El próximo 23 de marzo vencerá la moratoria previsional, la herramienta que miles de personas tienen para acceder a una jubilación pese a no haber podido lograr los aportes necesarios. Una realidad común en un país como la Argentina, en donde el salario registrado y las condiciones desiguales de vida, permiten que muchas personas lleguen a edad de jubilarse sin aportes.
La estadística lo dice por sí solo: de los poco más de 5 millones de jubilados y jubiladas que hoy tiene el país, el 68% accedió a partir de la moratoria previsional.
El gobierno de Javier Milei avanza con su eliminación y propone en su reemplazo una Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM). Sin embargo, la letra chica demuestra que se trata de una versión de ajuste brutal hacia el sistema previsional: esta Pensión solo pagará un 80% de la jubilación mínima y se otorgará a partir de los 65 años, algo que naturalmente hará extender naturalmente la edad jubilatoria.
Como si fuese poco, el PUAM no da derecho a pensión por viudez y no toma en cuenta los años de aportes jubilatorios realizados. Por otro lado, esta opción está limitada sólo a personas en situación de vulnerabilidad.
Así las cosas, en caso de que la moratoria jubilatoria caiga, solo una de cada 10 mujeres podrá jubilarse, es decir, sumar los 360 aportes necesarios. El resto -el 90%- tendrá que acudir al PUAM o directamente no jubilarse.
En el caso de los varones, la cifra es menos brutal, pero sigue siendo preocupante: solo tres de cada diez podrá jubilarse en términos normales.
Un gobierno que culpa al jubilado
Las razones para avanzar con una medida que amenaza con dejar a miles de personas a la deriva, es la misma que Javier Milei viene esbozando desde que es presidente: lograr un ajuste fiscal histórico. Pero aunque afuera de ese esquema queden personas que trabajaron toda su vida y ahora necesitan disfrutar de una merecida jubilación, el Ejecutivo no las considera víctimas, si no responsables.
Dicen que “la moratoria licuó las jubilaciones” y que además esto es una desigualdad para aquel que pudo aportar durante 30 años. Argumentos que buscan desviar el hecho central: que casi el 80% de los y las jubiladas no logren generar los aportes necesarios se explica por una precarización laboral y trabajos en negro que cada vez se extiende más en el país.
Según la ley, los aportes se computan con 11% de su salario, y la contribución de la empresa, de entre el 18 y el 20% de la masa salarial.
Sin embargo, desde la óptica libertaria, nunca hay señalamiento ni sanciones para las empresas que no aportan o ni siquiera registran a sus trabajadores.
La estrategia del gobierno de Milei pareciera ser la misma que se implementó en los 90: desfinanciar completamente el sistema previsional para que el mismo también comience a quedar en manos privadas, como ocurrió con las fallidas y fraudulentas AFJP, que dejaron a miles de personas sin poder jubilarse.
