“¿Dónde están Dom y Bruno?” La incertidumbre sobre el paradero del periodista británico Dom Phillips y el experto indigenista, Bruno Pereira, desaparecidos el 5 de junio en el Valle de Yavarí, Amazonía, generó malestar alrededor del mundo. Principalmente desencadenado por la lentitud demostrada por el gobierno brasileño en disponer de todos los recursos necesario para encontrarlos. Protestas, notas oficiales de organismos internacionales como los de la ONU e inclusive un pedido de la ex ministra Theresa May, fueron noticiados por los principales medios de comunicación internacionales.
Al momento de desaparecer, Phillips acompañado de Pereira, se encontraban en la región entrevistando a la comunidad indígena para el próximo libro del periodista sobre cómo salvar la Amazonía.
Mientras la sociedad demandaba aumentar los esfuerzos, el presidente brasileño se ocupaba en desacreditar la labor de los desaparecidos. Tres días antes de encontrar los cuerpos de Phillips y Pereira, Bolsonaro se encargó de hablar de una supuesta “mala imagen” de Phillips en la Amazonía, afirmando que “estaba mal visto en la región“ porque informaba contra los mineros y debería haber prestado más atención “a sí mismo”.
Colaborado para el periódico británico The Guardian, Phillips se había radicado hace 15 años en Brasil y se especializaba en temas medioambientales, específicamente en asuntos relacionados al desmantelamiento de la Amazonía. Por su lado, Bruno Pereira, ex empleado de la Fundación Nacional del Indio, era experto y defensor de las comunidades indígenas.
La desaparición y el desenlace fatal de Phillips y Pereira, fue catalogado por varios periodistas y expertos en la región como “la punta del iceberg”. Los problemáticas reflejadas en el caso exponen una situación de larga trayectoria en Brasil, agravada los últimos tres años bajo el gobierno de Bolsonaro que se resumen en el peligro a ejercer el periodismo libremente y la persecución de defensores ambientales en la lucha por conservar la Amazonía.
Bolsonaro, cazando la libertad de prensa
De acuerdo con el ranking mundial de libertad de prensa elaborado por la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), en Brasil el periodismo se ha visto históricamente amenazado. A lo largo de la última década, al menos 30 periodistas han sido asesinados en el país, el segundo más mortífero de Latinoamérica para los reporteros, advierte RSF. Hasta 2012, los políticos (y personas vinculadas a dicho círculo) fueron los principales perpetradores de las agresiones contra periodistas. En 2013, con la explosión de manifestaciones callejeras, la policía militar y/o guardias municipales tomaron la delantera, manteniéndose en el primer lugar hasta 2017. En 2018, los ciudadanos asumieron la posición de principales agresores, quienes en manifestaciones públicas partieron por la violencia contra profesionales de la prensa.
Lejos de ser una problemática reciente, la organización destaca como punto de inflexión la llegada de Bolsonaro en 2019 a la presidencia: “Las relaciones entre el gobierno y la prensa se han deteriorado profundamente desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro, que ataca periódicamente a periodistas y medios en sus discursos”.
Los últimos tres años muestran un cambio en el perfil del agresor. Bolsonaro se convirtió en el principal autor de ataques a medios de comunicación y periodistas. El accionar del presidente brasileño, caracterizado por el hostigamiento e insultos hacia los medios de comunicación y periodistas, es actualmente responsable por el 34% de las agresiones enfocadas mayoritariamente en desacreditar a la prensa, según la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj).
En 2021, Bolsonaro se consagró al ser incluido en la lista de “Depredadores de la Libertad de Prensa“, elaborada por RSF. Compuesta por 37 jefes de Estado – entre ellos Vladimir Putin y Kim Jong-, la lista incluye a mandatarios que imponen una represión masiva de la libertad de prensa. “¿Su marca registrada? Insultar, estigmatizar y humillar a periodistas opositores”, destaca RSF.
Entrevistada por el periódico Folha de São Paulo, la abogada Letícia Kleim, coordinadora del programa de protección de periodistas de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), explica que al adoptar discursos estigmatizantes, el presidente fomenta la agresión. En un intento por desacreditar a los medios de comunicación opositores al gobierno, Bolsonaro implementa la retórica como recurso para desvalorizar la labor periodística agravando la hostilidad y desconfianza de la sociedad.
“Él personalmente no lo hace, pero sus seguidores incurren en otras formas de ataques que son aún más graves, como la agresión física, las amenazas, la persecución y todo esto lo hemos visto muy reflejado en esta postura del gobierno”, distingue Kleim. Es una práctica cotidiana, como lo evidencia los datos ofrecidos por Agência Lupa cuyo monitoreo registró en 2021 el ataque a la prensa en un 86% de los lives transmitidos en las redes sociales alegando que los medios de comunicación difunden información falsa.
