Una Misión Internacional presentó en Ginebra, Suiza, un informe donde acusa al Gobierno de Venezuela de cometer crímenes de lesa humanidad. El informe presenta serios errores en el contenido, metodología de elaboración y en sus objetivos. El Gobierno Venezolano presentó su propio informe sobre Derechos Humanos en el país como réplica.

Por Julián Inzaugarat

La Misión Internacional Independiente de determinación de hechos sobre Venezuela, que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó este miércoles en Ginebra, Suiza, las conclusiones de las investigaciones que llevó a cabo el último año, donde acusan al Gobierno de Venezuela de crímenes de lesa humanidad.

Marta Valiñas, jefa de la misión de la ONU, manifestó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos que ocurrieron graves violaciones en Venezuela desde 2014 que habrían sido perpetuadas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia, tanto civil como militar.

Sin embargo, la Misión Internacional ofrece un panorama general, sin pruebas y sin escuchar al Estado venezolano con lo cual se incurre en violación del debido proceso.  Asimismo son varias las inconsistencias de la Misión Internacional Independiente de determinación de hechos sobre Venezuela.

En primer lugar, la creación de la «Comisión Internacional» y sus integrantes está marcada por la arbitrariedad. El mecanismo de constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Internacional ha sido realizado en un escenario de opacidad absoluta.  

Entre los integrantes de la “Comisión Internacional” se encuentra un abogado de origen chileno; Francisco Cox; ligado directamente a la defensa jurídica de los represores de la Dictadura de Pinochet ante las instancias judiciales, que mantiene relaciones con antiguos integrantes del alto gobierno de esa dictadura y con la extrema derecha chilena. Un abogado que fue designado por el ex presidente mexicano Peña Nieto, actualmente investigado por corrupción y crimen organizado, para supuestamente investigar la desaparición forzosa de 43 estudiantes de Ayotzinapa y cuyas gestiones fueron cuestionadas por familiares de las víctimas, también forma parte de esta Comisión

Asimismo, se seleccionaron tres integrantes; Marta Valiñas (Portugal) y los señores Francisco Cox Vial (Chile) y Paul Seils (Reino Unido); cuyos gobiernos han desconocido la institucionalidad democrática venezolana y son fervientes ejecutores del bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo venezolano, que ha generado implicado graves daños a la vida, salud y alimentación.

Otro de los puntos flacos del Informe es la metodología elegida. Lo que más destaca es la ausencia de rigor académico y, sobre todo, del seguimiento de los principios fundamentales para el establecimiento de la verdad en casos de derechos humanos, entre ellos, la imparcialidad, equilibrio y ponderación.

En este sentido, la Comisión nunca se traslado a Venezuela, por lo que no tuvo acceso directo a las fuentes consultadas, incluyendo las víctimas, funcionarios públicos y actas procesales. Asimismo, la Comisión declara en el párrafo 2 de su informe que optó por tercerizar la investigación para la elaboración del informe en un grupo de 13 personas asentadas en Panamá, cuya identidad, profesión e idoneidad se desconoce, pero que sobre todo que no fueron designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Se trata de concesiones a privados, cuya selección se caracterizó por la más absoluta falta de transparencia. En donde además se incluyen «expertos militares» para una misión de estricta naturaleza civil y de derechos humanos.

Las fuentes consultadas no presentan ningún valor probatorio. Según declaró la Comisión en el párrafo 10 de su Informe, las fuentes son de «información de dominio público» encontradas en «redes sociales, (especialmente Facebook, Twitter, Instagram y YouTubev), blogs, artículos de opinión», sin entrar a debatir sobre el valor probatorio que puede otorgarse a estos medios y sus contenidos.

Otra de las fuentes consultadas fue el General Christopher Figuera, que según reconoce expresamente la Comisión es uno de los responsables del golpe de Estado contra el Presidente Maduro el 30 abril de 2020.

Ante ese escenario de irregularidades, el Gobierno de Venezuela entregó a la ONU informe alternativo sobre Derechos Humanos en el país. En el informe de 112 páginas, el Gobierno bolivariano se basa en acciones judiciales tomadas por las distintas instancias venezolanas en los últimos tres años contra violadores de derechos humanos y fue construida junto a activistas que defienden esta materia en el país.

Contra el informe organizado por la “Misión Internacional Independiente” el Gobierno de Nicolás Madura explicó que “de la revisión de los 48 casos de estudio que la Misión seleccionó en su informe se contabilizaron 1.063 referencias unívocas, distribuidas según su tipo en un 50,05% de referencias a redes sociales y medios digitales, un 19,38% a instituciones públicas y órganos de seguridad, un 11,10% de testimonios de testigos y familiares, un 5,17% a organizaciones no gubernamentales, un 3,48% de testimonios de víctimas, un 2,73% de documentos y opiniones de expertos”.

En ese sentido, el Gobierno Venezolano sostiene que “el informe está construido a partir de fuentes que, en un 85,42% son secundarias, con apenas un 14,58% de referencias a testimonios de víctimas, testigos y familiares de las víctimas”.

Asimismo, el informe venezolano sostiene que la “Misión Internacional Independiente” surge a pedido del Grupo Lima en su espíritu intervencionista sobre Venezuela. En ese sentido, el Gobierno Venezolano sostiene que el reforzamiento de las relaciones de cooperación de Venezuela con la Oficina del la Alto Comisionado, encabezada por Michelle Bachelet,  basadas en el respeto de las normas que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, generó un obstáculo para las pretensiones de imponer el cambio de régimen a partir del discurso de los derechos humanos.

“Por tal razón, el Grupo de Lima, siguiendo el mandato de los Estados Unidos de América, y con el apoyo de la Unión Europea (UE) promovió la resolución 42/25, la cual fue adoptada el 27 de septiembre de 2019 por la votación favorable de solo el 40% de los miembros de Consejo de Derechos Humanos. Esta Resolución dio origen a la infame Misión de Verificación de Hechos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, otorgándole un mandato cuyo principal objetivo es desacreditar al Gobierno Bolivariano y las instituciones del Estado venezolana en materia de derechos humanos. Los 19 Estados que votaron a favor de dicha Resolución no reconocían al Presidente Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quedando patente los objetivos políticos de esa iniciativa” concluyó el informe presentado por el Estado Venezolano.