Puja distributiva, ¿una historia sin fin?

Por Diego Motto

En estas semanas, el Frente de Todos, con Alberto Fernández y Martín Guzmán a la cabeza, se encuentran en plena tarea de conformar un “acuerdo de precios y salarios” para el 2021. El propósito de esta iniciativa es acordar con cámaras empresariales y centrales sindicales que los porcentajes de suba de precios , servicios y aumentos de salarios sean parejos.

De resultar parcialmente positivo, este acuerdo sería útil para darle mayor previsibilidad a la economía doméstica e incentivar la inversión privada en el marcado interno. Y serviría también para detener la pérdida de poder de compra de los salarios o revertir algunos puntos de todo lo perdido durante el gobierno de Macri y el 2020. El “acuerdo de precios y salarios” es materia de especulaciones y operaciones en varios planos y se desarrollará por lo menos hasta entrado marzo, cuando si esta vez le da en la tecla con los tiempos Alberto estaría en condiciones de comunicar algunos avances.

Retrospectiva

Desde el inicio del 2020, el trabajo económico de la gestión del FdT privilegió establecer certidumbre sobre las principales variables de la macroeconomía, trabajando “de lo general a lo particular” como método para desanudar la bomba dejada por el macrismo, sumado a los efectos del Covid y a la compleja madeja de dificultades estructurales que atosigan a la matriz económica argentina.

Lo primero fue evitar el default. Mantener un Estado con apto técnico en organismos multilaterales, dejando fuera de juego juicios off shore, litigios y prendas. Guzmán cliqueó la pizarra con el tilde al firmar acuerdo con bonistas en moneda extranjera y el Congreso hizo lo propio con deuda en moneda local, antes de que termine el invierno.

Acto seguido, el comando económico del ejecutivo debió batallar contra los intentos de algunos sectores concentrados por llevar el dólar a 3 cifras en pesos, lo que hubiera significado una devaluación rampante, liquidadora del ya menguado poder de compra de amplias franjas de trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Antes de que arranque diciembre esa variable logró ser despejada, quedando para el arranque de este año acomodar precios, salarios e impuestos, en función de completar un esquema que dote de previsibilidad a la economía doméstica para el resto del 2021.

La estabilización de estas dos variables de la macroeconomía se lograron también gracias a concesiones de peso al poder económico concentrado e implicaron, entre otras cosas, el no pago del 5to IFE.

¿Cómo está armado el ring de la puja distributiva?

“Es difícil llegar a un acuerdo de precios y salarios, ya que en Argentina la puja distributiva es especialmente persistente”, dijo Cecilia Todesca, Vicejefa de Gabinete de la Nación, el fin de semana en Radio La Red. ¿A qué se refiere?

En Argentina los umbrales de tolerancia frente a las injusticias son bajos, en comparación con otros países de la región o del tercer mundo en general. Las opresiones, exclusiones, violencias, niveles de explotación, son vividos como injusticias por amplias capas de la sociedad, lo que funciona como caldo de cultivo para el florecimiento de movimientos populares de masas, con importante capacidad de negociación, presión, empuje. Este fenómeno es transversal, por lo que atañe campos disímiles como la memoria histórica sobre la última dictadura militar, el rechazo a femicidios o la organización y lucha por derechos laborales y mejores condiciones de trabajo.

Este fenómeno confronta con una elite económica que cuenta con una fuerte capacidad de operación en el plano político, económico, mediático y judicial. Las elites argentinas, además, están acostumbradas a negocios rápidos, de alta dependencia con potencias extranjeras y altas tasas de rentabilidad. Lejos de un perfil emprendedor o de apuesta al mediano plazo, el poder de incidencia en la realidad de estos sectores se suma a su afecto por el “dinero fácil”.

La realidad económico-social en nuestro país se maneja desde hace algunas décadas en una pelea entre un movimiento popular muy dinámico, que no se resigna e insiste en exigir mejores condiciones de vida a cambio de estabilidad política (a cambio de éxito electoral, de “gobernabilidad”), versus unas elites económicas que, ante cada ampliación de derechos o aumento de la capacidad de compra de quienes viven de un salario, pretenden aumentar sus márgenes de ganancia. Suben los sueldos, suben los precios, el sueldo no alcanza, se disputan mejores condiciones, las elites aprovechan para ampliar tasas de ganancia vía aumento de precios o desabastecimiento u otras maniobras, y así vuelta tras vuelta, año tras año.

Que esta mecánica se mantenga no significa que la puja distributiva esté absolutamente empatada. Una mirada de largo plazo indica una victoria por puntos (sin nockaut) de las elites, que van trabajando con paciencia pero sin descanso para lograr un resultado definitorio.

Límites y transformaciones

Un Estado presente, pero sobre todo fuerte y con legitimidad, puede ponerle pausa (al menos por este año) a este mecanismo de disputa que produce inflación de manera sistémica en nuestra economía. La biografía presidencial de Alberto, con titubeos a la vista como en el caso Vicentín, invitan a dudar del éxito de esta posibilidad. Del otro lado de la balanza, es preciso reconocer que el comando económico de esta gestión logró estabilizar otras variables macroeconómicas, como el valor del dólar o el pacto con bonistas, aún a costa de concesiones relevantes.

En las próximas semanas quedará a la vista el grado de éxito o fracaso de la iniciativa. De resultar al menos en un alto porcentaje positiva, transitaremos un año electoral con mayor dinamismo económico, inversión y consumo interno, y también algunos módicos grados de movilidad social ascendente y reducción de índices de pobreza e indigencia. De todas maneras, conviene mantener presente que mientras no se transforme la naturaleza de los actores que componen la puja distributiva, el fenómeno más o menos activo, como un volcán se mantendrá presente.

Hay quienes esperaban que el ex presidente Macri derrotara, de una vez por todas, al voluminoso movimiento popular argentino, logrando las elites de esta manera una asociación estable entre ajuste y gobernabilidad. En un sentido opuesto, hay quienes entienden necesario no sólo contener o poner en pausa a las elites económicas locales, sino también ensayar otras medidas: incentivar la renovación en determinados ámbitos productivos y fortalecer al Estado como reemplazo del sector privado, sólo o en combinaciones público-privadas de distinta naturaleza.