Luego de la experiencia de septiembre de este año donde se frustró la aprobación de una nueva constitución, los partidos políticos llegaron a un acuerdo para llevar adelante un nuevo plebiscito.
Después de meses de debate entre los partidos políticos con representación parlamentaria, lograron ponerse de acuerdo. Hasta entonces, la base del debate se centraba en cuál sería el órgano que deliberaria para escribir el nuevo texto. Ahora, los encargados de la escritura serán designados por el Congreso y estarán a cargo de brindar a Chile una nueva Carta Magna.
En aquella primera oportunidad existía el consenso para modificar la constitución heredada del Pinochetismo. Así lo había demostrado la consulta donde ganó el “apruebo” para conformar una asamblea constituyente. La elección que eligió a los constituyentes fue de forma directa, en donde cualquier persona podía anotarse para formar parte.
Los resultados mostraron una amplia mayoría de constituyentes de “izquierda” además de cupos especiales para las comunidades mapuches, lo que pronosticaba un proyecto de avanzada con amplias reformas.
Pero llegado el momento de aprobarla la opción por el Rechazo se impuso por una amplia diferencia en el plebiscito de salida de la nueva Constitución de Chile. En total, el 61,87% de los chilenos votaron por el rechazo contra el 38,13% que votaron apruebo. A diferencia de la consulta que dió origen a la asamblea constituyente, estos comicios tuvieron el carácter de ser obligatorios, lo que alcanzó una de las votaciones con mayor participación de la historia.
Varios analistas concluyeron que el texto era demasiado radical, sumada a una propaganda muy agresiva en contra llevada adelante por la derecha chilena, lo que generó cierto pánico en el electorado. Hasta el mismo presidente Boric se mostró dubitativo a la hora de inclinarse con claridad por el “apruebo”, anticipando que si no salía esta opción se definirían otras chances para redactar una nueva constitución, lo que fue leído como una anticipación de la derrota.
Hemos dado un paso necesario y, espero, decisivo para avanzar en un nuevo Pacto Social por una mejor democracia, de más libertades, de más derechos sociales. Como Gobierno seguiremos colaborando y facilitando este proceso por el bien de Chile. pic.twitter.com/OTLr2f7R9b
— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 13, 2022
Ahora vendrá una nueva oportunidad, pero claramente se especula que tendrá rasgos diferenciales con la experiencia anterior. Esta vez fueron los parlamentarios los encargados de poner las reglas de juego.
Los constituyentes sometidos al voto popular serán 50, pero deberán ser parte de alguno de los partidos políticos, lo que deja afuera las candidaturas independientes, y el resto serán una comisión experta de 24 miembros designados por el Congreso. Esto muestra un mayor control y encarrilamiento por partes de las instituciones en la redacción del texto. La que seguro será purgada de las medidas más radicales que presentaron en la anterior constitución.
Uno de los puntos sobresalientes que hizo mucho ruido en la primera reforma constitucional tuvo que ver con declarar al estado chileno como “Plurinacional”. Esta vez sí se “reconoce a los pueblos indígenas que habitan su territorio como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”.
El nombre del pacto al que llegaron las fuerzas políticas lleva el nombre de “Acuerdo por chile”. Para la elaboración del proyecto habrá un grupo de 24 expertos, 12 designados por la Cámara de Diputadas y Diputados y 12 por el Senado, quienes elaborarán un anteproyecto que será la base del futuro Consejo Constitucional.
Este es el órgano que conformarán los candidatos electos por la ciudadanía, y será el encargado de elaborar la nueva carta magna. La redacción de la nueva propuesta constitucional comenzará en enero de 2023, cuando el Comité de Expertos empiece su labor. En abril se elegirán las 50 personas que integrarán el Consejo Constitucional. El plebiscito de salida está pautado para la última semana de noviembre o los primeros días de diciembre del 2023.
El pacto entre las fuerzas, y el apelativo a la “responsabilidad” por sobre todas las cosas por parte de la gran mayoría de ellas, deja un sabor amargo, ya que el anterior proceso constituyente fue producto del estallido social del 2019 y del clamor popular. Hoy todo parece correr dentro del cerco de las instituciones, y si bien es un paso adelante para desterrar la herencia pinochetista y elaborar una constitución para la democracia, muchas de las reivindicaciones que la hacían un texto de vanguardia dan la impresión que quedarán por fuera.
