Cuando Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador sabía que debía enfrentar la crisis sanitaria generada por la pandemia, que además de golpear a la ciudadanía y al sistema de salud, profundizó la crisis económica y social. Para ello, el punto de partida era un aparato político-institucional debilitado por los atropellos de Lenin Moreno a la Asamblea Nacional y el Poder Judicial.
En la primera vuelta electoral, el ahora presidente obtuvo el 19,74%, de los votos, lo que se transforma en su verdadero núcleo de apoyo. En segunda vuelta se sumó el voto anticorreista, pero esto no se traduce necesariamente en un respaldo a su figura. Asimismo, Lasso cuenta con tan solo 12 de los 137 legisladores de la Asamblea Nacional y poco respaldo territorial en términos de prefecturas y alcaldías. Sin embargo, el exitoso plan de vacunación sirvió para sortear los primeros meses de gestión con una imagen de aprobación que superaba el 70%.
A cinco meses de haber asumido, y con la pandemia más en el retrovisor que en el horizonte, Lasso cayó ahora a un 34% de aprobación según encuestadoras ecuatorianas. El mandatario tiene abiertos cuatro grandes frentes de batalla que han coincidido en tiempo y en urgencia. Y aunque cuenta con escasos recursos políticos para enfrentarlos, mantiene la convicción de aplicar su programa neoliberal.
En minoría y en guerra contra la oposición
Lasso cuenta con la bancada más chica de la Asamblea Nacional, hasta los sectores independientes lo superan en manos. Esa debilidad se profundizó debido a la incipiente articulación de la oposición, particularmente entre el correísmo y un sector de Pachakutik, el brazo político de la confederación índigena (CONAIE).
La ley Creando Oportunidades, eje trascendental del programa económico de Lasso, fue rechazada por la oposición. La normativa tiene tres ejes: simplificación tributaria, reforma laboral y atracción de inversiones. En cuanto a la reforma laboral, significa una flexibilización en las modalidades de contratación y las jornadas laborales.
Tan importante es esta ley para el proyecto de Lasso que llamó a dar “una batalla democrática” para defenderla, amenazando incluso con aplicar la “muerte cruzada”, un mecanismo que le permite al Ejecutivo disolver el Congreso y gobernar por decreto por 90 días hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales y legislativas.
“Parece ser una amenaza que utiliza Lasso para generar una disciplina y un condicionamiento a sus requisitos. Concretamente, no se ven movimientos de que pueda aplicarse”, explica Irene León, socióloga y analista ecuatoriana. “La muerte cruzada afecta a su gobierno porque tendría que renunciar también. Sería muy iluso pensar que va a usarla después de tantos esfuerzos de la derecha para llegar al poder”.
Salpicado por Pandora Papers
La última investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló los secretos financieros de 35 líderes mundiales, más de 330 políticos y funcionarios. Entre ellos, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. Según los documentos filtrados, Lasso ha tenido vínculos con 10 empresas y fideicomisos ‘offshore’ en Panamá y Estados Unidos.
Los registros muestran que transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de que el parlamento ecuatoriano prohibiera a los funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales.
“En el caso de Ecuador, no solamente es un cuestionamiento ético, sino que es contra la ley. Aquí se prohíbe que los funcionarios públicos tengan inversiones en guaridas fiscales. Esta situación es ilegal e ilegítima. Arauz y Unes habían denunciado la vinculación de Lasso con cuentas offshore pero nunca se ha dado respuestas”, precisó León.
Ante las filtraciones, la Asamblea Nacional aprobó una investigación para determinar si el presidente violó la ley al mantener dinero en paraísos fiscales. En paralelo, la Fiscalía de Ecuador abrió una investigación por un supuesto delito de contra la Hacienda Pública. Lasso ha sido convocado dos veces por la Comisión Parlamentaria que lo investiga pero se ha excusado con una carta en la que asegura haber cumplido con sus obligaciones con el fisco.
Crisis carcelaria y de seguridad
Durante los gobiernos de Rafael Correa, Ecuador logró una fuerte disminución de la violencia y niveles récord de incautaciones de drogas. Sin embargo, en los últimos años la violencia recuperó terreno en el país. En el primer semestre del año, las cifras de muertes violentas crecieron en un en un 69% respecto a 2020.
La crisis de seguridad y carcelaria que vive Ecuador llevó al gobierno nacional a decretar el estado de excepción e intentar imponer la ley y el orden militarizando las calles. Uno de los principales motivos es el creciente negocio del narcotráfico, y la disputa entre bandas criminales locales que son brazos de carteles internacionales.
Según el medio InSight Crime, más de un tercio de la creciente producción de cocaína en Colombia llega actualmente a Ecuador. La droga sale de los puertos, las costas y los aeropuertos del país, y de allí se envía a todo el mundo, con destino a Estados Unidos, Europa e incluso Asia y Oceanía.
La guerra entre bandas criminales dentro de las cárceles ecuatorianas, y el hacinamiento producto de la superpoblación de personas detenidas por delitos menores o sin sentencia firme, desataron una verdadera crisis carcelaria. En lo que va del 2021 murieron más de 230 presos, siendo Guayaquil el epicentro del conflicto.
Hace pocas semanas, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, respaldó públicamente la decisión de Lasso de decretar un estado de excepción de dos meses para combatir el narcotráfico. El gesto se trata de un acercamiento de Ecuador a la política exterior de Washington.
El apoyo militar se evidencia, a su vez, en la reciente inauguración de los puntos de control de Estados Unidos en el país. El más reciente se instaló sobre la montaña Montecristi, lugar que fuese sede de la Constituyente popular del año 1998, y a pocos minutos de donde se encontraba la base militar de Mantas, cerrada antes por Rafael Correa.
Movilizaciones populares y programa neoliberal
Lasso también se debe enfrentar a una serie de protestas que tienen como eje común el freno de los precios de la gasolina extra y el diésel. Tras las movilizaciones, el mandatario debió suspender los incrementos mensuales de los precios de los combustibles.
Las movilizaciones no tuvieron una fuerte presencia en Quito, pero sí en el interior del país. Allí hubo una represión brutal, con muchas personas heridas, e incluso con la muerte de un periodista. La CONAIE denunció represión en varias regiones y sostuvo que las fuerzas de seguridad no utilizan las bombas lacrimógenas para dispersar a la gente, sino que lo hacen directamente contra el cuerpo de los manifestantes.
“Hay un monotema de un sector de la CONAIE, que es el congelamiento del aumento de los combustibles, pero también hay otra agenda de sectores movilizados que es más heterogénea y que apunta a resolver estos problemas sociales y económicos”, señala Irene León.
La crisis económica y social golpea fuerte en Ecuador: la deuda externa llega al 45% del PBI, la pobreza alcanza el 50 % de los ecuatorianos y ecuatorianas, y la tasa de desempleo y subempleo se ubica en el 28%. Pese a todas las debilidades, Lasso continúa con su programa de reformas neoliberales. En medio de las protestas anunció el decreto 238 para privatizar el servicio eléctrico. “Hay un avance sin pausa del neoliberalismo, del capital y el poder de Estados Unidos”, concluyó León.
