Lawfare, una política de Estado en la Jujuy de Morales

Varias organizaciones sociales de Jujuy sufrieron allanamientos por parte de la política y jueces allegados al gobernador norteño. La persecución política es moneda corriente desde que gobierna el radical, Gerardo Morales. 

Morales asumió la gobernación de Jujuy el 10 de diciembre de 2015 y al mediodía del día siguiente ingresó a la Legislatura jujeña el proyecto para ampliar el tribunal,

Esta semana, la Policía de Jujuy realizó allanamientos en domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones sociales en cumplimiento de una medida judicial, en una causa en la que se investigan los presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión. En total son 16 allanamientos en casas de dirigentes sociales y sedes de las organizaciones. 

Las órdenes de allanamiento fueron dictadas por el fiscal Diego Funes, quien decidió abrir una investigación de oficio, luego de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala y solicitaron por el cese de la persecución política en la provincia. 

Las medidas se concretaron desde las 8 de la mañana del miércoles en las sedes de las organizaciones, merenderos y en el domicilio particular de militantes sociales en las ciudades de San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá y Calilegua.

En los procedimientos llevados a cabo por la policía jujeña se secuestraron teléfonos celulares, elementos informáticos y documentación relacionada con los planes Potenciar Trabajo y Acompañamiento. 

Pero la política del Lawfare es moneda corriente en Jujuy desde que gobierna Gerardo Morales. El radical tuvo como primera medida de gobierno arrestar a Milagro Sala a como de lugar. 

Para cumplir con ese objetivo, amplió la Corte Suprema de Justicia de Jujuy de 5 a 9 miembros. Morales asumió la gobernación de Jujuy el 10 de diciembre de 2015 y al mediodía del día siguiente ingresó a la Legislatura jujeña el proyecto para ampliar el tribunal, sumado a uno que disponía la división del máximo tribunal provincial en cuatro salas. 

El Gobernador convocó a sesiones extraordinarias y el 14 de diciembre el proyecto tomó estado parlamentario. La ampliación del tribunal le permitió al flamante gobernador nombrar en sus primeros diez días de gobierno a cuatro de los nueve jueces del Superior Tribunal de Justicia

Los cuatro nuevos jueces fueron allegados al gobernador, entre ellos dos diputados de su mismo partido UCeReísta, Pablo Baca y Beatríz Altamirano, que votaron la ampliación para luego cruzar la calle y jurar como nuevos jueces de la Corte Suprema. 

Los otros dos jueces también responden a las órdenes del radicalismo juyeño: Federico Otaola, que en 2011 fue candidato a vicegobernador secundando a Maria Fiad en la fórmula de la UCR; y Clara De Langhe Falcone, que fue legisladora radical hasta 2010, año en que fue nombrada jueza del Superior Tribunal.

Con una Corte a medida y la designación de amigos/as en los tribunales, Morales pudo montar una matriz de armado de causas y uso político de la justicia, con el abuso de las prisiones preventivas y persecuciones políticas a medida. 

Pero la política del Lawfare es moneda corriente en Jujuy desde que gobierna Gerardo Morales.

El ejemplo más claro para graficar el lawfare de Morales es Milagro Sala. En los seis años que lleva presa ya atravesó seis juicios orales y públicos. Además, se le montaron un sin fin de causas judiciales como: “Causa de los huevos” (2009), “Causas por el acampe” (2016), “Causa de las bombachas” (2014), “Causa balacera de Azopardo” (2007), “Causa Pibes Villeros” (2016), Causa Luca Arias” (2006), “Causa por amenazas en el penal de Alto Comedero” (2017), “Megacausa” (2016), “Causa por sustracción de expediente” (2009), “Causa por lavado de activos” (2017) y “Causa Campo Verde” (2021).

Milagro es el rostro más conocido de la persecución de Gerardo Morales, pero existen otros perseguidos en la provincia de los Blaquier: Gladis Díaz, Mirtha Aizama, Mirta Rosa Guerrero, María Graciela López, Alberto “Beto” Cardozo, Javier Nieva, Ramón Martínez, entre otros. 

Desde la asunción de Morales, en Jujuy se vive bajo el armado de causas encadenadas; condenas carentes de sustento jurídico, con pruebas amañadas y testigos que declaran bajo extorsión del poder político o para recibir beneficios económicos; ocupación de las sedes y los emprendimientos creados por las organizaciones; destrucción de parques acuáticos, viviendas y centros comunitarios; violencia represiva contra los y las militantes; violencia simbólica sostenida desde empresas de comunicación para demonizar a los y las luchadores sociales, principalmente a los tupaqueros. 

Hace tan solo un año, se dio la detención de Copello, dirigente del Polo Obrero, y de Chorolque, dirigente del Movimiento Teresa Rodríguez-12 de abril. Nuevamente, fue el fiscal Diego Funes quien imputo a los militantes por “entorpecimiento de transportes y servicios” y “desobediencia a la autoridad“, luego de haber participado en las movilizaciones en reclamo de fondos para los comedores populares.

Sin embargo, toda el sistema judicial de persecución a Morales ya le quedó corto con su carrera presidencial o su intento por su segunda reelección. Por eso, Morales pretende vaciar el Superior Tribunal de Jujuy para armar uno nuevo, a su gusto y piacere. 

Desde la asunción de Morales, en Jujuy se vive bajo el armado de causas encadenadas;

En el Congreso jujeño ya ingresaron seis juicios políticos contra los magistrados del Superior Tribunal de Jujuy. Tres de estos seis jueces y juezas habían sido nombrados por el propio Morales: Clara de Langhe de Falcone (quien ya renunció); Beatriz Altamirano (renunció) y Federico Francisco Otaola. 

Sergio González, que era juez previo a la ampliación de la Corte dispuesta por Morales, también renunció a su puesto. Mientras que Laura Nilda Lamas González y José Manuel Del Campo aún no lo hicieron. 

El objetivo de los juicios políticos es forzar las renuncias de los magistrados. El pacto entre el titular del PJ Jujeño, Rubén Rivarola, y Morales pone en debilidad a cualquier juez que los quiera enfrentar. El costo sería alto y conocen el sufrimiento de Milagro Sala.

El presidente Alberto Fernández estuvo en Jujuy, visitando a Milagro Sala y cuestionó a la Corte Suprema, dando a entender la persecución a la dirigenta social más importante en la historia de Jujuy. 

«En un Estado de derecho la Justicia debe funcionar de un modo diferente a como yo siento que funciona en Jujuy”, aseguró Alberto. 

Tras las declaraciones de Alberto, varias organizaciones pidieron que se intervenga la justicia en Jujuy. Sin embargo, más allá de los gestos de Alberto, el Frente de Todos se encuentra frente a una encrucijada: bancar la libertad de Milagro Sala o sostener la relación política con Morales que divide a Juntos de cara al 2023.