El dirigente sindical Saúl Méndez, líder del poderoso Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), solicitó asilo político este miércoles en la embajada de Bolivia. Carlos Javier Suárez Cornejo, agregado comercial boliviano, informó que Méndez se encuentra bajo protección temporal mientras su solicitud es evaluada por el Consejo Nacional de Refugiados de Bolivia.
Pocas horas después de su pedido de asilo, la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de Panamá emitió órdenes de arresto contra varios dirigentes del Suntracs, entre ellos el propio Méndez, su antecesor Genaro López y Erasmo Cerrud. Las acusaciones incluyen presunta “estafa agravada” y “blanqueo de capitales”.
“Intentan asfixiarnos porque no pueden controlarnos, ni nos arrodillamos”, escribió el Suntracs en sus redes sociales. “Pero se equivocan. El Suntracs no se borra. El Suntracs resiste”.
La decisión de Méndez ocurre en un clima de creciente hostilidad hacia los movimientos sociales en Panamá. En las últimas semanas, se han registrado múltiples detenciones arbitrarias de militantes, así como denuncias de hostigamientos por parte de fuerzas policiales.
En regiones como Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí se han reportado casos de represión violenta, incluyendo allanamientos sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza y personas heridas con armas de fuego. Uno de los episodios más graves fue el del estudiante universitario Caleb Bejarano, baleado en el abdomen durante una protesta en El Piro.
Recientemente, los edificios del Suntracs fueron allanados y varios de sus integrantes detenidos. Jaime Caballero, dirigente provincial en Chiriquí, fue arrestado y trasladado a la cárcel La Gran Joya, donde permanece en detención preventiva. El martes, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) canceló la personería jurídica de la cooperativa del sindicato. El abogado Antonio Vargas calificó la medida como una persecución política destinada a desprestigiar la organización, señalando que la cooperativa fue auditada recientemente y que ha estado regulada de forma continua desde 2012.
“Estamos ante una persecución política ejecutada por los órganos de investigación de la Policía Nacional, que remiten sus informes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y, posteriormente, al procurador de la Nación, Luis Gómez, quien actúa como abogado del presidente Mulino”, denunció Vargas.
Méndez ha afirmado en reiteradas ocasiones ser víctima de una persecución sistemática que incluye vigilancia con vehículos sin identificación, amenazas a su integridad física y una campaña de criminalización en su contra y contra el sindicato. Según su defensa, la solicitud de asilo busca preservar su vida frente a lo que consideran una estrategia del gobierno de Mulino para “desmantelar al movimiento sindical independiente”.
Desde su llegada al poder en julio de 2024, José Raúl Mulino ha adoptado una postura abiertamente confrontativa con el Suntracs, al que ha calificado de “mafia” con una “agenda oculta para desestabilizar el país”. La semana pasada, durante su rueda de prensa habitual, descartó todo diálogo con los manifestantes, alegando la existencia de una supuesta conspiración. “Cueste lo que cueste, este país no se detendrá”, declaró, anunciando el refuerzo de la presencia policial en las calles y el inicio de procesos judiciales contra quienes —según sus palabras— “infrinjan la ley”.
Panamá Resiste
Desde el 23 de abril, Panamá vive una huelga general indefinida que comenzó con la protesta de los sindicatos magisteriales y rápidamente se expandió a todo el país. La medida de fuerza involucra a trabajadores de la construcción, comunidades indígenas, estudiantes, campesinos y diversos movimientos sociales. Las calles del país han sido escenario diario de movilizaciones, cortes de ruta y ocupaciones de edificios públicos, en un clima de creciente tensión social.
El eje central del conflicto es la Ley 462, una reforma al sistema de seguridad social que fue aprobada sin consenso social ni debate parlamentario. Los sectores movilizados la consideran regresiva y perjudicial para los derechos laborales y sociales, ya que, según denuncian, reduce drásticamente las pensiones de los futuros jubilados. Con el nuevo sistema, las pensiones se calculan entre un 30 % y un 35 % del salario, frente al 60 % o 70 % que garantizaba la legislación anterior, afectando especialmente a los jóvenes que deberán migrar obligatoriamente al nuevo régimen.
Además, las protestas también rechazan un reciente acuerdo firmado entre el gobierno de José Raúl Mulino y Estados Unidos que autoriza el envío de tropas y la ampliación de la presencia militar estadounidense en territorio panameño. Este convenio, anunciado tras la visita del secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hagel, no fue debatido públicamente ni aprobado por la Asamblea Nacional, lo que ha generado duras críticas por parte de amplios sectores sociales, que acusan al gobierno de actuar a espaldas del pueblo y de ceder soberanía nacional.
La magnitud del descontento es significativa: según una encuesta reciente de DoxaPanama, el 82 % de la población se opone a la reforma del sistema de seguridad social. La huelga ha dejado al país en un estado de semiparálisis, y la negativa del Ejecutivo a dialogar con los sectores movilizados augura una profundización del conflicto.
Ante el agravamiento de la situación, la alianza Pueblo Unido por la Vida, que agrupa a diversos colectivos sociales, ha convocado a una gran marcha nacional para el viernes (23) en defensa de la democracia y contra la represión estatal. Además, se anunció una caravana de protesta desde Villa Zaita hasta el centro de la capital, y una concentración de mujeres en la Cinta Costera para el domingo.
