El negocio de envenenar: Syngenta y el herbicida atrazina

Entrevista a Tyrone Hayes, el biólogo e investigador perseguido por la corporación Syngenta por denunciar los daños de la atrazina, uno de los agrotóxicos más utilizado en Argentina. Informe especial sobre el accionar de la multinacional de origen suizo y capitales chinos, la compra de científicos, el lobby en los organismos de control y las denuncias por contaminar y enfermar.

Fotografía de Marco Vernaschi.

Artículo originalmente publicado en Agencia Tierra Viva. 

Prendo la radio. Antonio Aracre, presidente en Argentina y CEO para Latinoamericana de Syngenta , habla. La entrevista es afable. Le brindan espacio para opinar, dentro de su zona de confort, sobre todo. No le preguntan por qué sigue comercializando en el país agroquímicos biocidas prohibidos por su peligrosidad en otros lados del mundo. Tampoco lo consultan sobre las tácticas para sostener en el mercado a uno de esos productos más denunciados: la atrazina. Apago la radio.

¿Qué es la atrazina? Es un herbicida disruptor endocrino (químico capaz de dañar nuestras hormonas y afectar negativamente a nuestra salud) que, aun en dosis muy bajas, puede causar defectos de nacimiento y daños reproductivos. También es un posible carcinógeno, con mayor evidencia en cáncer de mama y próstata.

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Prendo la tele. Antonio Aracre, sonríe y se expresa con el timing justo. La entrevista es amigable. No le preguntan por qué Syngenta ha interferido en la literatura científica “plantando” papers para poder seguir comercializando atrazina y presionado sobre las agencias de regulación que la autorizan. Apago la tele.

Syngenta es hoy el principal productor de la molécula tóxica atrazina, inventada en 1958 por la empresa Geigy, génesis de la actual corporación. La compañía no la comercializa en Suiza, donde tiene su sede, pero sí en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. La denominada “República Unida de la Soja”, según un viejo anuncio publicitario de Syngenta que ilustra cómo conciben al Cono Sur.

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Abro el diario. Antonio Aracre, opina sobre el futuro. No le preguntan por los impactos de sus productos. Cierro el diario.

A pesar de estar prohibida en más de 37 países y desde hace casi dos décadas, debido a la contaminación del agua, en la en la Unión Europea, el Estado argentino la permite y no la monitorea. La atrazina es uno de los plaguicidas más usado en el país. Se ha encontrado atrazina en aguas de lagunas de llanura pampeana, en la lluvia, en suelos, en sedimentos, en aguas de pozo de escuelas rurales y de comunidades. También hay evidencia de que está presente en verduras, frutas, peces y recientemente en leche de vaca.

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Abro el correo. Le escribo al doctor Tyrone Hayes. Le pregunto si puede contarle a Tierra Viva cómo actúa Syngenta cuando la evidencia señala que uno de sus productos es dañino. Cómo acciona la empresa cuando un estudio científico concluye que la atrazina puede provocar hermafroditismo (cambiar el sexo de macho a hembra) aún en dosis bajísimas, algo que Hayes viene señalando hace años. Lo consulto sobre el potencial del herbicida para actuar como disruptor endocrino y las preocupaciones sobre la persistencia de la sustancia química en el agua potable. Y también le consulto por qué cree que, pese a todas las pruebas, Syngenta sigue comercializando el herbicida atrazina.

El doctor Hayes accede. Abro el zoom.

Antonio Aracre, CEO de Syngenta, cuenta con amplios contactos políticos y, pauta mediante, mucho espacio en medios de comunicación.

El científico Tyrone Hayes

El doctor Tyrone Hayes es biólogo, investigador y profesor en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Es uno de los expertos más reconocidos en el estudio de la atrazina y sus potenciales daños.

Hayes demostró que la atrazina causa estragos en la vida sexual de las ranas macho adultas. ¿Qué les provoca? El herbicida produce trastornos reproductivos, castrando tres cuartas partes de los anfibios estudiados y convirtiendo a una de cada diez en hembras. La feminización (hermafroditismo inducido) no se produce en concentraciones extremadamente altas sino en niveles bajísimos. También, junto a otros investigadores de otras partes del mundo (incluidos estudios en Argentina), comprobó daños en reptiles, peces y mamíferos.

¿Qué peligro representa la atrazina para la salud humana? Hayes lo simplifica y explica. “En humanos la exposición a atrazina puede producir cáncer de próstata, cáncer de mama, problemas de fertilidad, reproductivos. Esta asociación está demostrada y hay estudios alrededor de todo el mundo. También está probado que produce alteraciones en las hormonas masculinas, en bebés humanos, que provocan sus genitales masculinos no se desarrollen con normalidad”. En Argentina no se conoce ninguna posición pública de las autoridades de Salud sobre el tema.