Para la presidente de Fenaj, Maria José Braga, entrevistada por Brasil de Fato, la postura de Bolsonaro, además de ser violenta, “alienta a sus partidarios a atacar también a los periodistas y actuar para desacreditar a la prensa. Es un proceso preocupante porque se trata de una institución de la República, que fomenta, sí, la agresión a los periodistas”, sostiene.
La entidad que representa a los periodistas está preocupada por una posible escalada de agresiones, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de este año. “Hay un foco de ataque a los periodistas y a la prensa por parte de los partidos y políticos de derechas, que quieren mantener a sus seguidores en la desinformación. Tendremos una guerra de información y tememos por la seguridad de los profesionales”, advierte Braga.
Impunidad en la Amazonía
Según el portavoz de Greenpeace Brasil en la Amazonía, Danicley de Aguiar, la desaparición y muerte de Bruno y Dom refleja un problema estructural; “Es un proceso de desmantelamiento del Estado brasileño en la Amazonía, que se profundiza bajo el gobierno de Bolsonaro. Es un conjunto de acciones y omisiones”.
El gobierno bolsonarista ha debilitado las políticas y los equipos de control ambiental desde que asumió la presidencia en enero de 2019. El informe del Consejo Indígena Misionero (Cimi) correspondiente a 2021 constata un aumento en los casos de “invasiones posesorias, explotación ilegal de recursos y daños a la propiedad” en los últimos años. En 2020 se registraron 263 casos, un aumento en comparación con 2019, cuando se registraron 256 casos, y un aumento del 141% en comparación con 2018, cuando se habían identificado 109 casos. Se trata del quinto aumento consecutivo.
La fiscalización, en declive, queda evidenciada en el monitoreo de la organización MapBiomas donde más del 97% de las alertas de deforestación en Brasil verificadas desde enero de 2019 no tienen registro de acción de aplicación o autorización. Sobre el avance de las operaciones de minería ilegal, la ONG alerta asimismo de un crecimiento del 495% entre 2010 y 2020 y un 301% sobre las zonas de conservación.
El desmantelamiento se enmarca en un enfoque de desarrollo anticuado, dejando de lado cuestiones como la conservación de la región y los derechos de las comunidades indígenas, como lo explica para ARG MEDIOS la analista de políticas públicas del Observatorio del Clima y ex-directora del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), Suely Araújo: “Tienen una visión más de los años 50 y terminan defendiendo una ocupación que no conversa con la selva en pie”.
Es el mismo conjunto de omisiones y acciones, tal como los proyectos legislativos enfocados en restringir los derechos sobre tierras indígenas, lo que fomenta el despliegue de las redes criminales que operan en la deforestación, utilizando prácticas violentas contra los defensores ambientales, concluye el Informe Mundial 2022 de la organización Human Rights Watch (HRW).
La desaparición y muerte de Pereira, ex empleado de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y también de Phillips, dan cuenta sobre una situación de creciente riesgo vivida por los empleados de la institución y por la comunidad indígena. Considerado como el principal experto en pueblos indígenas aislados, Pereira pidió la baja de la Funai en enero de 2020, poco después de ser destituido de su cargo de coordinador general de Indios Aislados y Contacto Reciente en 2019 después de que actuara en una operación que destruyó más de 60 balsas de minería ilegal en la Tierra Indígena de Valle de Yavarí ese mismo año.
Pereira denunció a miembros del Ministerio Público Federal, en abril de este año, que había estado recibiendo amenazas de una organización criminal que opera con la pesca y la caza ilegal en la misma región amazónica donde desapareció. El caso de Pereira es un ejemplo de una tendencia creciente de violencia contra defensores y activistas ambientales en la Amazonía.
Según el informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) publicado en abril a partir del seguimiento de las comunidades indígenas, reflejan este escenario. Al menos 313 personas han sido asesinadas en la Amazonia en los últimos 10 años. En 2021, hubo un aumento del 75% de los homicidios en comparación con 2020: de los 35 casos registrados en el país, 28 se produjeron en la Amazonía. La situación se repite en 2022; “19 asesinatos, 15 de ellos registrados en la Amazonia Legal y la mayoría de las víctimas, una vez más, son indígenas”, advierte el comunicado de CPT.
“La impunidad en el Amazonas sigue matando, deforestando y contaminando nuestras tierras y aguas”, apunta CPT. ¿Las víctimas más recientes? Dom Phillips y Bruno Pereira.
