Este domingo 1 de agosto se realizó una consulta popular en México para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. La pregunta fue: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Esta consulta fue la primera realizada en la historia del país y la participación de la ciudadanía alcanzó el 7.11% de los electores habilitados, es decir, 6.6 millones de mexicanos y mexicanas. El 97% de los votantes aprobaron la consulta frente a un 1.5% que rechazaron la propuesta.
Dicha consulta no será vinculante, ya que no se alcanzó una participación del 40% de inscriptos en la lista nominal de electores. La baja participación responde en parte al hecho de que el Instituto Nacional Electoral (INE) habilitó un tercio de los espacios disponibles para realizar la consulta. En total, se instalaron 57 mil mesas en 300 distritos electorales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que será posible que las autoridades correspondientes realicen juicios en contra de exfuncionarios y expresidentes.
Durante las últimas décadas surgieron múltiples denuncias por hechos de corrupción, violaciones graves a derechos humanos, presunto espionaje y traición a la patria en contra de diferentes expresidentes de México. Sin embargo, las investigaciones no lograron grandes avances. La medida implica repercusiones directas en la vida política, ya que logró impulsar el debate público acerca de la justicia transicional, el ejercicio del poder y la impunidad.
A su vez generó el apoyo de sectores diversos de la población. Es el caso de los legisladores de Morena, que proponen crear comisiones de verdad para que se investiguen los delitos cometidos por expresidentes independientemente del resultado de la consulta. Por su parte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llamó a toda la población a participar de la consulta.
La propuesta fue una iniciativa impulsada en agosto de 2020 por Ariadna Bahena, activista de Tierra Caliente, y Omar García, estudiante de Ayotzinapa que fue vocero de su escuela a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. Ambos lograron reunir 2 millones de firmas y contar con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que envió la solicitud al Congreso de la Unión para realizar la consulta.
Según establece la reforma política de 2014, hay tres caminos para promover una consulta popular: a través de solicitud del presidente de la República, con el apoyo de un tercio del Congreso o con el impulso del 2% de la población, como finalmente sucedió con las dos millones de firmas recolectadas.
Comisiones de la verdad
La consulta popular impulsada por el gobierno mexicano es considerada el primer paso en la instalación de comisiones de la verdad. Una de las principales debilidades de la iniciativa es el hecho de que la pregunta de origen es confusa. La redacción final derivó de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de octubre de 2020, cuando el máximo tribunal modificó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un artículo publicado el 12 de julio, la directora ejecutiva de la CMDPDH, Graciela Rodríguez Manzo, apuntó que la pregunta aprobada por la SCJN remite a la creación de una Comisión de la Verdad.
De acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), las comisiones de la verdad son organismos de carácter oficial y de vigencia limitada, establecidas con al menos tres objetivos: apuntar los hechos respecto de eventos violentos “que permanecen en disputa o son negados”; proteger, reconocer y empoderar a las víctimas y sobrevivientes; y proponer políticas y cambios institucionales con miras a una transformación política y social.
Dichas comisiones se establecen generalmente durante periodos de transición política, como el fin de un régimen autoritario o tras la conclusión de un conflicto armado. En América Latina, desde 1974 ya se instalaron 24 comisiones de la verdad.
La iniciativa sería el primer paso para dejar atrás el contexto de violencia y de impunidad que prevalece en el territorio mexicano con el fin de transitar hacia la construcción de paz y justicia. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió en distintas ocasiones como candidato, presidente electo y presidente constitucional a emprender acciones de búsqueda de verdad y justicia.
Democracia participativa
Si bien la consulta popular impulsada por el Ejecutivo no logró la participación necesaria, la iniciativa representa el ejercicio de democracia más robusto, profesional e incluyente de la historia del país.
Para el analista político Ernesto Nuñez, existen tres lecciones tras esta primera experiencia. En primera instancia, Nuñez apunta la necesidad de que el Congreso modifique el artículo 35 de la Constitución con el fin de que estas consultas populares puedan realizarse el mismo día de las elecciones, sean estas federales o locales. De esta manera, se podría aprovechar la logística desplegada por el INE y los institutos electorales estatales, lo cual a su vez garantizaría mayor participación.
En segundo lugar, el analista explica la necesidad de plantear preguntas más sencillas para evitar la distorsión de las campañas. En el caso de la consulta del 1 de agosto, la posibilidad de un juicio a los expresidentes, lejos de ser una consecuencia posible de la consulta, sirvió como propaganda de la iniciativa.
Por último, Nuñez apunta que, en caso que no se logre la reforma constitucional, es fundamental disponibilizar recursos para el Instituto Nacional Electoral para que las consultas populares sean celebradas. Esto es importante para que el organismo pueda instalar casillas en las más de 162 mil secciones electorales del país.
La consulta popular para indagar hechos del pasado abre una nueva oportunidad para retomar muchas de las indagatorias ya iniciadas por delitos que permanecen impunes en México.
Por Ana Dagorret y Julián Inzaugarat
