Las protestas que vienen desarrollándose desde que el 7 de diciembre del año pasado, cuando fue destituido Pedro Casillo, están haciendo tambalear el sistema político peruano. Al asumir, Boluarte prometió que terminaría su mandato, pero con el correr de los días y cercada por las manifestaciones en su contra, y posible adelantamiento de las elecciones para este año, hicieron cambiar su posición.
En una declaración del domingo por la noche instó al congreso a debatir la necesidad de adelantar las elecciones como única forma de descomprimir el conflicto y terminar con las protestas, las cuales llevan más de un mes y que se ha generalizado por todo el país.
“Voten por el Perú a favor del país adelantando las elecciones a 2023 y digamos al Perú entero con la más alta responsabilidad que nos vamos todos”, dijo. Además, anunció que de no prosperar el consenso en el Congreso para el adelanto de elecciones, el Poder Ejecutivo presentará dos iniciativas legislativas de reforma constitucional para que se concreten los comicios generales este año.
Mientras tanto, el parlamento se reunió el lunes 30 de enero para debatir esta iniciativa de adelantar las elecciones para octubre de este año, pero no logró los consensos entre las fuerzas políticas, convocando un cuarto intermedio para el día martes donde volvió a postergar la posibilidad de adelantar las elecciones.
Un cambio rotundo en la actual constitución, es otra de las demandas populares que levantan los manifestantes para dejar atrás la constitución heredada del fujimorismo, de claro corte neoliberal.
De acuerdo con la legislación peruana, el adelantamiento de elecciones, que implica una reforma de la Constitución, debe ser aprobada por dos legislaturas anuales consecutivas y este martes vence el plazo de la primera. El próximo ciclo legislativo comenzará el 15 de febrero.
De modo que si no fuera aprobada en los próximos días, la decisión quedaría postergada al menos por un año y sería imposible celebrar los comicios este año, como demandan los manifestantes y gran parte de la opinión pública.
A todo esto la fiscalía continúa la investigación sobre Dina Boluarte y su responsabilidad en las muertes que dejó la represión desatada por su gobierno durante las protestas. La presidenta encargada y otros funcionarios de su gobierno están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las protestas que ocurrieron entre diciembre y enero en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Las protestas no cesan y jaquean al gobierno
Mientras en el Congreso no logran generar acuerdos para adelantar las elecciones, las manifestaciones se mantienen en pie. El martes se convocó una gran movilización para exigir la renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte, la celebración de elecciones anticipadas y la disolución del Congreso.
Los convocantes fueron la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP) y la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP) precisaron que la convocatoria para el 31 de enero es similar a la del día 19, cuando marcharon en Lima delegaciones de diversas regiones del país que mantienen sus protestas desde el 4 de enero.
En un comunicado de la ANT se expresó quienes exigieron que se escuche la voz del pueblo y sus demandas, además de que cesen con la represión como respuesta permanente. “Han transcurrido casi dos meses de lucha tenaz, con la valentía de los pueblos de las regiones del sur; con la sangre derramada de 60 peruanos y peruanas y miles de heridos y detenidos”, expresó el texto.
Como también expresaron que un nuevo gobierno de transición deberá garantizar la celebración de elecciones en el 2023 y la convocatoria de un referendo sobre la pertinencia de una asamblea constituyente.
No solo se registraron movilizaciones en la capital, sino también otras regiones del país como viene sucediendo desde el inicio de las protestas el 7 de diciembre. No caben dudas que la situación del Perú sigue siendo crítica e impredecible.
