El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una ley que por primera vez le cobrará impuestos a las inversiones de los llamados fondos exclusivos de inversión, también conocidos como “superricos”, y las empresas offshore. Se trata de una ley considerada esencial por el equipo económico del gobierno, que pretende recaudar el equivalente a 6.000 millones de dólares hasta 2025.
La sanción de la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Unión y fue producto de una ardua negociación en el Congreso, donde la centroderecha bajó las expectativas de recaudación pero permitió una inédita tributación impositiva que para el ministro de Economía, Fernando Haddad, permite evitar un ajuste en las cuentas públicas.
El texto cambia una serie de leyes, entre ellas el Código Civil, para poder tributar o aumentar las tasas que se cobran sobre fondos exclusivos, como son conocidos los fondos de inversión personalizados para personas de altos ingresos, y sobre las aplicaciones financieras en offshores. Antes la tributación sólo se producía cuando el beneficio obtenido de inversiones en el exterior se transfería a personas físicas en Brasil pero no si se mantenían fuera del país.
Los contribuyentes individuales tendrán que declarar por separado los ingresos del capital invertido en el extranjero, ya sean inversiones financieras, ganancias o dividendos de entidades controladas. Como en el caso de las sociedades offshore, el rescate puede posponerse con la intención de demorar el pago de impuestos.
El gobierno sostiene que la propuesta aprobada, además de aumentar los ingresos en 20 mil millones de reales (4.000 millones de dólares) en 2024, según la proyección difundida por el ministerio de Hacienda, busca lograr una mayor justicia tributaria debido a los diferentes vacíos previstos en la propia legislación de acuerdo al diario Folha de São Paulo.
En el proyecto aprobado la tributación de los fondos de los superricos será dos veces al año, en mayo y noviembre, como ocurre con otros fondos. De acuerdo con los cálculos hechos por el Congreso, existen 2.500 brasileños con recursos en los fondos exclusivos, que requieren como mínimo una inversión de dos millones para ingresar.
El Congreso y el gobierno acordaron que los que declaren sus ingresos en fondos de inversión exclusivos (que figuran en nombre de una sola persona física) hasta el 31 de diciembre tendrán una tasa del 8 por ciento y no del 15 por ciento. En la norma actual el impuesto a la renta se cobra a los fondos de inversión de personas de altos ingresos cuando se rescata el monto invertido.
Además la propuesta limitaba al 30 por ciento el porcentaje de participación de los familiares hasta segundo grado en un fondo de inversión. Según el ministro Haddad, el cobro de impuestos a los superricos compensará la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias prometida por el presidente Lula.
La propuesta recibió la aprobación de la Cámara en noviembre y fue aprobada el mes pasado por el Senado. La legislación era una de las prioridades del gobierno de Lula que, desde la campaña electoral, prometió incluir “a los pobres en el presupuesto y a los ricos en los impuestos sobre la renta”. A pesar de la resistencia en el Congreso, la ley afecta a menos de 100 mil brasileños según datos del ministerio de Hacienda difundidos por el diario Correio Braziliense.
En la medida en que el gobierno argentino avanza con un ajuste brutal contra las clases populares, desde Brasil la información acerca del impuesto a los super ricos deja en claro que existe un camino para evitar que la crisis la pague el pueblo. La decisión de ambos gobiernos da cuenta de los intereses defendidos por cada uno, en el caso del gobierno argentino, de priorizar las finanzas de la elite económica en detrimento de la economía de la mayoría de la clase trabajadora.
