“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
Lo que acabás de leer es el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y sí, suena a ciencia ficción para algunos vecinos y vecinas como las de la localidad de Pergamino, que durante casi 10 años sufrieron reiteradas fumigaciones con agrotóxicos en sus barrios, cercanos a campos de soja y otras cosechas.
Pergamino no es un lugar más: se trata de uno de los puntos más sensibles del agronegocio en todo el país. Desde 1997 es considerada la “capital nacional de la semilla”, porque allí decidieron instalarse las empresas multinacionales que las empezaron a fabricar, como Bayer-Monsanto.
En todo este tiempo, los efectos de las fumigaciones por tierra y aire se pudieron evidenciar en muchos de los habitantes de los barrios La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia. Decenas de casos de irritaciones graves en la piel, problemas de respiración, forúnculos en diferentes zonas del cuerpo, vómitos, convulsiones, pérdida de embarazos y también distintos tipos de cáncer.
Paola Díaz es una de las principales víctimas. Su hija de 11 años falleció en 2014 luego de una leucemia fulminante. Asegura que las fumigaciones se daban a tan solo 20 o 30 metros de su casa.
Hoy forma parte de la extensa lista de testigos de la causa por contaminación con agrotóxicos en Pergamino. La primera en llegar a la justicia federal en la historia de nuestro país -en manos del Juzgado Oral N° 2 de Rosario- y que tiene como imputados a siete productores rurales y dos ex funcionarios del gobierno de Javier Martínez (PRO), quien gobierna desde 2015.
Otra vez las Madres
A pesar del paralizante dolor, Paola empezó a juntarse con otros vecinos -sobre todo mujeres- que habían sufrido efectos en su salud. Casualmente todos en los barrios aledaños a los campos fumigados. Allí en las asambleas, se encontraron fuerzas y claridad para entender que los casos registrados no eran comunes, y con el tiempo nació “Madres de barrios fumigados”.
Las denuncias reiteradas por fin fueron oídas por la justicia. En 2018 el Juzgado Federal de San Nicolás, a cargo del juez Villafuerte Ruzo, empezó a investigar la trama de contaminación. Un año después, impuso límites inéditos a las fumigaciones en los campos del partido, luego de que se comprobara la existencia de al menos 18 tipos de agroquímicos en el agua de la localidad y también en los cuerpos de algunos vecinos.
No sólo eso, sino que también se pudo certificar -por primera vez- que los agrotóxicos en sangre producen “daño genético”. Algo que se comprobó en varios de los vecinos afectados.
Según la hipótesis de la justicia, los barrios La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia y sus adyacencias se vieron alcanzados por las sustancias químicas, que de acuerdo con los peritajes realizados en distintas zonas aledañas y domicilios cercanos, fueron halladas en el suelo y también en el agua.
A pesar de toda la investigación en curso y de las medidas que había tomado el juez, las fumigaciones continuaron. En 2020, durante la pandemia, los hijos de Paola se brotaron automáticamente luego de que un “mosquito” estuviera pulverizando a pocos metros de su casa. “Los médicos me recomendaban que los chicos hagan dieta, pensando que era alguna intoxicación. Pero cuando les pasé una crema por el cuerpo, empezaron a gritar del dolor. Les ardía fuertísimo”, cuenta la vecina, en diálogo con este medio.
Muchos de los profesionales de la salud de la localidad bonaerense siguen sin relacionar los abundantes casos de afecciones en la piel y otros problemas de salud, como diferentes tipos de cáncer, con las fumigaciones que se denuncian.
“No puede ser que nos estén envenenando así”
Esa impunidad de seguir contaminando -parece- haber encontrado un freno considerable, luego de que la causa sea abordada por la justicia federal e inicie un juicio penal que puso en el banquillo a siete productores y dos ex funcionarios. El mismo podría tener veredicto el próximo mes de mayo, luego de que se realice una inspección para que los jueces a cargo –Elena Dilario, Román Lanzón, y Eduardo Rodrigues Da Cruz- puedan recorrer los campos y observen la distancia real con los domicilios de los vecinos afectados.
“Se ha evidenciado un daño claro a la salud. Hay informes científicos que hablan de daños genéticos y análisis de orina con valores altísimos de glifosato”, sostiene para ARG, Carlos González Quintana, uno de los abogados que representa a vecinos afectados en Pergamino.
Para Quintana, este es un juicio que no sólamente va a tener implicancias judiciales “sino políticas y ambientales”.
“Esto va a funcionar como un efecto escudo frente a situaciones parecidas como las que han ocurrido acá en Pergamino”, agrega.
El defensor representa particularmente a Sabrina Ortiz, una de las vecinas que también sufrió los efectos de los agroquímicos en su propio cuerpo y el de su hijo, Ciro. Para Quintana, el juicio busca certificar que “el cuidado de la salud está por sobre cualquier otro derecho, como el de desarrollar una industria”.
“El beneficio no puede estar por sobre la salud pública”, sintetiza.
Por su parte, Paola Díaz considera que su testimonio y lucha no sólo es para ella y su familia, sino “para los que están por venir”.
“No puede ser que nos estén envenenando así. Como vecina me da pena las posibles condenas a los productores. Pero si son culpables, tienen que pagar”, cierra.
