«La sentencia del asesino de Berta es histórica para Honduras»

Berta Zuñiga Cáceres, hija de la activista hondureña asesinada en 2016, reflexiona sobre la sentencia contra David Castillo, coautor intelectual del femicidio contra Berta y considera que es necesario profundizar sobre las responsabilidades de los autores intelectuales del asesinato. 

En el momento del asesinato de la ambientalista, David Castillo era el presidente de DESA, empresa que llevaba a cabo el proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca

El Tribunal hondureño de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal reprogramó para el 18 de mayo la lectura de la sentencia contra el hondureño David Castillo, por el asesinato el 2 de marzo de 2016 de la ambientalista Berta Cáceres. 

Castillo fue encontrado culpable como coautor del delito de asesinato en perjuicio de la dirigente social. El Ministerio Público ha pedido una condena de 25 años de prisión para Castillo, mientras que la defensa solicitó 20 años.

“Esta sentencia es histórica para Honduras, ya que es la primera vez que un ex militar y director de una empresa extractiva va a ser condenado. Lógicamente, la sentencia en estos plazos ya está completamente vencida, se están venciendo todos los plazos procesales estipulados. Eso genera una violación al acceso a la justicia a nosotros como víctimas”, expresa su hija, Berta Zuñiga Cáceres, en diálogo con ARGMEDIOS. 

La hija de la activista hondureña asesinada en 2016 sostiene que esperan una sentencia contundente contra David Castillo. “Estamos esperando que la sentencia esté muy bien escrita y argumentada para que pueda soportar el siguiente proceso que es las casaciones. Esperamos que recoja todas las pruebas presentadas y el papel que cumplió Castillos como enlace entre los autores materiales y los autores intelectuales”, sostiene. 

En el momento del asesinato de la ambientalista, David Castillo era el presidente de DESA, empresa que llevaba a cabo el proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca, además había sido ex militar de inteligencia entrenado en Estados Unidos.

“La sentencia tiene que recoger todos los elementos desde su rol de poder dentro de la empresa, los agravantes, algunos que no están contemplados dentro de la ley, pero que es un femicidio territorial y el conocimiento de tácticas militares de Castillos”, considera Cáceres. 

Berta Cáceres, que se oponía a la construcción de una represa en las tierras ancestrales de la comunidad lenca, fue asesinada el 2 de marzo de 2016. La activista hondureña defendía los valores y principios de las comunidades nativas contra la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque. 

Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígeneas de Honduras (COPINH) consideran que Castillo es solo un coautor material quien tiene iguales responsabilidades que los efectivos del operativo militar que ejecutó el asesinato. “El hecho que sea condenado como coautor significa que queda en deuda la autoría intelectual que ha sido una de nuestras principales demandas”, argumenta Cáceres. 

El asesinato de Berta Cáceres ya tiene varios condenados. En 2019, un tribunal hondureño condenó a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por el asesinato de la referenta y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro, quien era huésped de la ambientalista el día del crimen. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de prisión como coautores del asesinato. 

Berta Cáceres, un emblema latinoamericano  

Berta Cáceres no fue la primera ni la última activista asesinada en Honduras pero representa un caso emblemático. En 1993 fundó el COPINH y se convirtió en una referencia en las luchas territoriales. 

Desde el principio supo vincular los derechos territoriales con los derechos humanos, los derechos de las mujeres, el derecho a servicios básicos y a los recursos naturales. “Berta significa la expresión de lucha y de resistencia por los derechos de las comunidades indígenas y el resguardo de los territorios. Significa el compromiso de construir una democracia real y fortalecer los espacios de articulación de las organizaciones sociales”, explica la hija de la lideresa social. 

La lucha contra la represa de Agua Zarca representaba un proyecto emblemático porque tenía varios actores claves: financiamiento internacional, presencia de empresas de países como China, accionistas de la oligarquía del Estado Hondureño, entre otros. 

“En vida llegó a denunciar 51 proyectos de generación de energía en el territorio del pueblo Lenca, que a pesar a estas advertencias, se mantienen vigentes al igual que la concesión del río Gualcarque”, expresa. 

A pesar de la resistencia del pueblo Lenca y de lo que hoy significa Berta Cáceres en el mundo, el Estado hondureño no ha revertido las concesiones denunciadas por las comunidades indígenas.

Las elecciones de 2021 significan una esperanza para las comunidades indígenas y la lucha contra las represas hidroeléctricas.  “En el gobierno de Xiomara Castro vemos una esperanza, sabemos que hay una nueva configuración en el Congreso Nacional, que fue donde se dio las concesiones y quién tiene que derogarlas”, comenta Cáceres. 

Y agrega “por nuestra parte vamos a seguir empujando  para que los proyectos que fueron inconsultos y que violan los derechos de las comunidades indígenas y que produjeron el asesinato de muchos compañeros y compañeras, sean derogados”.