El 8 de diciembre pasado los niños fueron capturados a unas manzanas de sus casas en Las Malvinas, al sur de Guayaquil en Ecuador. Los militares regresaban a su base luego de un operativo donde escoltaban un camión de aduana. En las cámaras de seguridad se observa cómo los soldados capturan a los menores, que no se resistieron. Desde entonces no se conoció el paradero de los niños, hasta el 24 de diciembre, cuando la Policía de investigaciones sacó de una zona pantanosa de Taura sus restos calcinados, a más de 40 kilómetros de donde fueron detenidos.
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El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, había asegurado que los militares detuvieron a los menores de entre 11 y 15 años porque estuvieron involucrados en un robo cerca de un centro comercial del sur de la ciudad.
Manifestó que cuando una patrulla militar con 16 soldados regresaba de dar custodia a un camión de la Aduana se percató de un presunto robo y aprehendieron a tres menores y que el cuarto fue entregado por la propia ciudadanía.
En el mismo sentido, Jesús López, abogado de los militares, sostuvo que cuando los uniformados se trasladaban en dos camionetas decidieron dirigirse hacia la unidad de Policía de Virgen de Fátima, cercana a la base de Taura, con la intención de entregar ahí a los detenidos, ya que los militares se dirigían a dicha base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Según López, los soldados liberaron a los menores en Taura y que nunca ingresaron a la base militar.
Por su parte, las familias de las víctimas presentaron recurso de habeas corpus y el caso pasó a investigarse como desaparición forzada.
Prisión preventiva para los 16 militares
El 31 de diciembre, el juez Dennis Ugalde Álvarez dictó prisión preventiva para los 16 militares investigados por este caso, que tomó relevancia internacional.
Por su parte, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó iniciar el proceso de juicio político contra el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, que tendrá que responder por la desaparición forzada y la muerte de los cuatro menores de edad de Las Malvinas
Este caso se procesa según el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, que tipifica el delito de desaparición forzada y establece una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, informó la Fiscalía de Guayaquil Sur.
