El Gobierno nacional oficializó la decisión de no renovar los decretos 1040/20 y 70/23, que prohibían la exportación de chatarra metálica y residuos no ferrosos. La misma había sido instaurada en 2009 bajo el gobierno de Cristina Kirchner para proteger la industria siderúrgica local. El objetivo era garantizar el abastecimiento de materiales clave a la industria siderúrgica local.
“El presidente Javier Milei ha sido claro al señalar que el Estado no debe interferir arbitrariamente en los mercados. Decidimos no renovar estos decretos porque deprimían el precio local de los desechos y desincentivaban el reciclado”, afirmó Sturzenegger en su cuenta de X.
Con esta nueva medida se abre el mercado de la chatarra, y al mismo tiempo se debilita a la industria nacional en la fabricación de metales como el acero o el hierro con material reciclable, tal como lo llevan adelante empresas como Aluar. El principal comprador de chatarra se espera que sea China, el mismo país del que luego se importará el acero o el hierro ya que los precios de la industria nacional no podrán competir con el gigante asiático.
Qué implica exportar chatarra y quiénes son los principales afectados?
Horas después de conocerse la medida desregulatoria, el sector siderúrgico reaccionó: Techint advirtió sobre encarecer los costos de producción interna y la posible importación de insumos.
Expresaron su preocupación por la posible reducción en la oferta de chatarra disponible para la producción interna, lo que podría encarecer los insumos y obligar incluso a importar materiales del extranjero. Paolo Rocca, CEO de Techint, calificó la medida como perjudicial para la industria local, mientras que fuentes del sector alertaron sobre el impacto que tendría en los precios internos de la chatarra y en la competitividad del mercado nacional.
Este cambio en las reglas ha desatado tensiones entre los grandes procesadores de chatarra, que gozaban de la protección de la restricción, y los pequeños recicladores, que ven en la liberalización una oportunidad de crecimiento.
En países como España hay aplicaciones que funcionan como un Tinder de chatarra, en las que se contactan compradores con los vendedores particulares. A eso apunta Sturzenegger con una medida que perjudica directamente a los empresarios argentinos que manejaban el negocio.
¿Quién es el principal afectado con esta medida?
Gabriel Romero, el dueño del Grupo Emepa, es quien tiene hace años el control de la chatarra argentina, y funciona como proveedor de grandes empresas como Techint, Acindar y Acerbrag. Romero tiene las de perder con dicha desregulación ya que al abrirse el negocio para que particulares pueden conseguir mejores precios de venta al exterior, lo dejaran al dueño de Emepa outside.
Emepa es la empresa que realiza el balizamiento de la hidrovía desde los 90, algo que está en juego con la nueva concesión que se sabrá en unos días, y a lo que Santiago Caputo está haciendo lobby. Dicha medida reciente podría llegar a estar vinculada a la jugada de la concesión de la Hidrovía.
Horas después de que se conozca la medida Lucas Llach, mano derecha de Sturzenegger tuiteó: “Adivinen a quién le convenía la prohibición de exportar chatarra”, a lo que las reacciones de los trols de Santiago Caputo fueron inmediatas contra él.
Adivinen a quién le convenía la prohibición de exportar chatarra. https://t.co/dBN1DIV5EI
— 🇦🇷 lucas llach 🇺🇦 (@lucasllach) January 2, 2025
