Argentina vuelve a ser de preocupación para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la detención de Nahuel Morandini y Roque Villegas y por la represión a manifestaciones sociales.
En el caso de Nahuel y Roque, ya llevan más de un mes presos en Jujuy por tuitear. El docente universitario y el trabajador independiente, fueron detenidos por la policía de Jujuy por tuitear sobre el ex gobernador Morales.
Además, el Juez Pablo Pullen Llermanos dictó una medida cautelar en la que prohíbe al grupo familiar y a las amistades de Nahuel y Roque que utilicen el nombre de quienes hicieron la denuncia, es decir, mencionar a Gerardo Morales y su esposa Tulia Snopek.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elevó un reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU por las arbitrarias detenciones.
«Es fundamental que la CIDH comprenda que la actuación del poder judicial jujeño se aparta de estándares internacionales que Argentina se comprometió a cumplir en materia de libertad de expresión y que le requiera al Estado información al respecto», remarca el pedido elevado a Roberto Clarke, presidente del organismo.
Preocupación por la represión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su “profunda preocupación” por las denuncias recibidas sobre la represión de las Fuerzas de Seguridad a manifestantes y periodistas en Argentina.
En ese sentido, el organismo internacional instó “al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y labor periodística y garantizar la seguridad”.
Desde la CIDH sostuvieron que en el contexto de las protestas sociales en contra de la propuesta de “Ley Ómnibus”, que se llevaban a cabo en las inmediaciones del Congreso de la Nación, autoridades reportaron al menos 31 personas detenidas.
Mientras que el Comité Nacional para Prevención de la Tortura, junto con organizaciones de la sociedad civil, registraron cerca de 285 personas heridas como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad y del enfrentamiento con manifestantes.
Además, también resaltaron las denuncias por represión a la prensa al registrarse alrededor de 35 personas periodistas y comunicadoras heridos, incluyendo lesiones por impactos de balas de goma y quemaduras con gases lacrimógenos.
Por último, realizó un llamado al Estado argentino para “garantizar la seguridad de todas las personas, especialmente de las personas manifestantes, periodistas y trabajadores de la prensa, asegurando que quienes deseen protestar pacíficamente puedan hacerlo y que periodistas puedan realizar su labor informativa sin temor a represalias o violencia de parte de autoridades o particulares”.
