opaca e insuficiente. La discusión llegó incluso a cuestionar la decisión de no activar mecanismos internacionales de rescate de determinada manera.
En Colombia hay una situación comparable que podría generar la misma pregunta: ¿por qué un gobierno que enfrenta una catástrofe de esta magnitud no solicita o activa determinados equipos internacionales ofrecidos? El gobierno colombiano de Abelardo De La Espriella está defendiendo su decisión. Cuando Venezuela no recibía determinados equipos internacionales, era presentado como evidencia de una respuesta estatal deficiente. Cuando Colombia hace algo parecido, la historia se está contando de otra manera.
No son situaciones idénticas porque el terremoto venezolano fue un doble sismo, de 7,2 y 7,5, con características diferentes. Colombia tuvo un sismo de 7,4 y también hay diferencias en la profundidad, zonas afectadas, infraestructura, número de víctimas y capacidad institucional. La escala de la tragedia en Venezuela fue mucho mayor: más de 5.500 muertos contra 188 en Colombia, aunque la pregunta sobre la respuesta estatal sigue siendo válida.
Andrés Folguera, doctor en Geología e investigador del CONICET, explicó en la Televisión Pública argentina por qué un sismo tan profundo puede tener un alcance tan amplio. “Hay un efecto que se llama efecto de intra-slab”, describió. “Es un terremoto que ocurre a 100 kilómetros de profundidad, en la placa que se está metiendo. Esa placa es fría y tiene una zona en la que se producen estas rupturas, estos terremotos tan grandes, que por supuesto no tienen la capacidad de romper la superficie, pero son muy efectivos en generar daño en un área muy extensa.”
Esa placa es la de Nazca, que se mete por debajo de la cordillera de los Andes y es la que está generando el levantamiento de la cordillera. “Hay una zona, justamente la de Colombia, que es particularmente sísmica, con terremotos de este estilo, que no son los más grandes, pero que generan un daño extenso”, agregó el geólogo.
Folguera, enfatizó que no hay una relación directa entre este terremoto y los sismos que sacudieron Venezuela en junio, ya que la República Bolivariana está influenciada por la placa del Caribe y Colombia por la de Nazca. Son contextos tectónicos distintos, aunque ambos países compartan la misma región geográfica.
La aclaración es importante porque comparar las respuestas de ambos países no significa afirmar que los terremotos fueron iguales ni que las condiciones de ambos Estados sean idénticas. Significa observar qué se les exige a los gobiernos cuando ocurre una tragedia y con qué vara se evalúan sus decisiones. Colombia enfrenta ahora un desastre de gran magnitud y, como Venezuela en junio, debe decidir cómo organizar sus recursos, cuándo pedir asistencia internacional y qué capacidad tiene el Estado para responder por sí mismo.
En Colombia, la discusión no pasa por rechazar la solidaridad internacional. El gobierno sí habilitó canales para recibir alimentos, medicamentos, agua y otros insumos, pero decidió no activar el ingreso de equipos extranjeros especializados en búsqueda y rescate. La diferencia puede parecer técnica, pero también plantea una pregunta política: ¿cuánta capacidad de respuesta debe conservar un Estado y en qué momento una emergencia justifica recurrir a capacidades externas?
En el caso venezolano, la llegada de ayuda internacional fue utilizada rápidamente como una vara para medir la capacidad del Estado frente al desastre. La discusión sobre la velocidad de la respuesta terminó mezclándose con la discusión política sobre el gobierno de Caracas. En Colombia, por ahora, el debate parece tener otra intensidad.
Los terremotos no pueden evitarse y en muchos casos tampoco pueden predecirse con precisión. Lo que sí puede hacerse es preparar a los Estados para responder cuando ocurran. Los terremotos no tienen ideología. Tampoco preguntan quién gobierna antes de ocurrir. La capacidad de responder sí es una decisión política y en una región atravesada por terremotos, inundaciones, incendios y otros desastres, prepararse para la próxima emergencia no debería ser una cuestión de coyuntura, sino una obligación permanente de los Estados.
