Emanada del clamor popular luego de los acontecimientos del estallido social del 2019 cuando surgieron manifestaciones masivas y prolongadas protestas, emergió con fuerza la necesidad de modificar la constitución neoliberal vigente desde el gobierno militar de Pinochet.
Así fue que en el año 2022 arrancó el proceso de convocar una Asamblea Constituyente que tuviera el mandato de elaborar un texto para luego ser plebiscitado. En aquella oportunidad los miembros que conformaron la convención constituyente fueron elegidos directamente a través de elecciones libres, por lo que cualquier ciudadano o ciudadana podía ser parte.
De las elecciones surgió una alta representación de las izquierdas. Como también se había dejado un cupo fijo de miembros para los pueblos indígenas, quienes serían propuestos por sus propias comunidades. Luego de largos meses de discusión y elaboración se logró un texto ampliamente progresista que fue sometido a un referéndum, pero finalmente el 61% de los chilenos decidieron no aprobarla.
Lo que sí quedó en vigencia fue la idea de que había que reformar la Constitución, aunque ahora había que buscar nuevos mecanismos para su elaboración. Así fue que en esta segunda ocasión y de esa experiencia fallida, el proceso quedó más ligado a las instancias institucionales. En esta segunda chance de reforma la carta magna, serán los partidos políticos básicamente quienes llevarán adelante el proceso, ya que tanto el oficialismo como la oposición elegirán la mitad de los integrantes desde una “comisión especial”, que tendrá a su cargo la elaboración del texto constitucional. Por lo cual ya no será una Convención Constituyente elegida por la ciudadanía.
Ahora el nuevo proceso constituyente en Chile ya está en marcha nuevamente. El primer paso fue la promulgación de la ley que lo habilita, estableciendo un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Carta Magna basada en las 12 bases constitucionales establecidas en el “Acuerdo por Chile”. Para ello, uno de los pasos necesarios será conformar una “comisión especial” de expertos con 24 miembros encargada de redactar el anteproyecto, que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional.
Los distintos partidos políticos -luego de tres meses de diálogo- lograron que la Cámara de Diputados y el Senado llegarán a los acuerdos necesarios para concluir la “comisión especial de expertos”. Entre el listado de las personas que formarán dicho cuerpo encontramos nombres de resonancia como los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.
Dado ese primer paso, se conformará el “Consejo Constitucional”. Este órgano estará constituido por 50 personas elegidas entre la ciudadanía de forma paritaria y sumará algunos escaños más reservados a los pueblos originarios, como también formarán parte los expertos designados por el Congreso.
De esas 50 personas para postularse deberán hacerlo desde los partidos políticos del sistema. Este órgano es quien hará una revisión del texto y decidirá si será el definitivo. Podrá hacerle reformas e incorporar nuevas normas a lo que haya plasmado la “Comisión de expertos”. Y sumará a los miembros de la comisión de expertos, confirmando así un órgano de 75 personas aproximadamente.
Esta comisión velará por que sean respetados los límites constitucionales impuestos en el acuerdo constituyente que son: Que Chile es una República Democrática; que el Estado de Chile es unitario y descentralizado; que la soberanía tiene como límite los Derechos Humanos; entre otras normas.
Lejos quedaron varios de los ejes más importantes de la primera Constitución que van, por ejemplo la idea de Estado Plurinacional. Más bien, se pueden observar resabios de base neoliberales, como por ejemplo, la propuesta de la independencia del Banco central.
Finalmente será sometida a la voluntad popular a través de un nuevo plebiscito de salida cuyos votos serán obligatorios. La fecha estipulada está prevista para el 17 de diciembre. Toda una maraña de vueltas que supuestamente quiere evitar los errores cometidos en el primer proceso de intentar redactar una nueva Constitución.
