Robert Acevedo, líder liberal y caudillo de la zona fronteriza de Paraguay con Brasil, murió tras contraer COVID-19. Su fallecimiento expresa el estado precario de la salud pública paraguaya.
Por Julián Inzaugarat
Foto: EFE
El ex senador Robert Acevedo falleció tras contraer COVID-19. Con 55 años, fue internado en Pedro Juan Caballero, una ciudad en el nordeste del país, donde el hospital no contaba con recursos suficientes para su atención. Por esa misma razón fue trasladado al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM) en Asunción, con una ambulancia que tuvo una falla mecánica y lo dejó sin oxígeno.
Acevedo nació el 5 de mayo de 1965, se recibió de licenciado en Ciencias Contables y se transformó en un caudillo relevante del Partido Liberal Radical Auténtico, fue concejal de Pedro Juan Caballero, gobernador de Amambay, senador en dos periodos, presidente del Congreso y diputado nacional. Acevedo también fue uno de los principales dirigentes del movimiento regional Amambay Ñanemba’e. Junto a Mario Abdo Benítez, actual presidente de la República de Paraguay, se opuso al intento de enmienda de la Constitución que facilitaba la reelección de Horacio Cartes.
Era un férreo detractor del crimen organizado en la frontera paraguayo-brasileña y recibió varias distinciones por apoyar la lucha contra el narcotráfico, incluso de la propia Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Acevedo sufrió atentados contra su vida en varias oportunidades. En abril de 2010, fue atacado a balazos mientras se desplazaba en su camioneta en Pedro Juan Caballero, episodio en el que murieron acribillados su custodio policial Richard Martínez y su chofer Floriano Alonso. En septiembre del 2016, un grupo de desconocidos arrojó una bomba en la radio 570 AM de Amambay, propiedad de la familia Acevedo. En agosto de 2018, otro de sus guardaespaldas policiales, Diego Maidana, fue asesinado a balazos en la colonia Guavirá.
El sistema de salud en Paraguay
Robert Acevedo falleció tras varios días de luchar contra el coronavirus, evidenciando que existen graves problemas sanitarios en su país. El sistema de salud en Paraguay es uno de los más precarios y desguazados de la región, a nivel público existen solo 304 camas de terapia intensiva, incluyendo las pediátricas. En los hospitales privados, hay otras 202 camas de terapia intensiva pero cuestan 5.000 dólares por día si los pacientes no tienen seguro médico.
El estudio de Verónica Serafini Geoghega, Pandemia y salud en Paraguay: dos mitos sobre el papel del estado y el desarrollo, muestra que la inversión en salud fue aumentando aunque muy lentamente y aún está lejos de ser una prioridad estatal. A partir del año 2005, la inversión pública en salud inició una tendencia ascendente que fue interrumpida en 2008 y retomó con fuerza al año siguiente. A partir del 2013, la tendencia ha sido de un crecimiento mínimo del presupuesto de salud con un posterior estancamiento.
El Instituto de Previsión Social (IPS) que articula el sistema de seguridad social está colapsado desde mucho antes de la pandemia. Paraguay es uno de los países con menor gasto social en la región y consecuentemente de mayor gasto de bolsillo como proporción del gasto total realizado. Según el Observatorio Social de la CEPAL, en 2018 Paraguay invirtió solo el 1,8 por ciento en Salud.
El estudio de Serafini Geoghegan demuestra que, en contrapartida al estancamiento de la inversión en la salud pública, el Estado ha desviado recursos hacia el sector privado en seguros (llamados seguros VIP) y tercerizaciones. Esto genera una muy baja calidad de servicios en el interior del país y complica en diversos frentes el acceso a la salud: uso discrecional de ambulancias, negociados políticos para acceder a tratamientos, entre otros. Además obliga a traslados hacia Asunción en ambulancias que no siempre están en estado o en condiciones. En regiones como el Chaco no poseen terapia, por lo que deben ser trasladados a un centro más cercano.
A esta situación histórica del sistema de salud se sumó la pandemia de COVID. Paraguay había mostrado una de las respuestas más rápidas y firmes en la adopción de medidas de contención del contagio, suspendiendo todo evento de concurrencia masiva ya desde el 10 de marzo y declarando el estado de emergencia sanitaria en el país desde el 16 de marzo. El modelo paraguayo aparecía como un caso de éxito en la gestión de medidas para evitar su propagación.
A inicios de la pandemia, mediante una Ley de Emergencia, Paraguay accedió a un millonario endeudamiento de USD 1.600 millones para hacer frente a la crítica situación sanitaria que atravesaba el país. De ese monto, Salud fue beneficiado con USD 494 millones, sin embargo, se dio a conocer que hasta agosto solo había podido ejecutar un 7,5% de ese total (USD 37 millones).
La infraestructura y el sistema de salud no parecen preparados para enfrentar la pandemia. En todo Alto Paraguay no existe un laboratorio para analizar las pruebas del COVID-19, por lo que las muestras son enviadas a la capital del país con alta demora en la devolución de los resultados. Asimismo, a la limitada infraestructura y escasez de recursos se sumó el desgaste generado por la epidemia del dengue en los meses previos.
El manejo de la pandemia se vio manchada por la compra de insumos sanitarios que no cumplían con las especificaciones técnicas. El Ministerio de Salud rescindió los contratos de compra de insumos y equipos con las empresas Eurotec SA e Imedic SA, luego de las denuncias sobre vicios en el proceso de adjudicación y también por el incumplimiento de las empresas en cuanto a la provisión de los productos.
La Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid-19 (Cesc), creada por el Poder Ejecutivo, también identificó irregularidades en muchos otros procesos de licitación que fueron consecuentemente cancelados. Al mismo tiempo, trabajadores de la salud denunciaron la falta de equipos, la escasez de insumos de bioseguridad necesarios para operar, así como la ausencia de recomposiciones salariales por su exposición al riesgo.
