EL CALLEJÓN SIN SALIDA DE LA DEUDA
Resulta claro y una buena cantidad de analistas lo han planteado, que la deuda de 44.500 millones de dólares que el gobierno de Mauricio Macri tomó con el FMI a través de un crédito Stand By, sitúo a la Argentina en un callejón sin salida: unos 19.000 millones de dólares de vencimientos para el año 2022 y otro tanto para el 2023, tornaban efectivamente impagable esta deuda.
Más allá de esta cuestión, debemos tener presente que el Fondo opera como un lobista de dos grandes enemigos de los países de la periferia del mundo. Por un lado, las necesidades políticas y económicas del gobierno de Estados Unidos, que se encuentra en un momento de decadencia de su posición geopolítica hegemónica en el orden global. Toda subordinación de países de la periferia latinoamericana a la necesidad es parte de una lógica de fortalecimiento del dólar como moneda de referencia global y a la política comercial de Washington, que teme las negociaciones bilaterales con otras potencias como China o Rusia, quienes continúan socavando su poder imperial.
Por otro lado, el Fondo opera como el auditor de los intereses privados de los bancos de inversión y otros mega-agentes del sistema financiero global. De esta manera, asegurar las metas de política macroeconómica que el Fondo propone en general como condición sinequanon para los acuerdos sobre refinanciación de las deudas, tienen que ver con generar un excedente de dólares lo suficientemente significativo para pagar los compromisos del Estado con los acreedores privados y sostener las bicicletas del sistema financiero internacional.
En particular en Argentina, reconocido por el propio ex presidente Macri, el endeudamiento con el FMI se utilizó en buena medida para garantizar las divisas que demandaban los especuladores financieros: principales beneficiados por una política de altas tasas de interés y de oferta de activos y la convalidación de cada operación especulativa sobre el tipo de cambio en los años de Cambiemos. Así, los dólares del FMI financiaron la fuga de capitales del país y buena parte de ellos están aún buscando las alternativas para retirarse dolarizados, por lo que necesitan del apoyo del Fondo y el resto de los resortes del poder mundial. En sí, el FMI es el garante de los buenos negocios para el gran capital y, al mismo tiempo, de los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región.
En todo momento, en cada acuerdo y renegociación a lo largo y ancho del mundo, las refinanciaciones del fondo garantizan la dependencia financiera crónica, cuestión que ya hemos experimentado de sobra a lo largo de los 22 acuerdos previos que el país realizó con el organismo.
LA LETRA (CHICA) DEL ACUERDO
Más allá de cómo se desarrolle en concreto la letra chica del acuerdo alcanzado entre el gobierno del Frente de Todos y el FMI, lo cierto es que los presupuestos son tan básicamente ortodoxos en materia económica que no hay ningún elemento que permita diferenciar este plan de renegociación de los que históricamente ha llevado adelante el Fondo con diferentes países. Básicamente el FMI se compromete a entregar un nuevo préstamo a la Argentina para pagar los vencimientos de los próximos dos años.
Para que esas entregas se cumplan, la política macroeconómica de Argentina será supervisada de manera sistemática por agentes del Fondo cada tres meses, quienes dirán si marcha el plan de metas que propuso el gobierno argentino en función de lo acordado o si hay desviaciones. Esto se traduce en casi una situación de co-gobierno de la política macroeconómica y un acorralamiento de la soberanía muy importante, al menos para un gobierno nacional-popular.
La situación de monitoreos se distribuye en cuatro áreas que son, básicamente, las áreas básicas de cualquier política macroeconómica. En primer lugar, en el frente fiscal, el gobierno plantea una reducción del déficit fiscal en un sendero que sería 2,5% del PBI este año, 1,9% el año 2023 y 0,9% en 2024. Por supuesto, la discusión pasa por si efectivamente esto implicaría una reducción del gasto o bien un incremento de impuestos. La respuesta oficial por el momento no otorga ninguna certeza: el gasto crecerá en términos reales, se reasignarán fondos y la recaudación impositiva crecerá.
Es bastante limitada la capacidad que ha tenido históricamente el Estado argentino para recaudar impuestos progresivos (que paguen más quienes más tienen). Como muestra sobra un botón: el impuesto a las grandes fortunas se transformó en un aporte extraordinario por única vez con un porcentaje de evasión a través de medidas judiciales considerables. De esta manera, una exigencia de reducción del déficit fiscal tan acelerada provoca serias dudas. En segundo lugar, la meta monetaria y el control de la emisión, que tiene como contrapartida una tasa de interés real positiva, marca una política monetaria restrictiva y además marca que -más allá de los dichos acerca de la multicausalidad de la inflación- el gobierno cede ante una mirada monetarista y, además, se vincula a las expectativas empresariales.
