A seis meses de gestión de Javier Milei, el CELS elaboró un informe denominado “Bala y cárcel” en el que analizan las distintas políticas y estrategias del gobierno nacional para desalentar, obstaculizar y hostigar a quienes se quieran manifestar en las calles.
Desde que asumió Javier Milei, las personas que salen a la calle a manifestarse corren el riesgo de ser reprimidas, detenidas arbitrariamente, encarceladas, imputadas de delitos gravísimos. Para la gestión nacional, protestar es un delito.
El origen está en el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, el cual establece que cualquier manifestación pública que se realice con cortes de calles o rutas y que disminuya la “circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas” constituye un delito en flagrancia, y habilita a que las fuerzas de seguridad repriman, desalojen y detengan a quienes se manifiestan sin orden judicial.
Desde diciembre, el uso indiscriminado e ilegal de armas “menos letales” se convirtió en un rasgo permanente de la actuación policial en manifestaciones públicas. Los policías las utilizan como armas ofensivas, lanzando gases y disparando balas de goma como método para desalojar manifestantes.
El informe arroja que según diversas organizaciones que monitorean las protestas, al menos 665 personas fueron heridas de distinta gravedad en seis episodios represivos en la Ciudad de Buenos Aires en los meses de enero, febrero, marzo, abril y junio de 2024.
A eso se le suman 80 personas que sufrieron detenciones arbitrarias en CABA, Córdoba y Rosario, 47 trabajadores de prensa sufrieron heridas y que más de 700 transportes públicos fueron requisados solo durante la manifestación del 20/12/2023.
El informe sostiene que las detenciones producidas en las manifestaciones responden al mismo objetivo de provocar miedo y desmovilizar. Por eso, en casi todos los casos son detenciones arbitrarias. La policía golpea y dispersa la movilización, y en la persecución posterior detiene a personas al azar.
“Se trata siempre de construir una pseudo evidencia que, amplificada por los medios masivos, brinde sustento a las declaraciones de autoridades políticas que ante cada protesta acusan a las y los manifestantes de delincuentes y a las organizaciones o sindicatos de desestabilizadoras o de terroristas y golpistas” explica.
La escalada criminalizadora se vivió el 12 de junio cuando fueron detenidas 33 personas acusadas de una multitud de delitos: lesiones, daños, incendio, atentado y resistencia a la autoridad, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas por la fuerza, perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, entre otros.
El informe concluye que la perspectiva sobre la protesta como delito, que habilita el uso irracional de la fuerza, las detenciones arbitrarias y el debilitamiento o supresión de garantías constitucionales, no es nueva. Ya era conocida y sufrida en distintas provincias del país, como Jujuy, Chubut o Río Negro, especialmente por comunidades indígenas, sindicatos y asambleas ambientalistas.
