El 7 de noviembre unos 4,4 millones de nicaragüenses están convocados a elegir al presidente y vicepresidente del país, renovar 90 escaños en la Asamblea Nacional y otros 20 en el Parlamento Centroamericano.
Daniel Ortega busca la reelección como presidente de Nicaragua y cinco candidatos le disputarán la jefatura de Estado: Walter Espinoza (Partido Liberal Constitucionalista), Guillermo Osorno (Camino Cristiano Nicaragüense), Marcelo Montiel (Alianza Liberal Nicaragüense), Gerson Gutiérrez Gasparín (Alianza por la República) y Mauricio Orúe (Alianza Liberal Nicaragüense).
Estas elecciones tienen características especiales: se desarrollan bajo un ataque directo contra el gobierno de Daniel Ortega tras la victoria de 2007 y luego del intento de golpe de Estado de 2018. Además, una parte significativa de los electores votará por primera vez.
Según los datos oficiales del Consejo Supremo Electoral (CSE) el 49,4% de los votantes tienen entre 16 y 35 años, de los cuales el 9,2% irá a las urnas por primera vez. Se trata de más de 2,1 millones de potenciales votantes que no han vivido la guerra y la insurrección contra la dictadura de la familia Somoza, ni los diez años de gobierno revolucionario (1979-1989) ni tampoco la era neoliberal.
Financiamiento externo y detenciones
En los días previos, las elecciones se viven con tranquilidad tras la exposición internacional provocada por la detención de siete aspirantes que fueron acusados de traición a la patria. Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre fueron detenidos y se considerabaan candidatos a la presidencia, aunque en los papeles electorales aún no se había inscriptos.
A todos ellos se les imputa el cargo de “traición a la patria”. Son acusados de conspirar al servicio de Estados Unidos y de apoyar las sanciones de la Casa Blanca contra Nicaragua. Además, el gobierno de Ortega sostiene que en uno de los casos se encontraron fuertes indicios de lavado de dinero, una sospecha vinculada a las operaciones financieras de la Fundación Violeta Barrios de Cristiana Chamorro (FVBCH), con dinero proveniente de agencias internacionales como la USAID, NED, Fundación Soros, y también agencias europeas como OXFAM.
Entre 2014 y 2017, el Fondo Nacional para la Democracia destinó 55 subvenciones por un total de 4,2 millones de dólares otorgados a organizaciones para proporcionar una estrategia coordinada y una voz en los medios de comunicación para los grupos de oposición en Nicaragua. Otros documentos confirman que la CIA canalizó abiertamente 16,7 millones de dólares entre febrero de 2017 y julio de 2018 a través de la FVBCH.
“A nivel internacional se pinta un ambiente de caos pero es una manipulación de la realidad”, asegura Erika Takeo de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua (ATC). “Ha salido a la luz una serie de noticias falsas como que en Nicaragua no vivimos en paz, que hay una dictadura, que existió una serie de candidatos de la oposición. Lo que manifiestan los medios internacionales es que el Frente Sandinista ha encarcelado a sus opositores sin embargo eso es totalmente falso”.
Las protestas de 2018
Durante el año 2018 Nicaragua vivió una serie de movilizaciones de estudiantes y organizaciones sociales financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). A las protestas se sumaron secoteres y ifguras feministas, indígenas y ex aliados sandinistas que pusieron en jaque al gobierno de Ortega durante cuatro meses.
“Con el intento de golpe de Estado, ingresaron millones de dólares del gobierno norteamericano a través de diferentes mecanismos de la CIA para financiar ese golpe”
“Lo que sucedió es que en 2018, con el intento de golpe de Estado, ingresaron millones de dólares del gobierno norteamericano a través de diferentes mecanismos de la CIA para financiar ese golpe. Muchos de las instituciones utilizadas para ingresar esos dólares fueron ONG, fundaciones, para el desarrollo de los jóvenes. Hoy en día, la gente que está en prisión es por lavado de dinero, nunca fueron candidatos presidenciales y la mayoría nunca perteneció a un partido político” argumenta Takeo.
La heterogeneidad de las movilizaciones fue un escenario ideal para que grupos financiados por la Fundación Nacional para la Democracia intenten un golpe de Estado. Sería una simplificación excesiva argumentar que las protestas en sí mismas fueron simplemente fabricadas por Estados Unidos: muchos de los reclamos son reales y gran parte de las protestas fueron legítimas, incluyendo a disidentes sandinistas.
Ante esa situación, la referente de la ATC sostiene que “ellos representan a un sector de la oposición pero que nunca han respetado las leyes democráticas. Sin embargo, sí hay otro grupo de la oposición que respeta la democracia y se está presentando a elecciones. Ellos están representados en los partidos políticos que están haciendo campaña tranquilamente y con respeto”.
Nicaragua en el ojo de las potencias internacionales
Desde las protestas de 2018, Nicaragua ha sufrido agresiones y sanciones por parte de Estados Unidos y sus aliados que siguen una hoja de ruta con el objetivo de lograr un cambio de gobierno, bajo la misma receta utilizada contra Venezuela.
En los últimos días, el Congreso de Estados Unidos profundizó esas medidas al aprobar la “Ley Renacer”, que endurece las sanciones contra los funcionarios del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y solicita al presidente estadounidense, Joe Biden, revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).
“Es un ataque importante porque es una alianza importante para el país, donde tiene muchos ingresos por allí. Además permite la aplicación de ciertas sanciones particulares a representantes del gobierno o personalidades importantes sandinistas. Eso lo justifican frente a la falta de elecciones transparentes y libres, situación que es totalmente falsa”, indica Erika Takeo.
Asimismo, a solo cuatro días de las elecciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) emitieron un documento que condena “la falta de garantías a derechos y libertades en el contexto del proceso electoral”.
Para ambos organismos “resulta imperioso restablecerlas y eliminar los obstáculos a la plena participación de todas las personas en el proceso electoral, de acuerdo con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”. En tanto que el representante alterno de Nicaragua ante la OEA, Michael Campbell Hooker, rechazó el informe de la CIDH y lo calificó como “un guión malvado, manipulador y notoriamente sesgado”.
La encargada de la comunicación de la ATC de Nicaragua resaltó la necesidad de que se respete la soberanía nicaragüense. “Este pueblo ha luchado por construir un modelo de país, alternativo al capitalismo salvaje. El pueblo de Nicaragua es un país que vive en paz, que quiere vivir tranquilo y que tiene un gobierno que lo respalda. Acá hay un respaldo muy grande para Ortega, la gente lo quiere mucho, y por más que a nivel internacional lo pinten de dictador eso no es así”, sostuvo.
El día después de las elecciones
El país caribeño vive desde hace décadas una fuerte polarización de su sociedad. Es atravesada por un profundo odio surgido de las dictaduras de Somoza, la revolución sandinista, los años de neoliberalismo salvaje y la vuelta al gobierno por las vías democráticas del Frente Sandinista.
Esa polarización está marcada por dos modelos de país completamente diferentes y en los que Estados Unidos juega un rol muy claro. Como sucedió en Venezuela y en Bolivia, las elecciones se transforman en un momento ideal para las especulaciones.
Aún así, las encuestas de los últimos meses no ofrecen ninguna posibilidad de interpretación: el resultado es otra victoria del Frente Sandinista. Lo que sí abre una posibilidad de discusión y de tensión es el porcentaje de participación. Allí estará el mayor desafío para el sandinismo y la posibilidad de maniobras para la oposición no democrática. El abstencionismo marcará el termómetro de las críticas internacionales y la fuerza de la victoria sandinista.
