El primer año de gobierno de Javier Milei dejó un impacto devastador en la situación de los inquilinos en Argentina. Una de las primeras medidas del mandatario fue la derogación de la Ley de Alquileres, una normativa que otorgaba cierta estabilidad a quienes alquilan viviendas.
Con el decreto 70/23, que eliminó esta ley, el mercado inmobiliario quedó en manos de especuladores, con consecuencias alarmantes para millones de familias.
Durante 2024, el precio de los alquileres experimentó un aumento desproporcionado del 205%, superando con creces el índice de inflación anual del 112%, según el INDEC. Para alquileres de vivienda, el organismo informó un alza del 220% en los primeros 11 meses del año.
Esta situación no solo ha hecho inalcanzables las viviendas para muchas familias, sino que también ha provocado una crisis de desalojos. En los últimos tres meses del año, el 25% de los inquilinos sufrió desalojos económicos, es decir, fueron obligados a mudarse por no poder afrontar el aumento de los alquileres. De ellos, el 94% tenía contratos fuera del marco de la ya derogada Ley de Alquileres.
En este contexto, alquilar una vivienda se convirtió en un esfuerzo descomunal para los hogares argentinos. Durante 2024, los inquilinos destinaron el 45% de los ingresos totales del hogar al pago del alquiler. Esto llevó al 45% de ellos a reducir gastos en alimentos y a más del 48% a limitar el acceso a servicios de salud.
La precarización laboral también juega un rol crucial en esta crisis: el 51% de los inquilinos trabaja entre 9 y 12 horas diarias, mientras que el 40% tiene más de un empleo. Sin embargo, la situación no alcanza para equilibrar las finanzas: el 31% de los inquilinos busca trabajo activamente, y el 6,4% quedó desempleado en el transcurso del año.
La derogación de la Ley de Alquileres permitió que las inmobiliarias retomaran los contratos de dos años, dejando atrás el esquema de tres años que garantizaba mayor estabilidad. Según las estadísticas, el 66,5% de los inquilinos tiene contratos de dos años, mientras que el 23,4% firmó por un año o menos.
Además, el 64% de los contratos tiene cláusulas de actualización atadas a la inflación, y el 70% establece ajustes entre cada tres y cuatro meses, haciendo aún más imprevisible la situación para los arrendatarios.
Casi la totalidad de los inquilinos, el 87,8%, considera que tendrá serias dificultades para seguir pagando el alquiler en los próximos meses, un dato que revela la gravedad de la crisis habitacional que atraviesa el país.
