El Ejército mexicano irrumpe en el ejido que enfrenta a una minera por la tierra

El 14 de septiembre, veinte soldados del Ejército mexicano irrumpieron en el ejido El Bajío, en Sonora, golpearon a un joven, robaron pertenencias y destruyeron un campamento. Detrás de la incursión hay una lucha de más de una década contra la minera Penmont, filial de Fresnillo PLC, que ocupa ilegalmente sus tierras y debe pagar una indemnización millonaria. Los ejidatarios resisten hace años con cuatro compañeros asesinados y sentencias que no se ejecutan.

El ingreso de los militares al ejido. Foto: Contesía de Ceiba, periodismo con memoria.

El 14 de septiembre pasado, alrededor de las tres de la tarde, tres vehículos militares entraron al ejido El Bajío, en el municipio de Caborca, Sonora, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Eran aproximadamente veinte soldados de la 45/a Zona Militar de Nogales. Llegaron preguntando por un supuesto vehículo armado blanco. Lo que siguió, según el testimonio de los ejidatarios, fue una incursión violenta.

“Se fueron a golpear a un muchacho que estaba ahí, un muchacho humilde. Se volcaron a agarrarlo a cachetadas y someterlo para que dijera que él era malandro”, relata Erasmo Santiago Santiago, comisariado ejidal de El Bajío. Mientras unos soldados sometían al joven, otros saqueaban las viviendas. Se llevaron cámaras de seguridad, celulares y discos duros de computadoras. Destruyeron un campamento que los ejidatarios usaban para resguardarse del clima y vigilar la fauna y flora del territorio.

El abogado del ejido, Sergio García Camacho, denunció que los militares “entraron de manera ilegal al territorio del ejido tumbando puertas e invadiendo las casas de los campesinos, sin importarles la presencia de mujeres y niños, despojando de teléfonos celulares y de cuanto objeto encontraban sin mostrar orden judicial alguna”.

No es la primera vez. Jesús Thomas, ejidatario y defensor del territorio, señala que esta es al menos la quinta incursión violenta del ejército en el ejido. “La última vez que ocurrió algo así de violento fue hace cinco o seis años”. En esas incursiones anteriores hubo amenazas con armas, detenciones ilegales y siembra de armamento.

Una historia de tierra y oro

El ejido El Bajío nació el 20 de agosto de 1971, cuando se otorgó la propiedad de más de 20.000 hectáreas a 77 familias campesinas provenientes de diversos estados de México, principalmente de Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Sinaloa, Jalisco y Nayarit. Sonora está al norte del país. El ejido está ubicado en el Gran Desierto de Altar, que pertenece al Desierto Sonorense. Allí habitan especies únicas en el planeta, como el berrendo sonorense, y plantas como los saguaros más altos del mundo.

En 1991, la minera Penmont, subsidiaria de Fresnillo PLC, inició sus exploraciones en el territorio ejidal. Fresnillo PLC es la mayor productora de plata primaria del mundo y la mayor productora de oro de México, con acciones en la Bolsa de Valores de Londres desde 2008. La empresa instaló tres proyectos mineros a cielo abierto: La Herradura (1998), Dipolos-La Soledad (2010) y Noche Buena (2012).

Exploración minera ilegal de Fresnillo PLC. Foto: Cortesía Ceiba, periodismo con memoria.

La mina Soledad-Dipolos operó desde 2010 en tierras comunales del ejido El Bajío. Para que una empresa pueda entrar a un ejido en México tiene que pedir permiso a la asamblea ejidal. La minera nunca lo obtuvo, y como por arte de magia en 2013, surgieron actas de asamblea que supuestamente ratificaban la transferencia de tierras a Penmont. La comunidad denunció que las firmas de ese documento fueron falsificadas.

Una sentencia histórica

En 2013, los ejidatarios presentaron 67 demandas ante el Tribunal Unitario Agrario número 28 de Hermosillo, una por cada ejidatario. En 2014, el tribunal falló a favor de todos los demandantes. La sentencia ordenó a la empresa desocupar las tierras, devolver el oro extraído y reparar el daño ambiental.

El argumento del juez fue contundente. El oro ya no se encuentra en el subsuelo, por lo tanto ya no es de la nación. Es de los dueños de la tierra y los dueños de la tierra no son de la empresa minera, son los ejidatarios.

La empresa se negó a cumplir y comenzó un ciclo de amparos. En 2025, un peritaje ordenado por el tribunal determinó que la indemnización asciende a más de 13.000 millones de pesos mexicanos (equivalentes a unos 900 millones de dólares). La minera interpuso un amparo en mayo de 2025 para modificar el monto, pero en junio de 2026 un juez federal resolvió que el tribunal debe fundamentar la cifra, sin cuestionar el resto de la sentencia.

