Ese día, ninguno de los presentes hubiera imaginado que, tan solo un año después, el país estaría atravesando una de las crisis más profundas de su historia reciente. Los aplausos, rebosantes de confianza, resonaban en el Centro de Convenciones Atlapa mientras políticos tradicionales, empresarios y funcionarios estadounidenses se felicitaban mutuamente.
El 1 de julio de 2024, José Raúl Mulino asumió oficialmente la presidencia de Panamá tras ganar las elecciones con casi el 35 % de los votos, una ventaja de casi 10 puntos porcentuales sobre su principal competidor.
Desde entonces, su gobierno ha estado marcado por una política exterior que, incluso a costa de sacrificar parte de la soberanía nacional, refleja una alineación clara hacia Washington. Esta orientación ha desencadenado uno de los ciclos de protesta más importantes de las últimas décadas, ante el cual el Ejecutivo ha respondido con una escalada represiva sin precedentes, caracterizada por graves violaciones a los derechos humanos.
Desde su juramentación, Mulino dejó en claro que adoptaría la agenda migratoria de Estados Unidos. En su discurso inaugural, enfatizó que bajo su gobierno Panamá no sería un país de tránsito para migrantes. Un mensaje que anticipaba una política migratoria dura y excluyente.
En un gesto simbólico, ese mismo día, el canciller Javier Martínez-Acha y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, firmaron un acuerdo mediante el cual Washington se comprometió a cubrir los gastos de transporte y logística para la repatriación de migrantes que ingresaran ilegalmente por la selva del Darién.
Aunque el gobierno justificó esta medida como parte de una estrategia de seguridad nacional, sectores opositores y activistas denunciaron que profundizaba la criminalización de la migración y violaba tratados internacionales ratificados por Panamá.
Poco después de asumir el cargo, Mulino ordenó “cerrar la selva del Darién” —frontera con Colombia— mediante el despliegue de fuerzas militares y policiales, así como la instalación de alambres de púas, con el objetivo de impedir el paso de migrantes por una de las zonas más peligrosas del continente.
Estas polémicas medidas generaron críticas inmediatas. El gobierno de Gustavo Petro advirtió que únicamente expondrían a los migrantes a mayores riesgos. Organizaciones internacionales de derechos humanos también expresaron su preocupación, señalando el impacto negativo tanto en migrantes como en comunidades indígenas, como los emberá y waunana, cuyo acceso a tierras ancestrales quedó restringido.
La militarización del Canal y el aumento de la presencia estadounidense
Durante su campaña, Mulino aseguró que una de sus máximas prioridades sería reformar el sistema de pensiones, algo que gobiernos anteriores habían intentado sin éxito. Sin embargo, el gobierno avanzó rápidamente en la aprobación de la Ley 462, una reforma al sistema de seguridad social que entró en vigor en marzo de 2025 sin consenso social ni consulta ciudadana.
Esta ley elimina el principio de solidaridad intergeneracional e introduce un modelo de cuentas individuales, considerado por expertos y sindicatos como un primer paso hacia la privatización del sistema previsional. La medida despertó indignación generalizada y dio lugar a movilizaciones masivas lideradas por sindicatos y movimientos sociales.
Como respuesta, el gobierno aplicó una creciente represión estatal. Durante la jornada de protestas del 13 de febrero, se registraron al menos 480 detenidos.
La intensidad de la represión coincidió con la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien realizó su primer viaje oficial como jefe del Departamento de Estado apenas unos días antes. Demostrando la importancia que la administración Trump otorgaba a Panamá —país que había sido blanco de amenazas directas durante la campaña electoral del presidente estadounidense—, Rubio exigió “cambios inmediatos” en la gestión del Canal.
Ante esto, el gobierno panameño accedió a no renovar el acuerdo bilateral con China dentro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, una decisión tomada sin razones económicas aparentes, salvo el cumplimiento de exigencias estadounidenses. Rubio calificó la noticia como un “gran paso adelante” en las relaciones bilaterales.
En medio de una creciente tensión política interna, el 9 de abril, el gobierno de José Raúl Mulino firmó un acuerdo con Estados Unidos que permite el despliegue de tropas estadounidenses en el Canal de Panamá. Este pacto fue rubricado durante la visita del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y fue negociado y aprobado sin debate parlamentario ni consulta pública.
La firma del acuerdo generó indignación social. Para sindicatos y movimientos sociales, representó una ofensa a la soberanía nacional, ya que autoriza al personal estadounidense a permanecer temporalmente en territorio panameño, además de prever ejercicios militares y otras formas de cooperación no especificadas.
Represión y violaciones a los derechos humanos
Como respuesta a la oposición popular, organizaciones sociales y sindicatos convocaron a un paro general indefinido que comenzó el 23 de abril. Frente al creciente malestar, el gobierno de Mulino optó por intensificar la represión. El país se encuentra prácticamente militarizado, con fuerzas policiales desplegadas en terminales de transporte, universidades, comunidades rurales y centros comerciales.
La represión alcanzó niveles sin precedentes. Decenas de dirigentes sociales y sindicales fueron detenidos, incluso en sus propias casas. Movimientos indígenas denunciaron hostigamiento por parte de fuerzas parapoliciales, mientras varias personas fueron asesinadas por las fuerzas policiales.
En medio de un inédito apagón mediático, Bocas del Toro —uno de los principales focos de resistencia popular— se convirtió en el epicentro de una represión feroz. Allí, trabajadores bananeros, comunidades originarias, docentes y empleados han protagonizado bloqueos de carreteras y enfrentamientos con las autoridades en una lucha sostenida.
A finales de mayo, el gobierno declaró el “estado de emergencia” en la provincia, suspendiendo garantías constitucionales y derechos fundamentales. La medida fue justificada bajo el artículo 55 de la Constitución, que permite tales suspensiones en casos de “perturbación interna”. Además, bajo el nombre de “Operación Omega”, se desplegaron más de 1.300 fuerzas represivas en la zona.
Las acciones de las fuerzas de seguridad han sido denunciadas por múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y maltratos a detenidos. Fuentes consultadas en la zona por Brasil de Fato afirman que al menos 5 personas fueron asesinadas, incluyendo una niña de 2 años y otras 10 personas continúan desaparecidas. En este momento, grupos de abogados de sindicatos y movimientos sociales preparan un informe para presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En comunidades indígenas como Ngöbe Buglé y Arimae, en la región del Darién, operativos violentos llevados a cabo por SENAFRONT y la Policía Nacional han provocado el desplazamiento forzado de familias enteras hacia zonas montañosas.
A pesar de la represión, las luchas sociales continúan de forma ininterrumpida desde hace más de dos meses. La confianza ciudadana en el presidente ha caído estrepitosamente, y según una encuesta reciente realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá , más del 80 % de la población considera que el gobierno de Mulino no representa los intereses de la mayoría. Mientras que el optimismo sobre el futuro del país ha descendido del 66,6 % al 15,8 %.
