En marzo del 2020, en plena pandemia, Luis Lacalle Pou presentó una Ley de Urgente Consideración (LUC) con cerca de 500 artículos que legislaban aspectos centrales de la vida social uruguaya: seguridad pública, reforma del Código de Procedimiento Policial, reforma del Código Civil, inteligencia del Estado, educación, el derecho a huelga, el rol del Estado en las empresas públicas, entre otras áreas.
Se trata de una Ley de transformaciones profundas y neoliberales, escondida durante la campaña electoral, y dada a conocer públicamente en enero del 2020, luego de que Lacalle fuera electo como presidente.
Por entonces, diputados y senadores tuvieron un debate de 45 días por la Cámara para la aprobación de la normativa, un mecanismo que impidió el debate y redujo al mínimo la información a la que pudo acceder la ciudadanía, la prensa, las organizaciones sociales y los partidos políticos.
Los alcances que tiene la Ley de Urgente de Consideración generan profunda controversia en el país: en síntesis, propone un modelo para los sectores concentrados de poder e inicia un proceso de mercantilización de la educación pública y liberalización de la economía uruguaya. Además, plantea un modelo punitivista en materia de seguridad, contrario a un modelo de seguridad democrático basado en los derechos humanos.
La Ley contiene en un primer capítulo más de 100 artículos sobre seguridad pública, completamente punitivista. La LUC no solo aumenta las penas, sino la reducción de las garantías procesales para el encausamiento en materia penal.
En cuanto a la educación, la norma incrementa la centralidad del Poder Ejecutivo en las decisiones y establece una menor participación de los involucrados y las organizaciones sociales representativas en las decisiones.
La nueva normativa promueve la flexibilización en el ámbito laboral, en el sistema financiero y propone cambios en la composición social de empresas estatales y la propiedad de empresas estratégicas, como ANCAP y ANTEL.
Otra polémica que desata la LUC es la llamada “libertad financiera”: la medida propone aumentar el tope máximo para hacer pagos en efectivo de 5.000 a 120.000 dólares. Con esto, se facilitarán todos los delitos precedentes del lavado de dinero.
La LUC también eliminó la disposición que establecía el pago electrónico de salarios. De esta forma, se deja en manos del empleador decidir cómo pagar el sueldo,o si pagar o no la seguridad social.
Si bien las consecuencias de esta Ley son graves para el futuro de Uruguay, ya se pueden observar los primeros cimbronazos de las mismas: en el país se han disparado los precios de los alimentos y los combustibles, las tarifas de los servicios y la inseguridad.
Principalmente, las consecuencias se deben a que hoy el precio de los combustibles está determinado por la evolución del precio del petróleo a nivel internacional, porque así está fijado en la LUC.
En materia financiera y de lavado de dinero, también se notan las consecuencias negativas. El número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de entidades no financieras cayó significativamente: pasó de 149 en 2019 a 39 en 2021.
Viejos adversarios, nuevas disputas
Si bien las disputas se renuevan y los avances sobre derechos conquistados cambian, en el referéndum del próximo domingo se enfrentan viejos conocidos. Por el lado del NO (a la derogación de la LUC), están las cámaras empresarias, la Asociación Rural del Uruguay, el diario El País, y la Coalición Multicolor. Del otro lado del SÍ (a favor de la derogación de la LUC), el Frente Amplio, organizaciones sociales y barriales, sindicatos, gremios de trabajadores, artistas y representantes de la cultura.
Cuando el Frente Amplio y diversos sectores de la sociedad comenzaron a reunir las firmas para convocar el referéndum, desde el oficialismo prefirieron subestimar la posibilidad de que se reunieran las firmas necesarias.
Cuando se entregaron más de 800.000 firmas a la Corte Electoral, el frente de gobierno decidió cambiar su estrategia y apelar al discurso del miedo, utilizado en las elecciones nacionales de 2019, ahora con su versión de “peligro de volver al pasado”.
En lo concreto, el gobierno de Lacalle Pou ha planteado que dejar sin efecto los 135 artículos discutidos de la LUC implicará ponerle un fin al cambio de orientación política decidida en 2019 por la ciudadanía uruguaya.
El panorama de cara al domingo es incierto, con una gran cantidad de indecisos se pronostica una elección pareja.
Sin embargo, el referéndum por el SI ya ha ganado batallas, independientemente del resultado. El Poder Ejecutivo postergó varias de sus políticas antipopulares para no perder votos por el NO y el Frente Amplio logró reposionarse como el aglutinador de la oposición tras la dura derrota del 2019.
Lo cierto también es que pese a que triunfe el SÍ, el domingo el Frente Amplio seguirá siendo minoría en ambas cámaras y Lacalle Pou ya anunció una serie de iniciativas que tomará independientemente el resultado del referéndum.
Indudablemente, el resultado del domingo será un cambio en la correlación de fuerzas: seguramente veamos a un gobierno fortalecido por una victoria del NO o debilitado por una victoria del SI. Lo mismo ocurre con la oposición, aglutinada en su mayoría en el Frente Amplio (FA).
En definitiva, tanto el oficialismo como la oposición ven esta instancia eleccionaria como un momento de evaluación del gobierno Multicolor y con ello se comienza a configurar la elección presidencial del 2024.