La medida, anunciada este lunes mediante un comunicado oficial, garantiza la continuidad de los programas de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas que la Argentina reclama como propias y prevé la posibilidad de otorgar una extensión adicional de dos años si las compañías licenciatarias cumplen con sus programas de trabajo.
La decisión se produce en un escenario de creciente tensión diplomática con la Argentina, que considera “ilegales” estos permisos y ha denunciado penalmente a las petroleras que operan en la zona. Hace dos semanas, el Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic, entre otras empresas, e inició procedimientos administrativos con vistas a aplicarles sanciones y bloquear el avance de sus proyectos.
El principal proyecto alcanzado es Sea Lion, considerado el mayor yacimiento hidrocarburífero de la cuenca norte de Malvinas, ubicado a aproximadamente 220 kilómetros del archipiélago. La iniciativa está encabezada por la firma israelí Navitas Petroleum, propietaria del 65% de la participación, y por la británica Rockhopper Exploration, poseedora del 35% restante. Las empresas operadoras proyectan iniciar la producción comercial en marzo de 2028, con un flujo estimado de extracción de 50.000 barriles diarios de crudo e ingresos calculados en 2.000 millones de dólares en concepto de regalías a lo largo de 30 años.
Además de anunciar la extensión de las licencias, el Gobierno isleño aprobó la adquisición por parte de una subsidiaria de Navitas de una participación del 65% en el área de licencia PL001, un bloque petrolero vecino a Sea Lion. Navitas Petroleum Atlantic Limited había firmado en febrero un acuerdo con JHI Associates para asociarse en la exploración de ese bloque mediante la compra de dicha participación.
La integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las áreas de Comercio, Industria y Recursos Minerales, Cheryl Roberts, justificó la medida: “Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar, y nos aseguraremos de que dicho desarrollo se realice de manera responsable”.
En paralelo a la prórroga, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion. La resolución surgió de una presentación realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.
La Argentina sostiene que las licencias otorgadas por la administración británica violan la Ley 26.659, que exige autorización nacional para realizar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. El Reino Unido rechaza esa posición y sostiene que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre las empresas que operan en las islas
