En lo que fue considerado un gesto sin precedentes del gobierno de México hacia EE. UU., la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la presentación de una demanda contra 11 empresas norteamericanas productoras de armas.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, explicó que la demanda es resultado de un proceso de más de dos años de trabajo. Su objetivo es el desarrollo de estándares razonables y verificables para el monitoreo de distribuidores de armamento, además de la exigencia de una compensación al gobierno de México por los daños causados en los últimos años.
Es que las empresas productoras tienen como principales clientes a organizaciones del crimen organizado, motivo por el cual también se exige la incorporación de mecanismos de seguridad para prevenir el uso ilegal. Si bien las empresas sostienen que no participan de la etapa de comercialización, se sabe que disponen de información acerca de quién compra armas de alto calibre y de forma masiva.
Ebrard explicó que esta acción “no sustituye otros esfuerzos, pero es indispensable. Si no hacemos una demanda de esta naturaleza, y si no la ganamos, no van a entender. Van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país”.
Las 11 empresas demandadas son: Smith & Wesson Brands, Inc.; Barret Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock, Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group Inc.; y D/B/A Interstate Arms. Se trata de productoras de armamento frecuentemente decomisado en operativos de seguridad nacional, con diseños personalizados como detalles en oro, imágenes e incrustaciones de diamantes.
Otras demandas similares contra EE. UU.
Si bien esta demanda presentada en Boston, estado de Massachusetts, puede considerarse algo novedoso entre México y Estados Unidos —dos países que contemplan el porte de armas en sus Constituciones—, no es la primera vez que un estado denuncia a una empresa productora de armas.
En marzo de este año, un fallo del Tribunal Superior Federal de Alemania condenó a la empresa Heckler & Koch a pagar una multa de 3 millones de euros por la venta ilegal de casi 10 mil de sus fusiles G36 a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre 2006 y 2009. En la misma causa, dos de sus empleados fueron condenados a 22 meses de cárcel por este hecho.
A su vez, a principios de los años 2000, en Estados Unidos, alrededor de 30 condados y ciudades demandaron a diferentes fabricantes de armas. El abogado en esta causa del estado mexicano, Steve Shadowen, explicó en una entrevista que “como en este caso, alegaban haber sido perjudicados por la industria armamentística, que había incrementado la violencia, las hospitalizaciones, había causado un daño económico. Y lo que pasó fue que las ciudades y los condados comenzaron a ganar esas demandas”.
Ante los sucesivos procesos y denuncias, las empresas buscaron conquistar cierta inmunidad a través de sus aliados en el Congreso, lo cual pudieron adquirir para incidentes que ocurren dentro del país.
Shadowen destaca que la intención de esta denuncia es el combate al narcotráfico y al crimen organizado dentro de México: “Ninguno de los dos países ha sido capaz de detener el tráfico de armas, y la razón es que no tienen la información sobre las ventas con la que hacer la trazabilidad”.
“La pieza que falta en todo esto son los fabricantes de armas, que tienen acceso a la información en tiempo real de las ventas y que puede indicar qué traficantes al sur de la frontera son el problema. Las armerías son el enlace que falta en los esfuerzos para frenar el tráfico”, resaltó, al tiempo que destacó que el objetivo de la demanda es “forzarlos a hacer su parte, a tomar medidas razonables”.
Los números de la violencia en México
La violencia armada es uno de los grandes flagelos mexicanos, evidenciado en las elecciones regionales del mes de junio, cuando cerca de 89 candidatos fueron asesinados a lo largo de la campaña. En los últimos años, el número de homicidios aumentó exponencialmente. En la actualidad, dos de cada tres crímenes son cometidos con armas de fuego, al tiempo que el 70% de las armas rastreadas y recuperadas de escenas del crimen son de Estados Unidos.
El aumento de la violencia armada coincide con el impulso del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) a la militarización de las fuerzas de seguridad para el combate al narcotráfico, que fue continuada por Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018. Lejos de producir resultados positivos, esta política de seguridad generó más violencia, violaciones a los derechos humanos, desplazamientos masivos y desaparición de personas a manos de las fuerzas de seguridad y del crimen organizado.
Tanto la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, como la ejecución de otras 15 personas en Tlatlaya, figuran entre los casos más representativos de graves violaciones de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza por parte de grupos de seguridad.
Según un estudio publicado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos “los datos demuestran que Estados Unidos desempeña un papel preponderante como principal proveedor de armas que ingresan legalmente a México, mientras que otros estudios sugieren lo mismo acerca del flujo ilegal de armas”.
Con la asunción de Donald Trump al frente de la administración estadounidense en 2016, el entonces mandatario decidió incrementar el suministro de armamento hacia México como parte del programa Transferencia de Armas, cuyo fin era promover la venta de armamento estadounidense a nivel mundial.
Si bien hasta el momento no hubo una manifestación de parte del gobierno de Joe Biden en relación a la demanda, la reacción de la Asociación de Comercio de la Industria de Armas de Fuego fue culpar al gobierno mexicano por el “crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”.