Según el abogado Carlos Encinas, “los 67 juicios agrarios ganados por el ejido están llegando a su fin a favor del ejido y a toda costa quieren intimidar a la comunidad para que abandonen la defensa del territorio”. El propio Fresnillo PLC reconoció en su informe anual de 2025 la existencia de una orden para pagar aproximadamente 13.330 millones de pesos por la extracción de minerales en el tajo Dipolos.

Un ciclo de violencia interminable

A partir de la sentencia, empezó un ciclo de violencia contra los ejidatarios. En 2018, Raúl Ibarra de la Paz y su pareja, Noemí López Gutiérrez fueron asesinados. Sus cuerpos nunca aparecieron. En 2021, asesinaron al entonces presidente ejidal José de Jesús Robledo Cruz y a su esposa María de Jesús Gómez Vega. Sobre el cuerpo de José dejaron un cartón con los nombres de quienes lideraban la lucha en el ejido.

Los ejidatarios han sufrido amenazas, han sido privados de la libertad, les han sembrado armamento. El ejército ha incursionado dentro del ejido innumerables veces. Hubo ejidatarios presos durante seis meses. Uno de ellos tuvo un brote psicótico en la cárcel. Su idioma original no es el castellano. Finalmente lo tuvieron que soltar porque no había pruebas de lo que lo acusaban: “portación ilícita de armas”, dijeron.

En 2019, los ejidatarios denunciaron que la empresa se negaba a retirarse pese a contar con una resolución de la Suprema Corte a su favor. Jesus Thomas, representante de los ejidatarios, señaló que “los señores (empresarios) se han amparado 77 veces, todos los han perdido, sin embargo siguen con una gran cantidad de personas que se hacen llamar ‘Protección Federal’, quienes amedrentan a la gente”.

Los ejidatarios han sufrido amenazas, han sido privados de la libertad, les han sembrado armamento. El ejército ha incursionado dentro del ejido innumerables veces. Foto: Pie de Página

La denuncia actual

El 15 de septiembre, los ejidatarios presentaron una denuncia ante el General de Brigada Jaime Enrique Félix Jiménez, comandante de la 45/a Zona Militar. Al día siguiente, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República que no fue aceptada.

En el documento, los ejidatarios denuncian “intromisión a nuestras tierras y violación de nuestros derechos humanos” por parte del personal y soldados oficiales. Relatan que fueron objeto de extorsiones, detenciones arbitrarias, violación de domicilios, daños y robo de pertenencias. Fueron golpeados, maltratados y amenazados con dispararles. Les ordenaron tirarse al piso y ponerse de rodillas. Todo sin un mandamiento escrito de autoridad competente.

También denuncian que el ejido destinó voluntariamente su territorio a un área natural protegida para conservación de la fauna y flora silvestre. El 15 de agosto de 2023, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas expidió el certificado CONANP-536/2023 que reconoce al ejido como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación.

Jesús Thomas señala que “la mina tiene maiceados a oficiales del ejército que están apersonados en la zona de la mina Soledad y Dipolos. Les dan facilidades, beneficios, y el ejército básicamente cumple como una guardia de seguridad”.

La Comisión de Áreas Naturales Protegidas reconoce al ejido como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación. Foto: Pie de Página

Una historia de resistencia

Hemos perdido a cuatro compañeros, somos objeto de persecución por parte del Estado con la criminalización de la resistencia. Hemos tenido más de doce encarcelados y todavía tenemos órdenes de aprehensión vigentes”, relata Thomas. “Lo único que me queda es una desesperanza inmensa porque ves que el Estado mexicano no te protege. Siempre está a favor del capital”.

A pesar de todo, los ejidatarios de El Bajío no piensan rendirse. “Vamos a poner una denuncia ante la 45/a Zona Militar de Nogales. No se debe quedar así, porque si lo dejamos, esto va a seguir”, afirma Erasmo Santiago.

Y hace una denuncia pública: “Le hago una denuncia públicamente a la presidenta de la República, si nos oye en esta conversación, y a todos los jefes de los soldados: no hagan rapiñas porque ellos no conocen las necesidades de las comunidades, de los ejidos, de la gente que estamos donde no hay trabajo, porque nosotros estamos batallando para tener los alimentos. No es justo que lleguen haciendo la rapiña a los alimentos ni hostigar a la gente”.

El mensaje final de Jesús Thomas es de acompañamiento y resistencia: “Esperamos y mandamos un acompañamiento a que las otras comunidades campesinas, agrarias, defensoras del territorio que sufren también los embates del Estado puedan reflejarse en la lucha del ejido El Bajío y puedan hermanarse y acompañarse en todas estas tareas. Que no se desista nunca“.