El gobierno de Javier Milei no ejecutó miles de millones de pesos destinados a la salud. Sobre todo para hospitales nacionales o áreas sensibles, como el Instituto Nacional del Cáncer.
Según un último informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Ejecutivo nacional detectó “una fuerte caída de la ejecución real respecto al mismo período del año 2023, del orden del -31%, lo cual implica un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles de la administración”.
Sin embargo, eso no fue así para otras dependencias del Estado, como el presupuesto para las Fuerzas Armadas y para la Secretaría de Inteligencia del Estado, que aumentaron considerablemente en 2024.
Según el informe, se hallaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-69%), ANMAT (-21%), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-55%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-17%). En el caso del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, del cual el gobierno anunció su intención de cerrarlo, el ajuste interanual es de 25%.
Además, hay un desfinanciamiento completo de algunos programas como el “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” (-5%), Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” (-47%), Atención Sanitaria en el Territorio (-96%), y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-51%)”.
El desfinanciamiento se está dando también para algunos programas y medicaciones destinadas a controlar la epidemia de hepatitis. La creación de un Programa Nacional de Hepatitis con una Coordinación específica se concretó en 2012, tras años de lucha. “Desde entonces tuvo a su cargo el diseño e implementación de políticas sanitarias de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento a nivel de todo el país. No contar con la Coordinación a nivel nacional generará una fragmentación en la implementación de estas acciones, ya que la responsabilidad recaería en otras áreas del sistema de salud que pueden no contar con los mismos recursos o enfoque especializado”, alertó María Eugenia De Feo, presidenta de la Fundación HCV Sin Fronteras.
Por otro lado, en los primeros meses del gobierno de Milei se avanzó con el insensible ajuste de medicación para personas con enfermedades oncológicas. La subejecución en la entrega de medicación a pacientes graves es otra cara cruel del ajuste: tras el fallo que obliga al Gobierno a entregar medicamentos a pacientes con cáncer y otras enfermedades graves por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), el Ministerio de Salud de la Nación disolvió esa dirección.
Una semana después, dio a conocer un “nuevo reglamento para la provisión de medicamentos de alto costo y tratamientos especiales”.Desde la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), una de las que impulsó el amparo colectivo que dio lugar al revés judicial para el Gobierno en las últimas horas de 2024, observaron: “Si pensamos que la resolución 1138 salió el mismo día que se ganó la cautelar, la verdad que es muy sospechoso”.
