En medio de una crisis humanitaria y política sin precedentes, organizaciones sociales, partidos políticos y defensores de derechos humanos de América Latina y el Caribe han presentado cartas en embajadas francesas exigiendo reparaciones históricas. La demanda no solo busca justicia económica, sino también el reconocimiento de un crimen colonial que ha dejado a Haití en una situación de extrema vulnerabilidad.
La crisis actual: un genocidio silencioso
La situación en Haití es desgarradora. La capital, Puerto Príncipe, está controlada en un 85% por bandas armadas que imponen toques de queda, extorsionan a la población y obligan a miles de familias a huir de sus hogares. En la región metropolitana, una de cada tres personas se encuentra desplazada, hacinada en campamentos improvisados donde la falta de agua, salud y electricidad agrava el sufrimiento. Las autoridades han tenido que trasladar instituciones a zonas menos conflictivas, mientras la violencia paraliza cualquier intento de estabilidad.
A esto se suma la política xenófoba de República Dominicana, que en los últimos seis meses ha deportado a más de 180.000 haitianos en situación irregular, ignorando los llamados de organismos internacionales. Las expulsiones, impulsadas por un gobierno que ha sido acusado de alimentar el racismo estructural, han dejado a miles de personas en un limbo de desprotección. Mientras tanto, la construcción de un muro fronterizo profundiza la segregación.
La deuda que estranguló a un pueblo
El llamado “rescate” de 1825 —impuesto tras la Revolución Haitiana, que en 1804 abolió la esclavitud y derrotó al colonialismo— obligó al país a endeudarse con bancos europeos y estadounidenses. Durante más de un siglo, Haití destinó hasta el 80% de sus ingresos a pagar esta deuda, paralizando su desarrollo y condenando a generaciones a la miseria.
“Las verdaderas víctimas de este odioso rescate fueron los campesinos haitianos”, afirma Camille Chalmers, economista y representante de la Asamblea de los Pueblos del Caribe (APC). “Son ellos, junto con todo el pueblo haitiano, quienes han soportado el peso aplastante de esta deuda y quienes ahora deben ser los únicos que decidan cómo se utilizarán los fondos devueltos”.
Chalmers advierte contra cualquier intento de Francia de imponer condiciones: “Es necesaria una vigilancia extrema para evitar que Francia recupere, bajo otras formas, el dinero que se ha comprometido a devolver. La soberanía popular debe ser absoluta en este proceso”.
Un llamado urgente a la solidaridad
La crisis haitiana no es solo responsabilidad de Francia. Estados Unidos y otras potencias sostuvieron un sistema neocolonial que ahogó al país en deudas e intervenciones. Hoy, mientras la Misión Multinacional de Seguridad (MSS) —liderada por Kenia— intenta contener la violencia, muchos cuestionan si será suficiente sin justicia económica.
“Al exigir reparaciones, no solo exigimos el pago de una deuda ilegítima, sino el reconocimiento de un crimen histórico”, señala Chalmers. La lucha de Haití es también la lucha de todos los pueblos que han sufrido la explotación colonial. Doscientos años después, es hora de que Francia devuelva lo que robó. Haití ya no puede soportar el peso de una libertad que conquistó para sí mismo y para toda la humanidad.