Las afectaciones se dan en casos muy por debajo de los parámetros permitidos. Para Hayes no hay niveles de uso seguro para la atrazina. ¿Debería prohibirse la atrazina?, preguntó Tierra Viva. “No tengo dudas, sí”.

Foto: Tyrone Hayer, doctor, biólogo e investigador de la Universidad de California en Berkeley.

Syngenta y sus intentos por silenciar la verdad

Hayes descubrió algo más que los daños de la atrazina. En sus orígenes, su investigación estuvo financiada por Syngenta. La historia es conocida para quienes siguen estos temas. La corporación intentó que el descubrimiento no saliera a la luz. Enterrarlo.

Hayes decidió romper el contrato con la corporación. Realizó nuevos estudios con otro financiamiento. Llegó a los mismos y alarmantes resultados. Y decidió hacerlos públicos. La corporación inició una persecución contra el biólogo y su familia.

—¿Por qué decidió no callar ante Syngenta? ¿Cuál fue el costo de esa decisión?

—Entendí que había que hacerlo. Que era lo correcto. La información que pretendían quedara oculta es una información que era importante estuviera en conocimiento de la opinión pública. Que debía conocerse.

Hayes además menciona que se volvió algo personal e ilustra. “Mi padre era una persona que no tuvo acceso a la educación formal, no terminó la secundaria. Para él fue muy importante que tanto yo como mis hermanos tuviéramos acceso a la educación y a un título universitario. También mientras crecíamos nos decía: ‘Nunca aceptes que otra persona te diga cuándo levantarte en las mañanas, cuándo regresar a casa con tu familia, cuándo comer tu almuerzo’”, relata Hayes orgulloso de su profesión, de su logro académico y de su crianza. “Cuando la compañía dijo que debía callarme, que debía hacer lo ellos decían, entendí que eso no estaba bien, el pedido afectaba mi libertad y no pude aceptarlo”.

“También en ese momento era muy naif y pensaba que las agencias de regulación iban a decidir correctamente si tenían acceso a esa información que Syngenta pretendía ocultar. Retrospectivamente tampoco en ese momento era consciente de las implicancias y el temor que vivieron mi esposa y mi familia. Porque la compañía los atacó también. Pero sigo creyendo que hice lo correcto”, afirma.

Publicidad de Syngenta en el diario La Nación – Sábado 27 de diciembre 2003.

Contaminar la ciencia

Cómo no podía negar la evidencia de los trabajos de Hayes, Syngenta, se propuso contrarrestar los hallazgos con estudios propios, por un lado, y destrozar la credibilidad y la carrera del investigador, por el otro.

La compañía contrató científicos que publicaron papers (escritos académicos) que concluyeron lo opuesto o descartaran las alarmas encendidas por el experto. En noviembre de 2011, un grupo organizado por Syngenta publicó una serie de artículos defendiendo la atrazina. Estos investigadores encontraron supuestos beneficios, que iban desde prevenir la erosión del suelo hasta contribuir con 3000 millones de dólares a la economía agrícola. El trabajo, con su claro sesgo y conflicto de interés, fue criticado por incurrir en errores de metodología que le permitían inferir beneficios inexistentes, según afirma un informe del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (Natural Resources Defense Council) titulado “Análisis Económico de la Atrazina de 2013.

Syngenta además intentó cortar los financiamientos tanto para las investigaciones de Hayes como para las casas de estudios que albergaran su laboratorio o grupo de trabajo. ¿Es posible hacer ciencia que pueda considerarse valida cuándo quien la financia es la corporación que fabrica el producto estudiado? “No voy a generalizar, pero en el caso de Syngenta, basado en mi experiencia, no. Con ellos es imposible. Solo dan a conocer los estudios cuándo lo que se encuentra no va en contra de sus intereses”, afirma.

Esos papers plantados por Syngenta, con información inexacta, parcial y que solo muestran bondades de la atrazina, permanecen en la literatura científica y siguen usándose para justificar su permanencia.

Foto: Nicolas Pousthomis / Subcoop.

Campañas tóxicas

Syngenta contrata a agencias de relaciones públicas para controlar la narrativa y eliminar cualquier preocupación de la opinión pública sobre los daños de la atrazina. Verdaderas campañas tóxicas que incluyen acciones para influir en los medios de comunicación, posibles jurados, posibles demandantes, agricultores, políticos, científicos y la agencia de regulación norteamericana EPA.

En Estados Unidos la atrazina está permitida. Con algunas restricciones de uso y se evalúa actualmente imponer allí otras menores destinadas a evitar la contaminación de agua, en medio de litigios judiciales.

