Una investigación realizada por el portal eldiarioAR en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) destapó un entramado financiero que involucra a Romina Aldana Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y figura clave del espacio de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires.
El reporte expone la adquisición de cinco propiedades en Miami, Estados Unidos, por un valor total de 2,6 millones de dólares, a través de sociedades offshore no declaradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Diago, quien se desempeñó como asesora en diversos organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aparece vinculada a un esquema de sociedades registradas en paraísos fiscales que conducen directamente a los bienes en Florida.
Entre 2014 y 2017, ocupó cargos clave bajo la órbita de funcionarios del PRO, incluyendo su rol en el Consejo de la Magistratura y la Auditoría General de la Ciudad.
La investigación, firmada por Emilia Delfino, reveló que una de las propiedades en Miami fue adquirida a una sociedad que anteriormente perteneció a Juan Pazo, actual director de ARCA, organismo sucesor de la AFIP, designado por el gobierno de Javier Milei. Pazo es considerado un hombre de confianza del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
Cristian Ritondo, quien se encuentra entre los legisladores con mayor patrimonio de la Cámara baja, declaró en 2023 un total de 1.541 millones de pesos, un aumento del 1.709% respecto al año anterior. Sin embargo, las propiedades en Miami y las sociedades vinculadas a su esposa no figuran en ninguna de sus declaraciones juradas presentadas entre 2018 y 2023.
Además, los documentos filtrados por los Pandora Papers indican que Diago estipuló que Ritondo asumiría como administrador de los bienes en caso de su muerte o incapacidad, designando a sus hijos como beneficiarios finales.
La omisión de bienes en las declaraciones juradas constituye un delito tipificado en la legislación argentina, que puede implicar penas de hasta dos años de prisión si se prueba la intención de ocultar información al Estado. Este caso podría abrir una nueva polémica en torno a la transparencia de los funcionarios públicos y el uso de estructuras offshore para eludir controles fiscales.
La magnitud de las revelaciones pone nuevamente en el centro de la escena la relación entre el poder político, las finanzas internacionales y el ocultamiento patrimonial. El silencio de Ritondo y Diago, hasta el momento, solo profundiza las sospechas sobre el origen y la finalidad de los bienes involucrados.
