*Laura Capote es integrante del Observatorio de América Latina y el Caribe OBSAL, Instituto Tricontinental de Investigación Social)
La primera semana de abril estuvo marcada por las movilizaciones que tuvieron lugar en diferentes localidades de Perú, donde manifestantes, con la camiseta de la selección nacional, pedían la renuncia del presidente Pedro Castillo por su supuesta incapacidad de gobernar. Los coletazos de la guerra en Ucrania han llegado a nuestra región con un contexto internacional de alza de precios de los alimentos y algunos bienes básicos, impactando aún más la situación económica de la región, que recién se empieza a recuperar con tímidos pasos de la crisis social arrastrada por el modelo neoliberal, y profundizada por la pandemia en los dos últimos años.
En el caso de Perú, el 28 de marzo se anunció el aumento del precio de los combustibles, que llevó al anuncio de un paro de transportistas de la Unión de Gremio de Transporte Multimodal de Perú, que inició en las ciudades de Huancayo y Arequipa. La misma tuvo un alcance nacional, con el apoyo a los reclamos del gremio y por parte de diferentes sectores sociales, que reclamaban por los altos precios de los servicios públicos y la vida en general. Se presentaron manifestaciones en el Centro y oriente del país, en el Sur con el bloqueo de la vía panamericana, y en el norte en particular las localidades de Trujillo y Piura. Además de las manifestaciones en la capital del país, donde hubo algunos saqueos y situaciones de violencia.
La respuesta institucional fue la declaración del estado de emergencia por parte del presidente Castillo y el toque de queda en el Callao y Lima, con el objetivo de “proteger los intereses de la comunidad”. Hecho que desató un fuerte rechazo y llevó a decenas de personas a manifestarse contra esta inmovilización obligatoria, desencadenando finalmente el retiro de la medida por parte del presidente y la presentación de sus disculpas a los manifestantes.
Sin embargo, vale la pena entender el contexto general en el que se ubican estas manifestaciones, y preguntarnos si pueden ser expresión de una mezcla entre reclamos generalizados por las condiciones de vida y el aumento de los precios, e intentos de golpe blando contra el gobierno de Pedro Castillo, que ha estado amenazado desde antes de asumir la primera magistratura.
A: Una particularidad institucional
¿Cómo es posible que en Perú haya tantos presidentes destituidos en tan poco tiempo, y tantos gabinetes que deban ser aprobados por el Congreso?
A diferencia de los demás países de la región, Perú tiene un sistema mixto, semi parlamentario, donde el Congreso tiene un rol central en la gobernabilidad del país producto de dos herramientas fundamentales: la primera es que tiene la capacidad de ratificar o no los ministros que nombra el Ejecutivo. De esta manera, depende exclusivamente del poder legislativo que un presidente pueda empezar a gobernar con su gabinete de confianza, o tenga que encontrarse con permanentes cuestionamientos, como ha pasado con cada gabinete que Castillo busca conformar desde su triunfo en las elecciones presidenciales.
A esta herramienta, se suma la figura de la vacancia presidencial por “incapacidad moral”, que lejos de ser una cruzada por la moralidad en la política peruana, es un mecanismo contemplado por la Constitución Nacional, cuyo objetivo es el ejercicio de control político por parte del Congreso sobre el trabajo del ejecutivo para determinar si tiene incapacidad de cumplir con el ejercicio de sus funciones. Lo que implica concretamente que, un ejecutivo sin mayorías en el Congreso no tiene ninguna posibilidad de gobernabilidad sin que haya amenazas permanentes a su continuidad.
Solo en ese marco es comprensible que en 8 meses el congreso peruano haya intentado vacar a Castillo dos veces, y el presidente haya tenido que presentar cuatro nuevos gabinetes para ser aprobados por el poder legislativo.
Actualmente, la oposición es mayoritaria en el Congreso; tan así, que el pasado 7 de abril el organismo aprobó, por 61 votos a favor, 43 en contra y 1 abstención, “exhortar” al presidente –de forma no vinculante– a “presentar su renuncia irrevocable de forma inmediata por el bien moral de la Nación”.
B: Una derecha peruana que no da tregua
La derecha peruana, una de las más enraizadas de la región producto de la permanencia del modelo neoliberal implementado por el ex dictador Alberto Fujimori –recientemente liberado de prisión a pesar de haber cometido crímenes de lesa humanidad–, ha caracterizado hace décadas una fuerte ofensiva contra los sectores populares, que en diversas ocasiones se han propuesto llegar al poder en el país.
Esta derecha se ha resistido sistemáticamente a aceptar la participación de otros actores en la política nacional, y ha consolidado el sistema semi parlamentario que mencionamos anteriormente, negándose a adelantar una Constituyente que permita una transformación realmente democrática para el Perú.
De esta manera, valiéndose no sólo de sus posibilidades institucionales –negar la aprobación del gabinete y amenazar de forma constante con la vacancia presidencial- , ha logrado canalizar desde su derrota en la segunda vuelta una fuerte ofensiva que logra incluso instrumentalizar reclamos como los sucedidos producto del descontento general por el alza de los precios, para avanzar en su obsesión con obligar al presidente a presentar su renuncia.
De esta manera, han estado presentes en las movilizaciones bajo la consigna de la renuncia, y apelando a una supuesta autoridad moral que no resiste la proximidad de un espejo. Lo que puede abrir las sospechas, por lo menos para dar el beneficio de la duda, de que en Perú se puede estar cocinando lo que ya hemos conocido en nuestra región como intentos de golpes blandos que, aprovechando el malestar general, impulsan la destitución de gobiernos de corte progresista.
C: Un líder de izquierda que no ha sido tal
Como si faltara algún ingrediente a este difícil panorama, tampoco la gestión de ocho meses de Castillo ha sido precisamente color de rosa: a las profundas diferencias marcadas entre el presidente y el partido de gobierno, Perú Libre,-donde inclusive parte de la bancada se encuentra en la oposición por “traicionar sus promesas de campaña”-, se han sumado medidas en lo nacional y regional que han decepcionado a importantes sectores progresistas y de la izquierda peruana.
El sueño que se materializaba con la victoria de un maestro rural a las presidencia del país, empezó de a poco a desmoronarse con las decisiones de El Profe: la destitución a días de su nombramiento del Canciller Héctor Béjar, la marginación progresiva de figuras de Perú Libre de la composición ministerial, la inclusión en su gabinete de líderes vinculados con la derecha como Héctor Valer o Aníbal Torres y la ausencia del proyecto de Constituyente que configuró una de sus principales banderas de campaña.
Otros puntos polémicos fueron la decisión de la militarización de las ciudades para tareas de seguridad, se suman a sus acercamientos a la derecha regional con la visita de Luis Almagro, secretario general de la OEA, a Perú, y la firma de compromisos en la “lucha contra el terrorismo” con Colombia, prenden las alarmas del corte cada vez más lejano de la izquierda o el progresismo que va tomando el gobierno de Castillo.
Ante este panorama, es preciso preguntarse: ¿Qué tanto más podría avanzar el presidente en lo que fue su contrato electoral, con una institucionalidad y una permanente ofensiva de la derecha de las características peruanas? ¿Los permanentes reclamos de la izquierda y el progresismo local son fundamentales para la corrección de su rumbo, o por el contrario pueden ser el caldo de cultivo para una salida por derecha?
Lo veremos en los próximos meses, si Castillo logra sortear los permanentes intentos de la oposición de retirarlo del cargo, y logra terminar su mandato por el tiempo por el que fue electo. Lo que en la historia reciente de Perú parece toda una hazaña.