A todo esto, en ningún punto se plantea con seriedad que el poder de mercado y el control de sectores estratégicos por parte del gran empresariado es el principal aspecto para discutir las subas de precios en el país. Por último, la acumulación de reservas internacionales presupone un crecimiento de los ingresos de capitales al país y una expansión exportadora que parece desconocer el peso de la restricción externa propia de una economía periférica y dependiente como la Argentina.
Claro, siempre cabe la duda de cuáles eran las alternativas posibles ¿Era real no pagar y declarar el default con el fondo? ¿Era menos deseable esta situación? ¿Hubiera generado mayor inestabilidad macroeconómica no llegar a un acuerdo? Si estas preguntas las respondemos a partir del posibilismo, siempre aparece como obvio que no había alternativa o que toda alternativa hubiera sido peor.
Es claro que las condiciones que impone el capitalismo dependiente son muy restrictivas. Que los márgenes de maniobra fueron reducidos hasta su máxima expresión desde el momento mismo en que el gobierno de Donald Trump tomó la decisión de acorralar a la economía argentina mediante el FMI, para que no abone a estrategias de autonomía regional como las que disfrutamos en la primera década del siglo XXI. Sin embargo, las condiciones para construir otra correlación de fuerzas se dejaron pasar. Se depositó la confianza en las soluciones económicas tecnocráticas y los gestos hacia el establishment y el poder económico, que a lo largo de dos años de crisis no hicieron más que mostrar que su proyecto económico político difiere del que lleva entre manos el Frente de Todos, aún en esta versión progresista edulcorada.
LA PÉRDIDA DE LA ÉPICA Y LA TRAMPA DEL “POSIBILISMO”
Por lo que mencionamos antes, el acuerdo con el Fondo tiene algunas características extremadamente defensivas, dando por hecho que los fundamentos teóricos de la política económica que el organismo propone, son correctos. Es evidente que es un contexto ineludiblemente desfavorable en lo económico para una salida técnica airosa. Estos elementos estaban ya en el tablero en el momento de la asunción del presidente Alberto Fernández. El punto es, entonces, cómo trabajar los triunfos y las derrotas de los grandes temas de la política económica, sin desdibujar dónde se encuentran los enemigos y dónde se ubican las necesidades populares.
En lugar de la confianza en la tecnocracia, el problema de la deuda externa en general -pero sobre todo la deuda con el FMI-, es un problema político. En los años del estallido de 2001, era muy improbable que algún sector del pueblo y del empresariado nacional diera crédito a la política del FMI. Del modo similar en 2014, la discusión con los fondos especulativos que no habían entrado en el canje de 2005 fue rápidamente convertida en consigna, aun cuando la resolución no fue un triunfo: Patria o Buitres.
Recuperar una épica nacional es lo urgente y, en ese sentido, aun cuando las condiciones o los resultados de una negociación sean desfavorables porque nuestra correlación de fuerzas se encuentra diezmada, es importante construir al adversario político a partir de ese conflicto de intereses concreto. El consenso, el acuerdo y las soluciones técnicas no estuvieron sobre la mesa cuando el FMI salteó todos los protocolos para apurar el préstamo acordado entre Macri y Trump para favorecer a los grandes capitales especulativos.
En nuestro caso, pretendemos buscar soluciones técnicas antes que diferenciarnos con claridad del adversario político. Cuando la política se transforma en administración, pierde la dimensión que la constituye que es el conflicto, la disputa entre proyectos de país. Aun en la derrota, asumir que no pudimos torcer la voluntad de los poderosos, aunque lo intentamos, es una mejor salida si lo que pretendemos es construir una voluntad nacional popular que ponga las prioridades en la agenda de nuestro desarrollo soberano. Los lugares de enunciación privilegiados tienen la capacidad de ampliar el horizonte de sentido en las mayorías y eso es un gran valor como para desaprovechar intentando dar cátedra de posibilismo y de argumentaciones técnicas propias de manuales de economía liberal.
Emiliano López (Investigador del CONICET-UNLP/ Instituto Tricontinental de Investigación Social)
