Por Nicolás Centurión
A esta altura se tiene la certeza de que el Gobierno de la derecha liderado por Luis Lacalle Pou concedió un pasaporte exprés a uno de los narcotraficantes más peligrosos y buscados del continente, conociendo su condición. Las filtraciones a la prensa demostraron estos hechos y las renuncias comenzaron a sucederse en la cúpula ministerial y presidencial.
Sin embargo, el gobierno no asume ninguna responsabilidad por mentir en el congreso, dañar la imagen del país y perjudicar a las instituciones uruguayas.
Las filtraciones
La cúpula del Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores fue interpelada en el parlamento y mintió sobre si conocía o no la peligrosidad de Marset. Días antes de que se produjera la interpelación, se celebró una reunión para definir la estrategia a seguir durante la misma. Diego Escuder, entonces número tres del Ministerio de Asuntos Exteriores y ahora canciller interno, estuvo presente en dicha reunión. En otras palabras, una persona involucrada en las mentiras del gobierno fue promovida a su cúpula.
El semanario Búsqueda publicó audios aportados por Carolina Ache (ex vicecanciller) a la justicia, sobre conversaciones que la ex jerarca mantuvo con el (ahora ex) canciller Francisco Bustillo relacionadas con el pasaporte otorgado por el gobierno uruguayo al narcotraficante Marset a fines de 2021.
Según el audio de la audiencia al que tuvo acceso El Observador, Ache declaró ante el fiscal Alejandro Machado que, el 25 de noviembre de 2022, el asesor presidencial la citó en la Torre Ejecutiva y, en esa conversación, en la que también estuvo presente el (ahora ex) subsecretario Guillermo Maciel, le pidió que borrara las conversaciones con el viceministro del Interior. En una reunión en la que, según el propio presidente Lacalle Pou, “sólo pasó a saludar”.
Ache presentó ante la Fiscalía documentación que implica al hoy excanciller Bustillo, quien le pidió que “perdiera” su teléfono para evitar llevar ante la Justicia la conversación que Bustillo mantuvo sobre Sebastián Marset con Guillermo Maciel, subsecretario de Interior.
“Hola, Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubai por un documento falso. Es un narcotraficante muy peligroso y pesado. Queremos saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo que sería terrible”, dice el mensaje de Marciel publicado por La Diaria, fechado el 3 de noviembre de 2021.
Mientras las filtraciones se hacían públicas y el canciller Bustillo renunciaba, Lacalle Pou estaba en Estados Unidos describiendo un país idílico. Tardó tres días en regresar y decidió no cancelar su agenda prevista en el norte del continente.
A la vuelta del viaje, dio una conferencia de prensa en la que anunció que había recibido y aceptado las renuncias del Canciller, de los números 1 y 2 del Ministerio del Interior y de su asesor de comunicación y estrategia, Roberto Lafluf.
Asimismo, el presidente exculpó a sus ex funcionarios de cualquier responsabilidad penal y dijo que habían actuado conforme a la ley.
Si está convencido de que sus empleados no han cometido ninguna ilegalidad, ¿por qué aceptó las renuncias de Heber, Maciel y Bustillo? Si Lafluf no tiene facultades de gobierno y no puede ordenar ni decidir, ¿quién le ordenó destruir las actas de las conversaciones?
Si ordenó la reunión entre Ache, Maciel y Lafluf, ¿no conocía la estrategia de mentir en sede parlamentaria? Ahora que se ha demostrado que sabía quién era Marset y conocía sus antecedentes, ¿por qué se le entregó expresamente su pasaporte?
Si sus funcionarios no hicieron nada contrario a la ley y ni siquiera asumen que fue un error administrativo, ¿por qué acepta la dimisión de los funcionarios de su gabinete?
Las declaraciones
El lunes 6, el abogado de Sebastián Marset, Alejandro Balbi, prestó declaración. En 2019, junto a su hermano Carlos, presentó un recurso de apelación contra la sentencia dictada al narcotraficante por la jueza Adriana Chamsarian.
Hoy, estas diligencias realizadas por Balbi están bajo la lupa de la Fiscalía, que tiene varias hipótesis sobre cómo procedió el abogado del narcotraficante: abuso de poder, cohecho, soborno y tráfico de influencias. Se está investigando la responsabilidad de las autoridades estatales que participaron directa o indirectamente en la entrega del pasaporte, así como la implicación de particulares en la trama.
Balbi es miembro de la Comisión de Grupos de Interés de la FIFA, miembro de la Comisión de Gobernanza y Transparencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), ex secretario general de la Asociación Uruguaya de Fútbol y presidente del Club Nacional de Fútbol.
Carolina Ache, ex vicecanciller, dijo entonces: “Conozco a Balbi desde hace mucho tiempo, no tengo relación con él, pero lo conozco por los vínculos de mi familia con el Club Nacional de Fútbol”, explicó Ache Batlle, que es abogada y sobrina nieta del ex presidente de la República Jorge Batlle. La vicecanciller Carolina Ache ha desatado la polémica en el Partido Colorado uruguayo.
Fechas a tener en cuenta:
El 17 de noviembre de 2021, Alejandro Balbi envía un whatsapp a Carolina Ache para solicitarle una reunión. El 24 de noviembre, Alejandro Balbi se reúne con Carolina Ache. El mismo día, Balbi se reúne con Alberto Lacoste, que fue el primer empleado en renunciar.
El 25 de noviembre, se imprime el pasaporte de Marset y, a petición de Balbi, se envía por correo al consulado en los Emiratos Árabes Unidos para facilitar la absolución de Marset. Además, los datos de Marset se recogieron en la cárcel, al igual que la foto del pasaporte, y la dirección facilitada fue la de un hotel de 5 estrellas. Muy fácil, ¿verdad?
Paraguay y la fuga
Sebastián Marset está prófugo con una orden de captura internacional. Se lo busca por narcotráfico a gran escala y otros delitos, entre ellos el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Su última migración legal fue desde Emiratos Árabes Unidos a principios de 2022, con un pasaporte que le otorgó el Estado uruguayo cuando estuvo preso en ese país.
Tras su paso por Paraguay, apareció recientemente en Bolivia, donde, con otro nombre, jugaba al fútbol y desde donde dirigía sus actividades delictivas.
La concesión de este pasaporte fue defendida por el Ejecutivo uruguayo con argumentos falaces. Se alegó que un decreto de 2014 le obligaba a solicitar el documento de inmediato y que quienes se lo concedieron desconocían que se trataba de un delincuente de alto riesgo.
Bajo este gobierno, los uruguayos han vivido de susto en susto, en una serie interminable de escándalos políticos que parecen no tener fin. No es sólo el escándalo del pasaporte exprés otorgado al mayor narcotraficante de la historia de Uruguay, o la venta de pasaportes a ciudadanos rusos que el jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, realizó desde la propia Torre Ejecutiva presidencial.
A ello se suman los seguimientos y espionajes ordenados contra senadores de la oposición de centroizquierda y el apoyo directo con investigaciones paralelas a un senador del Partido Nacional del presidente, Gustavo Penadés, procesado por varios delitos sexuales. Todos ellos son eslabones de un Gobierno marcado por una interminable cadena de escándalos en un Ejecutivo que vive bajo sospecha.
Lo único que merece un análisis pormenorizado es el sistema político, porque ya no hay ninguna duda de que este gobierno de la coalición de derechas multicolor ha cometido delitos flagrantes a través de toda la nomenclatura estrechamente vinculada al presidente y, por supuesto, es absolutamente imposible aceptar que el presidente no supiera o, directamente, no diera las órdenes.
Artículo publicado originalmente en Brasil de Fato
