Argentina, a seis años del primer Ni Una Menos 

Foto: Facción Latina
Se cumplen seis años de la primer movilización Ni Una Menos. ¿Qué dicen los datos actuales sobre femicidios? Un análisis de las violencias de género en Argentina. 

Por Lucía Felice

El 3 de junio de 2015, en más de 80 ciudades argentinas y uruguayas, las calles y las plazas se llenaron con un reclamo colectivo. Un grito de basta ante la violencia machista y su expresión más cruda: los femicidios. 

Seis años pasaron desde aquel Ni Una Menos. Un punto de inflexión en la visibilidad y la comprensión de las violencias por razones de género, y de la expresión de los feminismos en las calles latinoamericanas.  

Al calor de este reclamo tomó impulso la idea del Observatorio de las violencias de género Ahora Que Sí Nos Ven. Así lo cuenta Lara Andrés, quien forma parte de la organización.   Fue a partir de ese gran acuerdo colectivo “que puso en las calles y en la agenda pública y mediática a los femicidios, por lo que nació nuestra organización, para construir cifras que den cuenta de esta problemática”.    

Desde 2015 constituyen un registro nacional de femicidios, a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país que, “contribuye a visibilizar la problemática de la violencia de género en su expresión más extrema, los femicidios. Las cifras nos permiten comprender un poco más esta problemática” explica Lara, quien aporta desde su disciplina de estudio, la Comunicación Social.   

En el último informe publicado, que registra los casos de femicidio de los últimos seis años, hasta el 29 de mayo, contabilizan 1717 femicidios en Argentina, uno cada 31 horas en estos seis años. En lo que va de 2021, 103 femicidios, 4 transfemicidios y 79 intentos de femicidios. 

¿Qué muestran estos datos? 

Lara explica que tomar un período amplio de análisis, como son los últimos seis años, permite identificar y alertar sobre cuáles son los riesgos, quienes son los agresores y abre la posibilidad de pensar cuáles son las medidas de protección o las políticas públicas necesarias. 

Uno de los datos donde poner el ojo es que en cerca de 90% de los femicidios el agresor es alguien del círculo íntimo de la víctima: es la pareja, es la ex pareja, un familiar o un conocido. “El peligro no está fuera de casa sino que está adentro” define Lara, “es ahí dónde hay que poder trabajar”.  

El análisis coincide con las cifras relevadas desde el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, que publicó en los últimos días de mayo la edición 2020, dónde contabilizan que el 63% de los femicidios del año pasado, ocurrió en la vivienda de la víctima. 

La segunda variable es el acceso a la justicia. Los datos del informe muestran que 2 de cada 10 víctimas habían hecho al menos una denuncia, solo 1 de cada 10 tenía medidas judiciales de protección. “Esto demuestra lo que falta para poder proteger a esas mujeres que están atravesando situaciones de violencia, porque esas medidas no alcanzaron para salvarles la vida”. 

A partir de este análisis, Lara resalta un reclamo que elevan desde las organizaciones sociales y de los movimientos feministas que trabajan sobre las violencias: “reclamamos una reforma judicial feminista, una reforma judicial con perspectiva de género”. Se trata de una exigencia al Poder Judicial: “que realmente salven la vida de esas mujeres que intentan acceder a la justicia, que intentan pedir ayuda, que acuden a las instituciones”. 

“Reclamamos reforma judicial porque vemos que la Ley Micaela no alcanza. Una capacitación no alcanza. Necesitamos una reforma estructural de estas instituciones que están ancladas en el patriarcado. Lo vemos con fiscales, jueces, con fuerzas de seguridad que recibieron la capacitación, sin embargo no escuchan a las víctimas”. 

Otro de los puntos estratégicos, que también señalan los movimientos feministas, es el de la autonomía económica. Es decir, la necesidad de que el Estado profundice en el acompañamiento y en la construcción de la autonomía de aquellas personas que atraviesan situaciones de violencia. «No hay soberanía de nuestros cuerpos, no hay una vida libre de violencias si no hay una autonomía económica, si las estadísticas nos dicen que de los más pobres, las más pobres somos las mujeres» afirma. 

Existen muy buenas iniciativas desde el Estado y señala que el desafío es que las políticas públicas existentes lleguen a todo el territorio, según Lara. “Articular con las organizaciones, articular con los promotores y promotoras de los barrios, de los municipios, que son quienes están en la primera línea, quienes saben cuales son los problemas que tienen en cada lugar del país”.  

Otra actividad es el monitoreo de la aplicación de políticas públicas, como la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. “Es la ESI la que permite construir nuestra identidad basada en el derecho por las otras personas”. Desde sus análisis abordan también otras expresiones de las violencias de género, como  la violencia política, el acoso callejero, violencia laboral, entre otros.

“La violencia de género es un problema estructural e histórico que se presenta en diversos tipos y modalidades. El femicidio es la expresión más extrema de la violencia machista. Previo a eso hay que alertar y prevenir en las otras violencias más naturalizadas, más sutiles, más invisibles, que permiten o habilitan que la violencia de género se siga reproduciendo y que llegue a su punto más extremo”.


 

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