El miércoles 15 de junio la jueza María Eugenia Grimau, ordenó el desalojo de 9 familias del Barrio Huiliches en Neuquén Capital. Luego emitió la suspensión pero finalmente decidió avanzar con las fuerzas de seguridad, dejando a las familias del barrio en situación de calle.
El desalojo violó la normativa vigente del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), creado por la Ley 27.453 que estipula, entre otros objetivos, darle seguridad jurídica a las más un millón de familias que viven en los 5.687 barrios populares de Argentina. El barrio Huiliches es uno de estos.
Como en varios casos de desalojos, la policía actuó bajo orden y paga privada (Kaiser SA). Ante las múltiples irregularidades en el proceso judicial y en la acción de las fuerzas de seguridad, diversas organizaciones sociales nucleadas en la Mesa Nacional de Barrios Populares se pusieron en contacto con los vecinos y comenzaron a actuar. También tomó parte la Secretaría de Integración Socio Urbana, que encabeza Fernanda Miño.
El sábado 18 de junio, luego de días de resistencia, organización y acompañamiento jurídico a las familias, la jueza suspendió el desalojo y las viviendas fueron restituidas a las familias. Se trató de un precedente histórico a favor de los habitantes de los barrios populares en el marco de un juicio fraudulento, donde tanto la jueza como la Policía cuidaron los intereses del negocio inmobiliario de Kaiser SA, en desmedro del derecho a una vivienda digna.
Los hechos sucedieron ante la total inacción del intendente Mariano Gaido y el gobernador Omar Gutiérrez. En un comunicado público, la Mesa Nacional de Barrios Populares decidió “avanzar en el juicio político contra la jueza María Eugenia Grimau”.
Ahora bien, lo que parecería ser un caso aislado, no registrado casi por ninguna pluma o cámara, es en verdad un precedente elemental en un contexto muy particular. La Ley 27.453 de Barrios Populares, sancionada a finales de octubre de 2018, ha resultado una herramienta fundamental para el desarrollo de políticas públicas orientadas a la integración socio urbana de barrios populares a nivel nacional.
La normativa declara de interés público la utilidad y expropiación de los barrios RENABAP, relevados a 2016 e incorporados por anexo de la ley, además de establecer la suspensión de los desalojos por un plazo de 4 años y la creación del fideicomiso como instrumento para lograr la integración socio urbana, estableciendo que al menos el 25% de la obra pública en barrios populares debe ser ejecutada por cooperativas y/o trabajadores de la economía popular.
Durante el 2022, el Decreto 880/2021 actualizó el registro de barrios populares al 31 de diciembre del 2018, modificando su antigua fecha de corte del 31 de diciembre de 2016. Dicho acto, permitió incorporar al registro nuevos barrios establecidos con posterioridad, al 2016 al igual que otros barrios que no habían sido relevados en una primera oportunidad por la escala de las ciudades donde estaban ubicados. El nuevo relevamiento incluye a las ciudades de entre 2000 y 10.000 habitantes, poniendo en pie de igualdad a los habitantes de estos barrios populares de distintos puntos del país.
Prorrogar la suspensión de desalojos
Pero para entender la importancia del freno al desalojo en Neuquén, es necesario saber que este año se cumpliría el vencimiento del plazo dispuesto por el art. 15 de la ley correspondiente a la suspensión de desalojos en barrios populares del RENABAP. Ante esto, las organizaciones sociales proponen la declaración de utilidad pública y expropiación de los barrios populares incluidos por Decreto 880/21 y prorrogar la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública, es decir, diez años.
El frenó en el desalojo del barrio neuquino pone en evidencia varios factores. Por un lado el desconocimiento casi total por parte de los diferentes ejecutivos provinciales y municipales. También de los poderes legislativos locales que desarrollan normativas en muchos casos contrarios a la ley de barrios populares que reviste de carácter nacional. Por otro lado, el accionar arbitrario de la justicia que desconoce la ley o la interpreta en modos muy irregulares.
Además, diferentes organismos de Estado de que deberían garantizar la aplicación de la ley (AABE, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Justicia, etc.) actúan de manera totalmente descoordinada. En todos estos eslabones débiles en la cadena de la implementación de este derecho esencial para millones de habitantes, es donde se filtra y rompe las dinámicas del mercado informal del suelo, muchas veces coordinado con poderes políticos y judiciales locales, además de las fuerzas de seguridad.
La incapacidad de la justicia, el negocio inmobiliario, la falta de formación de elementos de Estado en esta temática, las diversas trabas locales en la prestación de servicios básicos, el desconocimiento del Certificado de Vivienda Familiar, son todos puntos a reforzar en la reforma de la ley que impulsan las organizaciones sociales nucleadas en Mesa Nacional de Barrios Populares.
Pero así como el desalojo en Barrio Huiliches marcó los agujeros negros donde la ley no llega, también mostró las principales fuerzas para defenderla. La organización de los vecinos del barrio, el rol de las organizaciones sociales, el compromiso de algunas piezas del Estado, la interferencia de técnicos capacitados y la resistencia sobre la base de la coherencia, es que dice que no puede haber ningún habitante de este país sin una vivienda digna garantizada.
