“¿Qué hace que alguien se ocupe de no repartir los alimentos que están en un galpón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se hace? La gente está pasando hambre y no te dan comida. Eso es un delito”. El reclamo no lo hizo Juan Grabois, ni Belliboni, tampoco Axel Kicillof o algún otro líder de la oposición. El reclamo fue hecho por Mirtha Legrand frente a la sonrisa incomoda de la canciller, Diana Mondino.
Ni bien Javier Milei asumió el gobierno las organizaciones sociales ya preveían que la entrega de alimentos a los comedores comunitarios se iba a complicar. En primer lugar por la lógica transición de administraciones que ya se entendía lenta y compleja. De hecho, en más de una reunión, los flamantes funcionarios de la Secretaría de Niñez y Familia encabezada por el puntero PRO de San Miguel, Pablo de la Torre, se sentaron frente a los referentes de los movimientos sociales para hacer un sinfín de preguntas sobre cómo era más efectivo repartir los alimentos. Falta de capacidad, falta de experiencia e improvisación.
Con el pasar los meses, los principales movimientos populares del país entendieron, que más allá de la falta de experiencia, había una franca decisión del gobierno nacional que implicaba borrarlos del mapa de la asistencia social. Para esto intentaron primero ir por otros mediadores, entre ellos la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas nucleadas en ACIERA. Desde Caritas mismo salió a aclarar mediante una carta pública que su mera mediación era insuficiente para atender la demanda alimentaria de la población más vulnerable. Mediaba febrero, ya eran tres los meses sin entrega de alimentos.
Febrero fue el mes de la “Fila del Hambre”. Más de diez mil personas hicieron fila en el Ministerio de Capital Humano para pedirle a su titular, Sandra Pettovello, asistencia alimentaria. “¿La gente tiene hambre? Yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, pero no a los referentes”, había dicho algunos días antes a los dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que llegaron hasta su puerta y fueron reprimidos. Hace algunos días esta fila volvió a reeditarse con casi nula difusión mediática.
Fue el mismo febrero en el que el dirigente político Juan Grabois presentó una denuncia penal contra la Ministra por incumplimiento de deberes de funcionario público. En un escrito presentado ante la justicia federal, pidió que se investigue a la Ministra por “no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina, violando así, normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como Ministra con competencia directa en el tema”.
Y esta denuncia avanzó, de manera lenta y silenciosa, pero avanzó. Recientemente fue ampliada a partir de la investigación realizada por el periodista Ari Lijalad de El Destape que dio a conocer la existencia de 5 millones de kilos de alimentos guardados desde finales de 2023. A esta denuncia se le sumó, nuevamente, el reclamo de la Iglesia Católica a partir del presidente del Episcopado Argentino, monseñor Oscar Ojea: “No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión. Rápidamente tienen que ser entregados, esta sensibilidad frente al pan que yo tengo y puede faltar en otras mesas va contra todo lo que significa, por ejemplo, cuando tiramos comida”.
Hoy, lunes 27 de mayo, el juez Sebastián Casanello finalmente comenzó a dar pasos firmen en la causa contra Pettovello y ordenó que en 72 horas Capital Humano informe la cantidad de productos alimenticios que tiene stockeados y, de acuerdo a la fecha de vencimiento y tipo de producto, establezca “de inmediato” un plan de distribución. La respuesta del gobierno nacional, mediante su vocero, Manuel Adorni, fue desestimar la orden judicial y presentar una apelación.
Ni la presión de las organizaciones sociales, los sindicatos, la iglesia católica, los medios y la opinión pública logró hasta ahora hacer que el gobierno nacional reparta de alguna manera los alimentos acopiados. Por el contrario, se aferra una serie de relatos que fue repitiendo una y otra vez que iremos desmenuzando a continuación.
- “La mitad de los comedores no existen”
La “exhaustiva auditoria” del ministerio de Capital Humano fue realizada sobre la base del Registro Nacional de Comedores (RENACOM) que conserva datos desactualizados y constituye un mero registro elaborado en base a formularios auto-completados por cualquier persona con una computadora e internet. La inscripción en el RENACOM no implica de ninguna manera la recepción de alimentos ni dinero por parte del estado.
Los comedores que recibían alimentos estaban consignados en los distintos convenios que el Ministerio de Desarrollo Social o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaban con organizaciones de la sociedad civil. Éste último programa fue el principal canal de acceso a los alimentos que abastecen los comedores. En los convenios figuraban los comedores que efectivamente los recibían. El relevamiento debió hacerse sobre la base de estos comedores. El PNUD tenía su propio esquema de auditoría con rendiciones contables e inspecciones.
Por otro lado, en el expediente de la denuncia realizada por Grabois, las autoridades de Capital Humano tuvieron que reconocer que solo relevaron el 5,8% de los comedores comunitarios. De hecho, recientemente el gobierno presentó pruebas por 1607 comedores “fantasmas”, sobre la base de más de 44 mil que componen el RENACOM, es decir, que solo el 4% del total de comedores registrados serían fantasmas, muy lejos de supuesta mitad denunciada.
Por último, la “no validez” (según la terminología implementada por el ministerio) de un comedor es algo totalmente relativo. Muchos no tienen domicilios porque el mero registro de calles en los barrios populares es muy difuso. Otros funcionan en casas de familia. Otros ante la falta de repartición de alimentos tuvieron que cerrar. Otros se mudaron a espacios más grandes. Otros fueron armados coyunturalmente para la pandemia. En fin, un sinfín de situaciones que el ministerio nunca registró, solo se avocó a poner “valido” o “no valido”.
- “La comida que está en los galpones está destinada a catástrofes y no corre riesgo de vencimiento”
Tanto el vocero presidencial como el secretario de Niñez y Familia aseguraron que los millones de kilos de alimentos guardados en depósitos son para “emergencias climáticas”. Un dato curiosos, ya que ninguno de esos paquetes siquiera se movió para las más de 5 catástrofes climáticas que el país vivió desde que Milei asumió. Nos obstante, el programa para atender las catástrofes ya existe, se denomina “PROGRAMA DE ASISTENCIA POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS CLIMÁTICAS Y CATÁSTROFES NATURALES O ACCIDENTALES” y está reglado por la Resolución 485/2016.
La mercadería acopiada en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo está exclusivamente destinada a atender a población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil. Así lo dice textualmente el convenio de adquisición con la OEI. El convenio con PNUD también está encarado desde el “abordaje comunitario” para mitigar situaciones de vulnerabilidad.
Por otro lado, muchos de los alimentos acopiados fueron comprados por la gestión anterior. La posibilidad de que caduquen es real. Es algo que suele pasar en los grandes galpones, pero dejar que suceda en una país con 55% de pobreza y 18% de indigencia implica una sería falta en todos los aspectos, de capacidad, de ideología y de ética.
