Brasil: Proyecto de Ley que limita derechos indígenas obtiene media sanción

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el martes una medida que establece límites a la delimitación de territorios indígenas, pese a la resistencia del gobierno y con apoyo de partidos que componen el Ejecutivo.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el último martes el polémico Proyecto de Ley 490/07, conocido como Marco Temporal. El establece la aplicación de la tesis del marco temporal en la delimitación de tierras indígenas, es decir, que sólo se podrán demarcar nuevas tierras si estaban ocupadas por pueblos indígenas en la fecha de promulgación de la Constitución de 1988.

La medida implica un retroceso debido a la situación de las tierras y pueblos indígenas del país. Según el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), el 60% de las 1,4 mil tierras indígenas brasileñas no están regularizadas. A su vez, en casi 600 de ellas ni siquiera se ha iniciado el proceso de demarcación. De convertirse en ley, el hito temporal será el principal argumento de agricultores y grandes empresas para cuestionar las demarcaciones aún no concluidas. Además de las demarcaciones paralizadas, existe el temor de que se revisen las demarcaciones ya realizadas.

El resultado de la votación fue de 283 votos a favor y 155 en contra. Solamente los representantes del PT, el PSOL, el PCdoB y la Rede votaron en contra del proyecto. 

Tras la aprobación de la misma, diferentes organizaciones salieron a repudiar la iniciativa, a la cual no sólo calificaron como un retroceso sino que alertaron para los riesgos ambientales por el marco legal del que dispondría el agronegocio para avanzar sobre tierras vírgenes de ser sancionada la medida. 

El portavoz de Greenpeace Brasil en la Amazonia, Danicley de Aguiar, afirmó que la aprobación que “la aprobación del PL 490 corona los esfuerzos de la bancada ruralista para relativizar los derechos indígenas y forzar la apertura de los territorios tradicionales al agronegocio y a otras actividades económicas incapaces de coexistir con la selva; ignorando el deseo de reparación histórica a los pueblos originarios expresado por la sociedad brasileña en los artículos 231 y 232 de la Constitución de 1988”. 

En la misma declaración, Aguiar apunta: “En el siglo XXI, no podemos tolerar que un puñado de congresistas comprometidos con el atraso continúe trabajando para revertir la voluntad de la mayoría de los brasileños. La bancada ruralista necesita entender que cualquier ataque a los derechos indígenas es un ataque a la democracia”.

En un comunicado, el Observatorio del Clima lamentó la decisión del Congreso. “Ahora, la Cámara de Diputados da un mensaje claro al país y al mundo: Bolsonaro se fue, pero el exterminio continúa. En lo que respecta a Arthur Lira y su banda de motosierristas, el medio ambiente y los derechos indígenas serán borrados del mapa en los próximos cuatro años. El Senado, ahora, tiene la obligación de revertir los absurdos aprobados por la Cámara, y el STF necesita analizar urgentemente el proceso del hito temporal”.

El proyecto pasa ahora al Senado donde se especula con que no exista la misma prisa que en el Congreso para votar el Marco Temporal. El presidente de la Cámara, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se muestra menos reacio a la posición del Gobierno que Arthur Lira, presidente de la Cámara. 

La cuestión ambiental y los derechos de los pueblos indígenas son áreas en las que el Congreso, especialmente la Cámara de Representantes, viene desgastando al gobierno. El primero de ellos es la señal de que las carteras dedicadas a estos temas pueden ser vaciadas.

Los cambios en el texto aprobado, sin embargo, requieren una doble negociación: con los propios senadores y con la Cámara, ya que, en caso de enmiendas, la cuestión vuelve a la consideración de los diputados. El Gobierno intentará que los miembros de los partidos políticos con presencia en los ministerios mantengan la lealtad, algo que no viene sucediendo y que es motivo de preocupación en el Ejecutivo.

En la Cámara, la defección de diputados fue evidente. União Brasil, que controla tres ministerios y que es parte del gobierno, fue el segundo partido que más votos emitió a favor de la tesis que limita los derechos de los pueblos indígenas.