En un contexto donde la matriz energética se bifurca y apuesta por la descarbonización, los países del Sur Global aparecen como puntos estratégicos. “Antes el petróleo quedaba lejos, ahora el sol, el agua y el viento los tenemos en nuestros territorios”, dice Fernando Duarte integrante del MST.

En los últimos años, Brasil ha multiplicado sus proyectos de energía limpia y actualmente el 24% de la energía que produce es eólica y solar. Sin embargo, el peligro es reproducir el esquema ya conocido: extracción y desigualdad. El panorama de crecimiento contrasta con las realidades rurales que aún no tienen acceso estable a agua o electricidad, y que muchas veces son los territorios en donde funcionan estos “proyectos verdes”

En los asentamientos del MST existen pequeñas usinas solares o eólicas que autoabastecen a las comunidades. La gestión comunitaria de energía es una de las reivindicaciones que el MST incluye en el derecho a la tierra y una forma de disputar soberanía energética y territorial.

Energía limpia, territorios desiguales

Brasil es hoy uno de los países donde más rápido crece la generación eléctrica renovable. El Nordeste del país, zona donde se desarrolló la COP30, concentra enormes parques eólicos y fotovoltaicos que abastecen al sistema interconectado nacional. Sin embargo, esa expansión convive con panoramas opuestos. “Tenés un parque fotovoltaico a diez cuadras de una comunidad que no tiene ni agua ni electricidad”, dice Fernando Duarte.

El mismo problema existe a escala continental. El modelo dominante de transición energética se apoya en mega-proyectos corporativos, con capitales extranjeros y una lógica extractiva que desplaza comunidades, concentra beneficios y deja escaso impacto positivo en los territorios. “La crisis ambiental generada por el norte global ahora abre nuevos mercados para esas mismas corporaciones. Es una reinvención del capitalismo”, dice Duarte. La transición avanza, pero lo hace bajo las reglas de siempre.

En los asentamientos del MST ubicados a lo largo y ancho de Brasil, existen más de 185 cooperativas y 1.900 asociaciones que gestionan 120 pequeñas y medianas agroindustrias. Las familias allí, abastecen al 70% del país con la producción de alimentos como arroz, leche, carne, café, cacao, semillas, yuca, caña de azúcar y granos.

Los proyectos de generación, distribución y gestión de energía son a través de sistemas de abastecimiento de agua con energía solar (bombas solares), sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia, peceras agroecológicas y sistemas de energía solar fotovoltaica, que sirven para abastecer la producción de alimentos e independizarse de AXIA energía, la empresa eléctrica más grande de Brasil- antes la nacional Eletrobras-privatizada en 2022.

 “El abastecimiento individual ya es una realidad, ahora lo que buscamos es fortalecer más las cooperativas de energía capaces de gestionar su propio abastecimiento”, explica Duarte quien ha asistido en la instalación técnica en proyectos ubicados en Río Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Pernambuco, Paraíba.

“La matriz energética actual está pensada para grandes proyectos de 100 o 200 megas que equivale al abastecimiento de 300 mil o 400 mil familias, pero eso no resuelve las necesidades reales de los territorios”, explica. El modelo de la descarbonización prioriza la escala industrial y se despliega muchas veces a costa de comunidades desplazadas o invisibilizadas. El MST propone invertir el orden: que las comunidades produzcan su propia energía.

Algunos paneles solares fueron comprados por financiamientos internacionales y de ONGs. “La tecnología funciona. Lo que falta es masificarla”, resume Duarte. Los avances más importantes se logran cuando hay alianzas entre el Estado nacional, las Universidades y los Movimientos sociales, sindicatos o cooperativas.

“El año que viene se dictará el primer curso superior en energías renovables destinado exclusivamente a hijos e hijas de familias de la reforma agraria de Brasil”, dijo Fernando. El trayecto formativo impulsado por el Ministerio de Educación de Brasil, las Universidades Nacionales y el MST comenzará a dictarse en 2025 y apunta a formar cuadros capaces de instalar, operar y mantener sistemas comunitarios.

En muchos asentamientos del MST, la llegada de la energía comunitaria no solo resuelve necesidades básicas: también cambia la relación de las familias con el territorio. Estos sistemas productivos energéticos generan puestos de trabajo y la necesidad de que haya cuadros técnicos capaces de gestionarlo. La gestión comunitaria de energía se convierte en política pública capaz de fortalecer la vida rural y garantizar que los territorios sigan habitados por quienes los trabajan y los sostienen. “No hace falta que todos sean ingenieros. Lo importante es formar personas que puedan sostener los proyectos en sus territorios”, detalla Duarte.

“Hoy la gente en Argentina se endeuda para comer. Es imposible pensar en volverse eléctricamente independiente”

Mientras Brasil multiplica estas experiencias, en Argentina el retroceso histórico del rol de las cooperativas eléctricas deja ver de lejos el horizonte de la electro independencia.

En Argentina hay más de 500 cooperativas eléctricas que distribuyen energía. Sin embargo, a partir de las privatizaciones de los años 90 casi ninguna puede generar su propia electricidad en escala relevante. La mayoría quedaron relegadas a tareas de distribución, sujetas a marcos regulatorios provinciales que limitaban su capacidad de producir y reinvertir.

Esa diferencia es clave cuando se compara con Brasil: mientras el MST promueve que las cooperativas rurales vuelvan a ser actores centrales —con microparques solares o pequeñas usinas de 50 a 300 kW—, en Argentina esas mismas organizaciones están sujetas a restricciones legales y económicas que las dejan fuera del proceso de transición.“Si la cooperativa solo distribuye y no genera, su comunidad depende de una decisión externa. Ahí se pierde la autonomía energética”.

En Argentina lo que existen son proyectos de mediana y gran escala gestionados, en su mayoría, por empresas privadas. Los parques eólicos de la costa bonaerense y la Patagonia, los parques solares de San Juan y La Rioja, y las plantas de biogás en Santa Fe y Córdoba, son algunos, aunque orientado al mercado eléctrico mayorista o a clientes industriales.

El contraste más claro está en el financiamiento: En Brasil existen empresas que ofrecen créditos accesibles para instalar paneles solares. En Argentina, las familias deben recurrir a la banca tradicional, una barrera insalvable para sectores populares en un contexto de crisis económica. “Hoy la gente en Argentina se endeuda para comer. Es imposible pensar en endeudarse para volverse eléctricamente independiente”, advierte Duarte.

El costo mensual de un crédito para paneles solares equivale casi al valor de una factura eléctrica promedio. La diferencia es que, al cabo de cinco o seis años, el crédito termina, y la energía pasa a ser gratuita durante otros 15 o 20 años. “Al principio no ves el beneficio. Pero cuando terminás de pagar, te queda la energía limpia por dos décadas”, remarca el militante del MST.

“La transición energética no es solo bajar emisiones. Es decidir quién controla la energía. Si las cooperativas vuelven a generar, el territorio recupera poder”, asegura Duarte. Por eso, a pesar de la expansión de renovables que no dejó exenta a Argentina, la transición energética aún no incorpora de forma plena a sus actores históricos.

En lugar de depender únicamente de megaproyectos corporativos, Argentina podría “volver a encender la energía desde abajo”, recuperando capacidades que existieron durante décadas y convirtiendo a las cooperativas en agentes centrales de arraigo, autonomía y desarrollo local en el contexto de la transición energética global.