Aunque sobren pruebas de daños, ¿por qué aún está permitida y no se la ha prohibido en Estados Unidos? Hayes responde con claridad y apunta al lobby de las corporaciones en ese organismo de control: “La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), el organismo regulador norteamericano, es un organismo fuertemente influenciado por las industrias, es decir que sus decisiones no se basan enteramente en la ciencia. Hay evidencia que muestra cómo la agencia concluye de un modo incorrecto y la permite”.

Hayes muestra imágenes para complementar su opinión. Exhibe un resumen de un informe de la propia EPA en dónde mencionan contundente que la atrazina puede impactar negativamente en el 54 por ciento de todas las especies y el 40 por ciento de los hábitats. Y también cómo, pese a eso, vuelven a renovar el permiso. “Si las pruebas de los daños o riesgos están y no lo prohíben es como considerar que alguna población o que algunas personas son descartables”, afirma Hayes.

Con los mismos argumentos que el lobby es más influyente que el deber de la Agencia en el cuidado de la salud, el 30 de octubre de 2020 la EPA fue demandada por las organizaciones no gubernamentales: Red de Acción en Plaguicidas (PAN), Beyond Pesticides, Centro para la Diversidad Biológica, Centro para la Seguridad de los Alimentos y la Coalición Rural, por la decisión provisoria de re-aprobación de la atrazina. En ese proceso, denunciaron las organizaciones ambientales, el organismo de control de Estados Unidos utilizó un «estudio» de la propia Syngenta para determinar los valores en los que el químico produce daño o no (y que implica decidir el valor en el que se va a permitir esté presente en el ambiente).

Poco se conoce esa información y los conflictos de intereses. No es casualidad. Dentro de las innumerables pruebas existentes sobre ese modus operandi, en el hostigamiento contra Hayes y contra quienes se sumaron a difundir la información, se demostró que la corporación pagó a los buscadores de internet para controlar que se mostraran en los primeros lugares tanto los papers corporativos como información que criticara o ridiculizara a Hayes.

Foto: Nicolas Pousthomis / Sub.coop

Atrazina para todas y todos

La atrazina (ATZ) es uno de los tres plaguicidas más utilizados en el Argentina. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) permite su uso sin restricciones. Es un herbicida sistémico selectivo autorizado para el control de malezas en cultivos de maíz, sorgo granífero, caña de azúcar y té, entre otros. Sin embargo, se según un informe de septiembre de 2021 del Ministerio de Ambiente, “se han detectado desvíos del uso permitido, como, por ejemplo, su aplicación en barbechos y cultivos de soja, papa, algodón, trigo y girasol”.

De las 154 presentaciones comerciales registradas de atrazina, el 80 por ciento está permitida mayormente como “producto que normalmente no ofrece peligro” (Banda IV) o como “ligeramente peligroso” (Banda III). Al país, en 2021 ingresaron, 25.227.190 de kilos,procedentes de China y Estados Unidos.

Cómo resume el informe del Ministerio de Ambiente, aunque en nada haya servido aún para modificar las políticas públicas de su uso, en Argentina se ha encontrado atrazina en aguas de lagunas de llanura pampeana, en la lluvia, en suelos, en sedimentos, en aguas de pozo de escuelas rurales y de comunidades. También hay evidencia de que está presente en verduras, frutas, peces y recientemente en leche de vaca.

La atrazina es el compuesto detectado con mayor frecuencia en diferentes cuencas hidrográficas argentinas. Esto se debe a la alta presión de su uso, su alta movilidad y persistencia “En el año 2003, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación Argentina publica el desarrollo de Niveles Guía Nacionales de Calidad de Agua Ambiente correspondiente a atrazina. “Cabe destacar que estas directrices no fueron reglamentadas, tampoco actualizadas y se basan principalmente en estudios desarrollados a nivel internacional”, se lee en el informe del Ministerio de Ambiente.

“En el agua que bebemos en Argentina, la derivación del nivel guía de calidad de agua para consumo humano toma como ingesta diaria tolerable (IDT) la calculada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, explica el informe oficiales.

¿Hay Atrazina en el agua de red, en el agua que consumimos? Argentina no está en condiciones de saberlo. El Código Alimentario, en su Capítulo 12 establece qué sustancias deben medirse para decir el agua es apta para consumo. La atrazina no es de medición obligatoria.

Desde el Gobierno no responden si esa omisión, funcional a las empresas que venden atrazina, es un retraso voluntario o no. De todos modos, por acción y omisión, los daños probados a la biodiversidad y los cuerpos ya impacta en el territorio y las comunidades.

Anabel Pomar es periodista y activista ambiental

 

* Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur.