La propuesta de un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales, impulsada tras la última reunión del G7, contó con el apoyo de 130 países de los 139 que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La iniciativa consiste en aplicar una tasa mínima efectiva del 15% a las empresas multinacionales, lo cual permitiría recaudar globalmente cerca de 275 mil millones de dólares anuales adicionales.
La medida es una respuesta a las técnicas de erosión de la base imponible, mecanismo utilizado por las grandes multinacionales para trasladar sus beneficios desde los países donde ocurre la actividad económica a países de baja o nula tributación.
Según estimaciones basadas en los reportes país por país, promovido por la iniciativa BEPS (en español, erosión de la base imponible y traslado de beneficio) de la OCDE, se calcula que los países perdieron una recaudación de entre 200 y 300 mil millones de dólares debido a este mecanismo de evasión fiscal.
¿Quién se lleva la porción más grande de la torta?
El mecanismo de distribución de los recursos que serán recaudados beneficiaría fuertemente a los países más ricos, donde las multinacionales tienen sede.
Un estudio de la CELAG estima que la recuperación de los recursos recaudados se asignaría en un 61% a los países del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos), y quien se llevaría la mayor parte es Estados Unidos con 31%, mientras que un 12% iría a China. América Latina recibiría apenas el 3% de los recursos adicionales, que se traduce en 8,7 mil millones de dólares.
La propuesta fija una alícuota del 15% —siendo más baja que la establecida en los países ricos—, y se acota a las 100 empresas más grandes y rentables. La tasa promedio del impuesto a corporaciones es del 23,7% en los países de la OCDE y del 27% en América Latina. De hecho, la actual administración estadounidense anunció un incremento del impuesto a las sociedades del 21% al 28% para financiar el plan de inversión de 2 billones de dólares anunciado a finales de marzo de 2021.
Argentina también considera que la tasa mínima corporativa del 15% es muy baja. En cambio, plantea una tasa máxima del 25%.
El Tax Justice Network (TJN) propone una Tasa de Impuesto Mínima Efectiva (METR) con un esquema de distribución que privilegie a los países donde ocurre la actividad económica, la medida por las ventas y la ubicación de capital físico.
Según el informe de la CELAG, si se siguiera un criterio de reparto como el propuesto por la TJN —manteniendo una tasa recomendada del 25%—, las guaridas fiscales, por no tener actividad económica real de las empresas, perderían el 100% de su recaudación. También impactaría sobre dos países del G7: Estados Unidos y Reino Unido, que perderían el 23% y el 15% de los recursos respectivamente. Por otro lado, siete países europeos perderían hasta el 10% de los recursos al modificar el mecanismo de distribución, entre ellos Suiza y Francia.
En contraposición, 67 países ganarían más de un 10% si se pasara a un mecanismo en el que recauden los países donde ocurre la actividad económica. En el caso de América Latina, con este mecanismo y la tasa del 25%, se recaudarían anualmente 42,5 millones de dólares adicionales, aumentando, en promedio, un 20,8% la recaudación de impuestos a empresas.
Críticas a las lagunas del acuerdo
A pesar de que se trata de una iniciativa interesante ante un panorama de globalización de las economías, lo cual ha perjudicado especialmente a los países más pobres, la propuesta tiene limitaciones importantes.
Según advierte Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam internacional, “este acuerdo no es más que una apropiación de dinero por parte del G7, donde los países ricos están obligando a los países en desarrollo a elegir entre un trato injusto o la ausencia de trato”.
Bucher apunta que lejos de tratarse de un acuerdo histórico se trata de una iniciativa a la cual califica de colonialismo económico: “Aquellos que amañaron descaradamente el sistema fiscal mundial en su beneficio hace más de un siglo, han vuelto a acotar el juego para ellos”.
Por otro lado, las lagunas legales del acuerdo anunciado podrían dejar afuera a empresas de la industria financiera, los mayores beneficiados de la especulación a nivel internacional, así como a Amazon, uno de los gigantes de las multinacionales.
Tal como está diseñado el acuerdo, dicho impuesto implicaría a una transferencia masiva de recursos desde los países donde se genera el valor, generalmente aquellos donde existen mayores índices de pobreza, hacia los países más ricos, sede de las multinacionales, empeorando aún más las inequidades existentes.
Para la CELAG, la alícuota debería ser más cercana a las tasas legales de los países que no tienen regímenes de baja tributación. “Si el impuesto global aplicara una tasa del 25% —manteniendo el mecanismo de redistribución planeado originalmente por la OCDE—, entonces lo recaudado sería casi del triple”.
El proyecto de un impuesto global a las multinacionales es crucial para que las empresas declaren sus ganancias y para disminuir la posibilidad de evasión y debilitar los paraísos fiscales. Sin embargo, para que el proyecto sea beneficioso y combata las desigualdades estructurales del sistema, se debe incluir en la discusión a los países en vía de desarrollo y no solo al selecto grupo del G7.
Por Ana Dagorret y Julián Inzaugarat
